Su más enérgico repudio y profunda preocupación frente a la embestida judicial efectuada contra los concejales del Bloque Unidad Ciudadana del municipio de General Rodríguez, Mauro García y Reynaldo Torres, con motivo de una sentencia arbitraria dictada en un contexto de persecución política, destrucción de la imagen pública e inhabilitación de adversarios políticos.

Asimismo, se convoca a todos los bloques y fuerzas políticas, organizaciones sociales y ciudadanía en general, a transitar el debate social y parlamentario sobre este tema con el más profundo respeto, seriedad y responsabilidad democrática, rechazando cualquier forma de avasallamiento de los representantes de la voluntad popular por parte del poder judicial y político.

Señor presidente:

En primer término, es importante destacar que esta Honorable Cámara tiene competencia en el tratamiento de la presente iniciativa, por tratarse de un proyecto tendiente a asegurar el régimen municipal y su autonomía institucional, política, administrativa, económica y financiera, a tenor de lo dispuesto por los artículos 5° y 123 de la Constitución Nacional (Conf. art. 86 del Reglamento de la HCDN), sin perjuicio de la defensa del estado de derecho que debemos realizar como representantes del pueblo.

Días atrás, se llevó a cabo el juicio Oral y Público contra los Concejales de Unidad Ciudadana, Mauro García y Reinaldo Torres, por una causa impulsada por el Intendente de Cambiemos en General Rodríguez, Dario Kubar, con la clara intención de perseguir política y judicialmente a dos de los principales referentes de la oposición política en ese distrito.

El Juzgado Correccional N° 2 de la ciudad de Mercedes, a cargo de Teresa Bomaggio, resolvió condenar a los Concejales de Unidad Ciudadana, Mauro García y Reynaldo Torres, a la pena de dos años y medio de prisión en suspenso, en el marco de la causa “GARCIA Mauro, TORRES Reynaldo Radio S/ instigación a cometer delitos, amenazas, lesiones leves”.

La causa se inició a raíz de los hechos sucedidos ocurrido el pasado 13 de julio del 2016, mientras se desarrollaba una manifestación pacífica en adyacencias de la Municipalidad de General Rodríguez, contra los excesivos aumentos en las tarifas de servicios públicos esenciales, de la que el gobierno local hacia oídos sordos, desprotegiendo los interese del pueblo de General Rodríguez. Con un claro objetivo de provocación y deslegitimación de la pacífica protesta social, tanto el intendente como sus funcionarios, salieron a la puerta del palacio municipal a burlarse y provocar ante una gran cantidad de manifestantes, lo que terminó derivando en empujones e insultos.

De esta manera, el intendente local Darío Kubar, aprovechó estos sucesos para señalar, sin prueba alguna, a Mauro García y a Reinaldo Torres como Instigadores de los supuestos “hechos de violencia”, señalándolos además como organizadores de los “desmanes” ocurridos cuando finalizada dicha movilización.

Es de suma importancia destacar que los materiales fílmicos y fotográficos surgidos con posterioridad a los hechos, fueron derribando una por una las falacias sustentadas por los funcionarios del gobierno municipal, que sirvieron de testigos a la parte acusadora.

La actitud es grave, pero más grave aún, es la degradación institucional que corroe al poder judicial en todos sus estamentos, quien lejos de poner límites al accionar de funcionarios intolerantes y facciosos, arremete mediante el uso y abuso del encarcelamiento preventivo y el dictado de condenas judiciales arbitrarias, a todo tipo de opositores.

En el caso que nos ocupa, la sentencia se estructura únicamente en base al testimonio interesado de un puñado de funcionarios públicos oficialistas – y un Comisario en actividad- que son escuetos y calcados en cuanto a la descripción de los hechos y la imputación direccionada hacia los Concejales opositores, y por el otro, en el relato de militantes y un periodista que cubrió la marcha, que se contrapone totalmente con el relato acusador, y muestran a los concejales Mauro García y Reynaldo Torres en una actitud pacífica, de diálogo, poniendo paños fríos al accionar de los funcionarios e intimidación policial, y hasta en otras ocasiones alejados de la situación.

Lo cierto es que en ninguna de las 44 fojas que integran el fallo, se puede vislumbrar o constatar lo denunciado por los funcionarios oficialistas, pese a la existencia de filmaciones proporcionadas por el propio Municipio.

Frente a la orfandad probatoria evidente, nunca puede derivar una condena penal ajustada a derecho en tanto se requiere de la sentencia que exprese con sostén en pruebas de que el hecho ocurrió de esa forma y no de otra. No basta para condenar a ciudadanos, la apariencia de legalidad de un acto mediante la utilización de un lenguaje técnico jurídico que resulte incomprensible para la mayoría de los ciudadanos, o expresar –entrelineas- que no se está contaminado de ideología política.

La persecución política, que podemos caracterizar como un caso más de “Lawfare”, pero esta vez en el ámbito municipal, se orquesta contra referentes de la mayor fuerza política opositora en el Municipio de General Rodríguez, que es Unidad Ciudadana, donde el año pasado ganó en el único distrito de la provincia de Buenos Aires donde gobierna la alianza Cambiemos, encabezando la lista el Mauro García.

Por todos estos motivos solicito a mis pares Diputados y Diputadas la aprobación del presente proyecto de declaración.