La Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados, que preside Daniel Arroyo (UxP), realizó una reunión informativa con asociaciones vinculadas a la promoción y protección de los derechos de las personas con discapacidad.
En primer lugar, Romina Núñez, directora de Inclusión para las personas con discapacidad de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), manifestó la “voluntad absoluta de escucha e intercambio, para generar una reciprocidad de los saberes técnicos y una articulación efectiva entre la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados y la ANDIS”. “Los proyectos contribuirán a la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad”, remarcó. 
Fabián Villodas, de la Federación de Hogares de Cristo, explicó que reciben a “personas que padecen enfermedades mentales, discapacitados intelectuales y abuelos con demencia”. “Son los más rotos de los rotos, no por las enfermedades que padecen, sino por la pobreza”, explicó. 
Gabriela Verónica de Pablo, de la Fundación ´Lautaro te necesita´, contó que su Fundación hace once años trabaja para la comunidad y ayuda a familias que tengan hijos con leucodistrofia. “Tenemos un registro nacional y latinoamericano de pacientes, hemos detectado donde están los especialistas adecuados para tratar la enfermedad a tiempo, lugares donde los niños puedan ser llevados y financiamos estudios para las familias que no tienen recursos. Esto salva vidas”, contó. 
Gabriela Troiano, de Red por los Derechos de las personas con discapacidad (REDI), se refirió al programa Incluir Salud, entre otras políticas públicas que afectan al sector. “Todos sabemos que ha disminuido en la entrega de medicamentos, aludiendo directamente a un quiebre en la dignidad inherente al ser humano: el acceso a la salud”, manifestó. Además, defendió el sistema de pensiones por invalidez y el cupo laboral para personas con discapacidad: “El 80% de las personas con discapacidad no acceden a un trabajo digno”. 
Entre otros expositores, Patricia Robledo, de Cáritas Argentina, compartió la experiencia del programa de inclusión educativa, con más de 300 centros en barrios vulnerables. “Seguimos teniendo una deuda como país: el acceso a la información en esta temática, el acceso a poder tener un diagnostico a tiempo y tener un profesional o una terapia que pueda realmente cambiar la calidad de vida y realmente incluir e integrar a las personas con discapacidad”, explicó.