Citar al Secretario Nacional de Trabajo, Lucas Fernández Aparicio a la comisión de Legislación del Trabajo en los términos del artículo 71 de la Constitución Nacional Constitución Nacional y 204 del Reglamento interno de esta Honorable Cámara, para que informe acerca de las medidas implementadas a fin de resolver el conflicto colectivo originado en los despidos injustificados y arbitrarios en la planta de impresión perteneciente al diario La Nación así como también, las medidas dispuestas para resolver la totalidad de los conflictos colectivos, originados por despidos, suspensiones y vacaciones prolongadas en virtud de la crisis económica y social que atraviesa nuestro país.

Señor presidente:

El día domingo 27/1 del corriente año se produjeron 70 despidos en la planta de impresión perteneciente a la Sociedad Anónima La Nación (en adelante La Nación), propietaria del diario La Nación.

La medida fue tomada por La Nación de manera arbitraria, unilateral e intempestiva, sin haberse notificado a los trabajadores.

Esta situación fue planteada en una reunión mantenida en esta Honorable Cámara con representantes de las trabajadoras y trabajadores nucleados en la Federación Gráfica Bonaerense, en una comitiva encabezada por su titular Héctor Amichetti.

La semana previa a los despidos arriba mencionados, los representantes de la empresa solicitaron entablar negociaciones con los dirigentes sindicales de la planta a fin de llegar a un acuerdo respecto de un nuevo esquema de producción, ya que, según manifestaron los representantes de La Nación, les resultaba muy dificultoso el esquema vigente. Ante dicho planteo, los dirigentes sindicales aceptaron entablar negociaciones en los términos del convenio colectivo de trabajo, toda vez que no se vieran afectados los puestos de trabajo del personal de la planta.

Frente a esto se estableció de común acuerdo un plazo para que la empresa evaluara la contrapropuesta realizada por los dirigentes sindicales de la Federación Gráfica Bonaerense. Lo cierto es que nunca hubo respuesta. La planta amaneció el día lunes 28/1 sitiada por fuerzas de seguridad, cuyos efectivos, planilla en mano y acompañados de un escribano, notificaban a los trabajadores y trabajadoras su situación laboral, esto es, si continuaban trabajando o se encontraban despedidos, proporcionando los datos de un estudio contable para buscar la liquidación correspondiente en caso de los despedidos.

Luego de ello se realizó una reunión en la Secretaría de Trabajo a cargo de Lucas Fernández Aparicio a la que no asistieron los representantes de la empresa. Asimismo, no se puede soslayar y resulta incomprensible la falta de actuaciones por parte de la Secretaría de Trabajo dada la magnitud de los despidos, en cuanto a su incidencia social y económica, no llamó a conciliación obligatoria, ni tampoco intimó a las autoridades de La Nación por haber incumplido con la obligación de presentar un plan preventivo de crisis, así como tampoco sancionó a la empresa por haber desconocido lo dispuesto en los artículos 6 a 8 del decreto 1043/2018, que obliga a la empresa a comunicar al Ministerio de Producción y Trabajo previamente a los despidos sin causa.

A través del presente proyecto, se solicita al Poder Ejecutivo que informe cuáles serán las medidas que tiene previstas a fin de resolver el conflicto colectivo que afecta de manera directa a más de 100 familias (si se toman en cuenta los 30 despidos previos) por la responsabilidad unívoca de La Nación y la inacción del Poder Ejecutivo.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares diputados y diputadas de la Nación, el acompañamiento del presente proyecto.