Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional para expresar su preocupación por la creciente militarización de la región y el incremento de la retórica belicista que se propaga entre algunos gobiernos de América Latina, generando un inestable clima de tensión y desconfianza política y diplomática. Por ello, a efectos de promover la paz, la seguridad y la integración en América Latina y el Caribe:

• Exhortamos al gobierno nacional que se abstenga de adoptar cualquier decisión política, diplomática, económica y/o militar que pueda significar una intervención en los asuntos internos de otros países, en especial de nuestra región, respetando los principios de soberanía política, integridad territorial y autodeterminación de los pueblos.

• Manifestamos el rechazo por las posiciones adoptadas por el gobierno de la República Argentina en el llamado Grupo de Lima, en relación con la situación en la República Bolivariana de Venezuela, que vulnera sistemáticamente el principio de no intervención en asuntos internos de otros países y propicia el aislamiento político de otros Estados soberanos generando tensiones económicas y sociales.

• Declaramos nuestra preocupación por la inacción de la UNASUR bajo la Presidencia Pro Tempore de la República Argentina, que ejerce el Presidente de la Nación, Mauricio Macri, en particular, por la renuncia a su rol institucional como promotor de los procesos de paz en la región.

• Apoyamos los procesos de pacificación e integración regional mediante el respeto irrestricto al sistema democrático, la soberanía política y los derechos humanos. Cooperar activamente en el mantenimiento de la región libre de conflictos militares rechazando, sin excepciones, el establecimiento de agencias y/u organismos de seguridad y/o militares extra regionales.

• Alentamos el fortalecimiento de la paz y la seguridad internacional profundizando la construcción de un sistema de defensa regional que, respetando el orden democrático, los derechos humanos, la soberanía territorial y la no injerencia en asuntos internos de otros Estados, ayude a consolidar un proceso de integración regional autónomo al servicio de la paz, el desarrollo, el adelanto tecnológico e industrial y el bienestar de los pueblos.

• Ratificamos el irrestricto cumplimiento de los siguientes compromisos internacionales: los Principios y Propósitos de la Carta de las Naciones Unidas; la Carta de la Organización de los Estados Americanos; el Tratado de Tlatelolco de proscripción de Armas Nucleares en América Latina y el Caribe; con la Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz de la II Cumbre de la CELAC; con lo establecido en la Resolución ONU 4/11 sobre la declaración de Zona de Paz y cooperación del Atlántico Sur; con la declaración Política del MERCOSUR, Bolivia y Chile como Zona de Paz; con las negociaciones sobre un protocolo de Paz, Seguridad y Cooperación en el Grupo de Trabajo del Consejo de Defensa Suramericano y en cumplimiento del Tratado Constitutivo de UNASUR y de las decisiones de las Jefas y Jefes de Estado de UNASUR en la que se declara a Suramérica como Zona de Paz y Cooperación ( San Carlos de Bariloche, República Argentina, 28 de agosto de 2009, Guayaquil, Ecuador, 27 de julio de 2002 y Lima, Perú, 30 de noviembre de 2012).

Señor presidente:

Observamos con profunda preocupación como América Latina está siendo llevada, por acciones y declaraciones cargadas de amenaza belicista por parte de algunos gobiernos, a un creciente clima de desestabilización política y de amenazas al orden democrático, que ponen en riesgo una larga tradición de paz y cooperación entre los gobiernos de la región.

Estos síntomas, que encienden las alarmas de los líderes democráticos de nuestros países, se pueden constatar en una serie de declaraciones, conflictos, tensiones y movimientos de tropas y armamentos que se vienen registrando sistemáticamente en distintos puntos de Latinoamérica.

Hay que señalar que, como en otras etapas de la historia trágica de nuestra región, se multiplica la presencia de Estados Unidos en cada uno de estos escenarios. Este aspecto se torna aún más perturbador teniendo a en cuenta las declaraciones del Secretario de Estado, Rex Tillerson cuando, refiriéndose a América Latina, reflotó la Doctrina Monroe, sintetizada en la frase “América para los americanos”. Esta teoría, actualizada después por el presidente Theodore Roosevelt, habilitó a Estados Unidos a intervenir en asuntos internos de países de Latinoamericanos que estaban situados bajo su órbita, cuando este consideraba amenazado sus intereses. El regreso de la política del Gran Garrote que legitimó el uso de la fuerza para dirimir disputas políticas o económicas, ha cobrado una renovada vigencia bajo la presidencia de Donald Trump. En concreto, el Secretario Tillerson, antes de su gira latinoamericana expreso, “En la historia de Venezuela y en la historia de otros países latinoamericanos, casi siempre son los militares que se hacen cargo de esto, que cuando las cosas están tan mal, la cúpula militar se dan cuenta que no pueden servir a los ciudadanos entonces se hacen cargo de una transición pacífica. Si este es el caso o no, no lo sé".

Esta tendencia se puede también verificar en otros escenarios. Ejemplo de ellos es la instalación por primera vez de una base militar internacional temporal en la frontera amazónica entre Brasil, Perú y Colombia con la participación de Estados Unidos. La base militar temporal, impulsada por el ilegal e ilegitimo gobierno de Michel Temer, es un derivado de otras experiencias de este tipo de la OTAN -Organización del Tratado del Atlántico Norte-. (ver web de AmazonLog.)

El gobierno del presidente Mauricio Macri, alineado incondicionalmente con Estados Unidos, también se sumó a la escalada retórica y a los ataques contra el gobierno de Venezuela a través del Grupo de Lima. También, con la pretensión de desplegar una “nueva doctrina” en materia s de Defensa se anunció, mediante Decreto 125/2018, la compra de armamento ya que, a juicio del Poder Ejecutivo, “resulta necesario incorporar nuevo material dando prioridad a aquellos que potencien la capacidad disuasiva, favorezcan la normalización con los ya existentes a nivel conjunto y aporten nuevos desarrollos tecnológicos que posibiliten iniciar el proceso de restablecimiento de la capacidad de Defensa Antiaérea de baja y muy baja cobertura”. La compra fue declarada secreta por razones de seguridad y defensa nacional.

La Ministra de Seguridad, por su parte, se reunió en Estados Unidos con representantes del FBI, el Departamento de Estado y la DEA con fin el de buscar asistencia técnica y financiera para combatir el crimen organizado y el narcotráfico. En la visita se acordó la instalación una fuerza de intervención o grupo de tareas en Misiones. Interesados los norteamericanos por el grupo chiíta libanés Hezbollah en la Triple Frontera, la Ministra expresó, “Es importante para nuestro gobierno poder colaborar con ellos y ellos colaborar con nosotros. Le hemos ofrecido tener un trabajo conjunto en la Triple Frontera por el tema terrorismo, y creemos que también vamos a poder contar con una representación de otras agencias, además de la DEA, que nos permita tener una mirada más profunda de lo que ahí está ocurriendo”. Además de ceder soberanía el gobierno de presidente Macri involucra a la argentina en conflictos que nada tienen que ver con el interés nacional, enquistando en el país una estructura cuyos intereses y metodologías, como ha quedado demostrado en otras experiencias, está muy lejos de los objetivos que dice declarar.

También se han agudizado las tensiones en la frontera entre Colombia y Venezuela. La relación entre ambos gobiernos ha sufrido un creciente deterioro a partir de acusaciones cruzadas entre sus primeros mandatarios. Juan Manuel Santos tildó de "dictadura" al régimen de Maduro y lo acusa de ser el causante del éxodo de miles de venezolanos que se desplazan a Colombia. El gobierno colombiano decidió además militarizar esa parte de la frontera incrementando las medidas de control para quienes ingresan al país por esa vía. También el gobierno de Guyana anunció un incremento paulatino de la presencia de tropas en la zona de frontera con Venezuela.

El presidente Mauricio Macri, en ejercicio de la presidencia Pro Témpore de UNASUR, cuenta con las herramientas institucionales para generar las condiciones de diálogo y acercamiento entre las partes. A pesar de ello, estos dispositivos ideados para este tipo de eventualidades, no están siendo aplicados con el consiguiente deterioro de los vínculos entre los países de américa latina como también de la propia UNASUR.

Muchas evidencias se podrían examinar a la luz de las nuevas doctrinas que en materia de seguridad interna, regional y hemisférica. Con la excusa de las llamadas “nuevas amenazas” como lo son el terrorismo transnacional, la criminalidad organizada y el narcotráfico, se transgreden y alteran los sistemas de defensa nacional y de seguridad interior tal como está aconteciendo en gran parte de la región y, en particular, en nuestro país.

Es obligación de este cuerpo legislativo tomar nota de este trastrocamiento de los roles institucionales y advertir sobre las graves consecuencias que ya trae aparejado el incremento de la belicosidad y violencia que se gestan al amparo de los nuevos alineamientos internacionales y las peligrosas doctrinas que la sostienen.

Por todo lo expuesto, solicito a mis colegas Diputados y Diputadas el acompañamiento del presente proyecto de Resolución.