En primer lugar, Gonzalo Iparraguirre, antropólogo, especialista en tiempo e investigador del laboratorio interdisciplinario del tiempo y la experiencia de la Universidad de San Andrés, brindó el marco de las políticas del tiempo de las jornadas laborales. “El mundo cambió muchísimo, pero nosotros nos estamos regulando con una ley totalmente anacrónica, que no corresponde a la etapa que estamos viviendo”, señaló.

Martín Juárez Ferrer, director del Instituto de Derecho Privado, Universidad Siglo 21, consideró que “no debe modificarse el régimen de jornada laboral”, salvo lo que concierne al contrato de trabajo a tiempo parcial, ya que “no hay evidencia científica clara que demuestre un claro aumento de la productividad como correlato causal de la reducción de la jornada de trabajo”, manifestó. “Deben desecharse los proyectos que reducen la jornada salarial sin reducción de coste salarial, porque es incierto su beneficio y muy certero su costo”, remarcó.

La jefa de investigaciones del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA), Virginia Giordano, aseveró que “este tipo de ley no va a tener mucho efecto, incluso puede traer dolores de cabeza a las empresas”, al tiempo que aclaró que “la tendencia es trabajar menos”, pero “las políticas públicas deberían acompañar ese proceso”. “La forma de aumentar el empleo de calidad y salarios, es subir la productividad de la economía y no vía una ley que reduzca la duración de la jornada”, puntualizó.

Julián Marchisotti, de la Asociación de Abogados de Buenos Aires, celebró los proyectos que “buscan una reducción en la jornada, hay que mirarlo desde un punto de vista social y humano”. “El trabajador estaría menos fatigado y habría menos siniestralidades. Hay que buscar mejoras en la calidad de vida”, sostuvo.

Luego, Gastón Valente, de la Asociación de Abogados Laboralistas Platenses, afirmó que “esto va a abrir una puerta que más que evitar la litigiosidad, va a generar una fuerte litigiosidad que no va a beneficiar a ninguna de las partes”. “El mundo avanza y nuestro país ha quedado bastante obsoleto, incluso en la región, con la regulación de jornada máxima que tenemos”, afianzó al tiempo que subrayó que “no es cierto que esto tenga una gran carga económica en el sector empleador”.

Analía García, del Instituto de Derecho del Trabajo del Colegio de Abogados de La Matanza, expresó que “es necesario modernizar el régimen de jornada laboral, porque no se puede pretender sostener una carga horaria igual a aquella prevista hace casi cien años. Pero esta modernización debe realizarse dentro de un marco constitucional y respetando los convenios de la OIT suscriptos”. En tanto, Sergio Arce, del Instituto de Derecho del Trabajo del Colegio de Abogados de Morón, ratificó que “la reducción de la jornada laboral es una deuda que se tiene con la clase trabajadora”.

También expusieron Verónica Vidal, del Grupo de Estudios de Derecho Social (GEDS); Carlos Ullua, de la Asociación de Ex Becarios de Bologna; Pablo Ignacio Mosca, abogado laboralista; María Agustina Chaves, delegada de la Asociación Gremial de Trabajadores de Subte y Premetro; Alelí Prevignano, del Foro de Abogados de Organizaciones Sindicales; Viviana Mabel Dobarro, de la Cátedra del Derecho del Trabajo de la UBA; Natalia Salvo, de la Asociación Civil Corriente de Abogados Laboralistas 7 de Julio; César Arese, del Círculo de Abogados y Abogadas Laboralistas; Jorge Samouelian, de la Cámara Argentina Armenia para la Industria y FEBA; y Sonia Escuder, presidenta del Departamento de Legislación UIPBA.