La Comisión de Derechos Humanos y Garantías, que preside el diputado del Frente de Todos, Hugo Yasky, recibió a invitados para analizar proyectos de distintas fuerzas políticas que incorporan como causal -en la ley antidiscriminatoria-el antisemitismo; la Creación del Observatorio para la Convivencia Democrática, modificación del artículo 213 del Código Penal de la Nación, sobre sanción para actitudes negacionistas y/o apologistas de genocidio y crímenes de lesa humanidad; y la regulación del Empleo público y la función Pública con modificaciones sobre erradicación de discursos de odio.

En principio, Daniel Eduardo Feierstein, sociólogo e investigador principal del CONICET con larga trayectoria de estudios sobre genocidio, se centró en la gravedad que implica el avance de las políticas negacionistas y las herramientas para enfrentarlos. “Son desafíos a la memoria colectiva”, dijo. “La sociedad Argentina tuvo la riqueza de poder confrontar esos peligros a partir del trabajo de infinidad de organizaciones- entre los que se destacan las de DDHH- en acorralar estas visiones”.

“El primer problema es de carácter más doctrinario. En términos de recurrir a la penalización para un debate que es eminentemente político -más allá de la importancia y gravedad que tiene- es asignarle al derecho penal una función para la que no fue creado”. “Es rico analizar nuestros 40 años del fin de la dictadura y porqué fue posible enfrentar estas lógicas políticamente”, expresó y reiteró que se trata de una discusión que se “resuelve de modo político, de abajo hacia arriba, en la disputa por la transmisión social y la construcción de verdades colectivas”.

En tanto, la abogada Valeria Thus, manifestó que es un “tema muy importante revisar las estrategias legales frente a los negacionismos. Pensar si la herramienta penal es la herramienta posible o no legitima y deseable”, dijo
Luego de comentar discursos negacionistas en la esfera pública, la abogada explicó que “pensar políticas públicas contra el negacionismo es la madre de las batallas”. ”Esa discursividad social sobre el cual diseñar políticas públicas que es, en este caso, abordar la criminalización”.

“Al negar la experiencia genocida, la violencia política de la historia se busca generar condiciones de repetición, volver a valorar ideas, representaciones y prácticas de exterminio esa es la gravedad del discurso negacionista. Con el tiempo esa construcción discursiva determina que es lo exterminable lo naturaliza, lo sedimenta y habilita nuevas violencias. La intervención legal es necesario pensarla en clave de libertad de expresión y derechos humanos”, aseguró.

Por su lado, Pablo Llonto periodista, escritor y abogado, sostuvo que como abogado en causas de delitos de lesa humanidad desde “hace 40 años escucho la voz de los 360 familiares de a quienes represento, todos piden una ley que castigue los discursos negacionistas y yo no estoy de acuerdo”. “Este despertar de estos discursos negacionistas ha generado otro despertar que es el despertar de quienes solicitan urgentemente ponerle freno”, aseveró.
“Los discursos negacionistas existieron siempre y tuvieron olas intensas. Esta será otra nueva ola intensa a partir de dos candidatos, dos representantes de un partido político que han tomado desde hace un tiempo ese discurso y copan escenarios de primera línea de ese ataque y esa negación”, añadió.

Para Llonto “ya tenemos las herramientas” como los juicios con “300 sentencias condenatorias a los genocidas uno de los logros más fuerte de nuestra sociedad”, la educación, y el trabajo militante en derechos humanos. “En Argentina le venimos ganando al negacionismo en un partido que no terminó y va a ser largo. Para ganarle fue necesario construir las herramientas y las tenemos y tienen que ser reforzadas porque no resolvemos problemas del negacionismo con el engorde del código penal, estamos en contra de que el código penal engorde frente a las presiones de los grupos de derecha y ultra derecha en la humanidad”, puntualizó.

En el inicio de la reunión analizaron el proyecto impulsado por la diputada Mariana Stilman (Coalición Cívica) para incorporar el antisemitismo en la Ley 23.592, “Esta ley fue de avanzada pero vivimos dos atentados a posteriori y han insistido conductas discriminatorias y antisemitas. En el contexto internacional me pareció oportuno traer este proyecto porque tenemos una ola de odio hacia la comunidad judía”, expresó.

Finalmente, fue tratada una iniciativa impulsada por la diputada Blanca Osuna (FdT) para la regulación del empleo público sobre la erradicación del negacionismo, discursos de odio y fortalecimiento de los valores democráticos en la función pública.