Dirigirse al Poder Ejecutivo para que a través del Ministerio de Educación o cualquier otro organismo que considere pertinente, informe a este cuerpo sobre diferentes aspectos relacionados con las políticas de infraestructura en Educación, a saber:

a) Confirme si el Ministerio de Educación ha recibido en el periodo 2016- 2018 solicitudes, notas o comunicaciones de las jurisdicciones provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de asistencia presupuestaria para el mejoramiento de la infraestructura escolar.

b) Detalle si durante el año 2018 se han reasignado partidas presupuestarias hacia el Ministerio de Educación de la Nación en razón a alguno de los incisos del artículo 2 de la ley 26.075 “Ley de Financiamiento Educativo”.

c) Informe si a partir de lo sucedido en la Escuela N° 49 “Nicolás Avellaneda” de la localidad de Moreno, Provincia de Buenos Aires, desde el Ministerio de Educación se evalúa algún tipo de compensación y/o refuerzo de partidas presupuestarias hacia las jurisdicciones provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires afectadas al mejoramiento de la infraestructura escolar.

d) Detalle si el Ministerio de Educación posee algún mecanismo propio de evaluación y/o relevamiento, que dé cuenta de las condiciones infraestructurales de los establecimientos educativos de gestión estatal en sus diferentes niveles y modalidades.

e) Informe la cantidad de establecimientos educativos construidos y/o ampliados, detallando ubicación y plazo de obra, desde el 10 de diciembre de 2015 hasta la actualidad, en cualquier nivel y/o modalidad.

f) Cualquier otra información que considere pertinente.

Señor presidente:

La ley de Educación Nacional Nº 26.026 regula de manera general los diferentes aspectos de la educación en nuestro país. Junto a esta norma, la Ley de Financiamiento Educativo (N° 26.075) y la Ley de Enseñanza Técnico Profesional (N° 26.058), configuran el mapa de competencias del gobierno nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en materia educativa.

Previo a estas leyes, ya las reformas de mediados de la década de los ‘90 habían realizado las transferencias de los servicios de educación primaria, secundaria y terciaria que aún le quedaban al Estado Federal. Hay que marcar que la reforma de los ‘90 se dio en un contexto de políticas neoliberales donde bajo argumentos pedagógicos y de gestión, se encubrieron las verdaderas razones económicas; básicamente la necesidad de reducir el gasto público nacional y trasladarlo al nivel provincial. Esa transferencia implicó la responsabilidad casi excluyente de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en cuanto a cuestiones pedagógicas, administrativas y organizacionales, dentro de las cuales, claro está, se ubica la responsabilidad sobre las condiciones de los establecimientos educativos.

Sin embargo la actual ley de Educación Nacional no exime al Estado de responsabilidades en lo que hace a las condiciones por ejemplo edilicias, en las que se imparte la educación. Así, los artículos 4, 11 y 16, entre otros, hablan de la responsabilidad en cuanto a la calidad en la educación. La misma ley entiende, en su artículo Nº 85, inciso f) que parte de la calidad será asegurada con la dotación, de parte del Ministerio de Educación de la Nación en acuerdo con el Consejo Federal de Educación, de “los recursos materiales necesarios para garantizar una educación de calidad, tales como la infraestructura, los equipamientos científicos y tecnológicos, de educación física y deportiva, bibliotecas y otros materiales pedagógicos, priorizando aquéllas que atienden a alumnos/as en situaciones sociales más desfavorecidas, conforme a lo establecido en los artículos 79 a 83 de la presente ley”.

La tragedia que se cobró dos vidas ocurrida en la Escuela Nº 49 “Nicolás Avellaneda” de la localidad de Moreno, partido de Buenos Aires, trajo a debate las responsabilidades de las jurisdicciones provinciales, pero también el rol que juega el Estado Nacional como garante principal de la calidad, la equidad y la igualdad en la enseñanza. Este lamentable hecho también puso en una nueva dimensión los innumerables inconvenientes que al comienzo del actual ciclo lectivo tuvieron los gremios docentes con las respectivas provincias y la ciudad autónoma de Buenos Aires, conflictos que, transcurrido ya la mitad del ciclo lectivo, en muchas provincias aún no se han resuelto. Decimos que estos reclamos adquieren una nueva relevancia ya que en líneas generales tenían (y tienen) dos componentes principales, uno salarial y el otro de reclamo frente a los graves déficit y falencias en los que se encuentran los establecimientos educativos. Tales circunstancias constituyen un real peligro al que se exponen alumnos y docentes.

Aunque la Provincia de Buenos Aires y la de Chubut son las caras visibles del conflicto, más de la mitad de las provincias no comenzaron el ciclo lectivo a tiempo y a pesar de hacerlo con posterioridad, mantienen sus reclamos por salarios justos y condiciones dignas para enseñar y aprender.

En el contexto de las reuniones paritarias de principio de año, las autoridades gubernamentales de las provincias y la CABA han argumentado, en la mayoría de los casos, que no cuentan con los recursos suficientes para hacer frente a todas las demandas. Frente a esto último y a la realidad innegable que se nos presenta hoy sobre las condiciones edilicias de miles de establecimientos educativos y junto a ella la responsabilidad del gobierno nacional, es que proponemos la presente solicitud.

A sabiendas de las competencias, atribuciones y facultades que las diferentes normas le otorgan a cada una de las jurisdicciones en temas educativos no podemos obviar que en última instancia es siempre el Estado Nacional el que debe asegurar y permitir a toda la población el acceso a una educación de calidad, garantizando la igualdad de oportunidades y la equivalencia de los resultados, en este sentido debe crear las condiciones necesarias para que esto sea posible. De esta forma lo establece claramente la ley de Educación Nacional.

Por ello, es necesario echar luz sobre las acciones que realiza el Estado Nacional en razón de que las Provincias y la CABA se muestran con serias dificultades para asegurar condiciones mínimas de infraestructura y seguridad en muchos de los establecimientos educativos. La presencia del Estado Nacional se hace fundamental en un contexto de ajuste del gasto público y de presupuestos provinciales exhaustos.

El presente pedido no solo se realiza por la consideración del prioritario lugar que ocupa la educación como factor determinante en el avance y progreso de personas y sociedades, sino también en la convicción del papel indelegable del Estado Nacional para que eso suceda.

En razón de lo expuesto solicito a mis pares diputadas y diputados que acompañen con su voto el presente proyecto de resolución.