Dirigirse al Poder Ejecutivo para que, a través de la Agencia Nacional de Discapacidad, el PAMI o cualquier otro organismo que considere pertinente, informe a la mayor brevedad posible sobre diferentes aspectos relacionados con la cobertura de los servicios de diálisis, puntualizando:

1. Confirme si la Agencia Nacional de Discapacidad y el PAMI registran deudas o atrasos con respecto a transferencias para la cobertura de los servicios de diálisis.

2. En caso de ser afirmativa la respuesta al punto 1, explique cuáles han sido los motivos.

3. Especifique con qué criterios son fijados los costos de dicha cobertura y si existen mecanismos de actualización durante el año.

4. Confirme si durante el año 2018 han cesado en sus servicios centros de Diálisis y Trasplantes Renales con los que el estado nacional mantenía convenios.

5. Especifique si algunos de los organismos estatales han recibido notificaciones de los centros de diálisis informando sobre la suspensión del ingreso de nuevos pacientes.

6. Confirme si se evalúan cambios en cuanto a la cobertura del traslado de los pacientes.

7. Cualquier otra información que considere pertinente.

Señor presidente:

La diálisis es un procedimiento de filtrado extracorpóreo de la sangre, para suplir el mal o nulo funcionamiento de los riñones. Los pacientes que sufren de enfermedad renal crónica (ERC) en los estadios avanzados necesitan dializarse para sobrevivir. Se calcula que alrededor del 1 por ciento de la población mundial está en esta situación y la cifra va en aumento. Por eso la ERC fue declarada epidemia mundial y se multiplican las campañas para la prevención, ya que si bien puede tratarse no es curable. El proceso de diálisis lleva de 4 a 6 horas tres veces por semana. Se hace en centros de alta complejidad, porque tiene que ser un ambiente muy controlado para que no se produzcan infecciones. Además, es un proceso que exige mucho personal especializado y un uso intensivo de electricidad y agua.

La presente resolución surge a partir de las permanentes denuncias que diferentes asociaciones que nuclean a los centros de diálisis y asociaciones médicas viene haciendo con respecto a los atrasos y desactualizaciones en las trasferencias de los programas Incluir Salud (ex profe) y aquellos bajo la órbita del PAMI con los prestadores del tratamiento.

Esta situación no es nueva ya que los atrasos se vienen acumulando de años anteriores, lo nuevo es que a las demoras en las transferencias se le suman los exponenciales aumentos en los costos de los insumos producto de la devaluación. Ya a fines de 2017, la Confederación que nuclea a unos 400 establecimientos (CADRA) que realizan en todo el país diálisis hablaba de “absoluto desfinanciamiento”, puniendo en duda la atención de unos 30 mil afiliados del PAMI. En aquel momento la confederación detalló que se llegó a esta situación “debido a una deuda de más de 500 millones de pesos que desde mayo mantiene con ellos el programa Incluir Salud (ex ProFe), del Ministerio de Salud de la Nación, y porque los valores de los módulos no se han actualizado desde setiembre de 2016, y hoy esos valores no alcanzan para cubrir las prestaciones”.

El panorama en 2018 no ha cambiado y es por ello que la Asociación Regional de Diálisis y Trasplantes Renales de Capital Federal y Provincia de Buenos Aires (ARD) advirtió que 30 mil personas podrían quedarse sin atención por deudas que mantiene el PAMi y la Agencia Nacional de Discapacidad con los centros prestadores del tratamiento. Si bien esta asociación representa a los centros de diálisis de la Ciudad Autónoma y la Provincia de Buenos Aires, dicha situación es idéntica en todas las provincias.

Las autoridades de la ARD esgrimen que la realidad limite en la que se encuentran, muchos centros han tenido que cerrar y para los demás la situación es prácticamente insostenible ya que el aumento de los costos y los atrasos en los pagos pone en duda la cobertura del tratamiento en un futuro muy cercano.

El argumento de las autoridades gubernamentales frente a tan delicada situación no puede ser la falta de presupuesto o la necesidad de ajuste ya que de lo que se trata es del tratamiento de miles de personas que de verse afectado pondrían en riesgo su vida.

Por lo tanto, es necesario echar luz sobre lo que está sucediendo, visibilizando la problemática para colaborar en una posible solución.

En razón de lo expuesto solicito a mis pares diputadas y diputados el presente proyecto de resolución.