En una sociedad pluralista y democrática cuyos ciudadanos tienen múltiples intereses y distintas concepciones de vida –que involucran convicciones morales y religiosas con frecuencia contrapuestas–, una manera de lograr una convivencia razonablemente pacífica es a través de un consenso social básico respecto de los procedimientos para organizar la vida en común. Por lo general, este consenso se cristaliza en un orden jurídico dinámico que reconoce una Constitución como su marco regulatorio superior pero que incluso ésta contiene también las normas para su propia transformación.

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