Expresar su más enérgico repudio ante la persecución política por parte del Gobierno Nacional hacia representantes sindicales, expresada recientemente de manera manifiesta en el pedido de detención del dirigente sindical Pablo Moyano.

Señor presidente:

El Gobierno Nacional ha demostrado a lo largo de su gestión una notoria intención de doblegar a los representantes sindicales a través de la utilización e injerencia del aparato jurisdiccional. Utilizar a la justicia como instrumento de coerción implica una violación absoluta a lo dispuesto en la Constitución Nacional referente al sistema Republicano de división de poderes.

Recientemente el fiscal general adjunto de Lomas de Zamora, Sebastian Scalera, solicitó la detención de Pablo Moyano que fue rechazada por el juez Luis Carzoglio. Una maniobra que a todas luces consiste en una feroz persecución política por parte del Gobierno Nacional en busca de debilitar la imagen de los representantes sindicales y la estigmatización del movimiento sindical, instalando en los medios de comunicación mentiras reiteradas sin fundamentos jurídicos a la vista que legitimen una privación de la libertad.

Como antecedente de esta persecución política ejecutada sistemáticamente por la justicia a pedido del gobierno de turno y encarada principalmente hacia la figura del sindicato de camioneros, observamos la multa desmesurada que intentó aplicar el ex Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación contra la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros y Obreros del Transporte Automotor de Cargas, Logística y Servicios. La multa ascendía a un monto de más de mil millones de pesos e incluyó el embargo de aproximadamente 300 millones- Esta última medida dictada por el Juez Laboral de primera instancia José Ignacio Ramonet. Medida, que fue revocada criteriosamente por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en autos: “Federación Nacional de Trabajadores Camioneros y Obreros del Transporte Automotor de Cargas, Logística y Servicios c/ Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social s/Queja Expte. Administrat.” – Causa N° 29010/2018/ CA1- CNAT).

El Poder Ejecutivo continúa utilizando la justicia como aparato represor, reinterpretando las normas a su favor y con una clara finalidad: Proscribir a los representantes de los trabajadores en desmedro y debilitamiento de los Sindicatos para continuar aplicando medidas en perjuicio del pueblo trabajador. Somos los representantes sindicales y el propio pueblo de la Nación Argentina quienes nos hemos expresado en contra de la reforma laboral, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, quienes hemos luchado por mantener y mejorar las condiciones de trabajo e impedir retrocesos en los convenios colectivos de trabajo y toda otra medida neoliberal que detenta y quiere imponer el gobierno de Mauricio Macri. La Judicialización de los líderes gremiales, allanamientos y la intervención de los sindicatos comporta un avasallamiento de los derechos de los trabajadores que no podemos permitir sin el adecuado control de presupuestos objetivos por parte de la justicia, que debe actuar de manera independiente.

Como representantes del Pueblo de la Nación debemos alzar la voz e impedir que continúen estas medidas que generan un perjuicio tal a nivel institucional que tardaremos años en recuperar. Es indispensable devolverle la legitimidad y la confianza a la Justicia de nuestro país y para ello debemos investigar y penar efectivamente a los funcionarios públicos que abusan de su autoridad, cometen falsedad ideológica o prevaricato entre otros tantos delitos contra la administración pública. Lamentablemente son delitos cuyo proceso difícilmente llega a instancias de sentencia firme y cumplimiento efectivo.

Por todo lo expuesto y con las ampliaciones que oportunamente se realizarán en el tratamiento en comisión, solicitamos a los señores Diputados nos acompañen en la presente iniciativa.