Solicitar al Poder Ejecutivo, a través del organismo que corresponda, informe lo siguiente:

● Requerimientos solicitados para el otorgamiento de permisos de Legítimos Usuarios de Armas de Fuego, durante los años 2016 y 2017. En este aspecto, se solicita un detalle pormenorizado de las indagaciones efectuadas por el organismo.

● Si la preexistencia de medidas cautelares de prohibición de acercamiento y/o todo contacto constituyen un impedimento en el otorgamiento y/o renovación de autorizaciones para la tenencia y/o portación de armas de fuego, en función de los requisitos solicitados por la entidad a su cargo.

● Si se solicita al Instituto Nacional de las Mujeres informes sobre la existencia de llamados a la Línea Telefónica 144, respecto de quien solicitare autorización o renovación de licencia para tenencia y/o portación de armas de fuego. Asimismo, si solicita a cualquier otro organismo que lleve registros de consultas o denuncias sobre hechos de violencia de género.

● La cantidad de rechazos de autorizaciones realizada por antecedentes penales, durante los años 2016 y 2017.

● La cantidad de rechazos en la renovación de permisos realizada en base al registro de antecedentes penales, durante los años 2016 y 2017.

● La cantidad de armas de fuego de uso civil registradas por la Agencia Nacional de Materiales Controlados que fueron secuestradas en el marco de una investigación penal, durante los años 2016 y 2017, individualizando cada una de ellas.

● La cantidad de oficios recibidos por Juzgados Penales y Criminales, especificando el delito imputado que motivó el requerimiento, durante los años 2016 y 2017.

● La cantidad de oposiciones para el otorgamiento o renovación de licencias para la tenencia y/o portación de armas de fuego recibidas por ese organismo en el marco de la Resol. ANMAC 9/16 durante los años 2016 y 2017, así como el resultado derivado de las mismas.

Señor presidente:

El presente proyecto tiene como finalidad tomar conocimiento por parte de este cuerpo acerca de la vinculación entre las armas de fuego registradas y los datos estadísticos publicados por el “Registro de Femicidios de la Justicia Argentina del año 2017”, de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Conforme datos extraídos del mencionado informe surge que se registraron 251 víctimas de femicidios en todo el país durante el año 2017. El medio empleado para cometer el delito ha sido mayoritariamente armas de fuego (en 77 de los casos), lo que verifica un importante aumento en relación a las estadísticas del año 2016. De la totalidad de los casos de uso de armas de fuego, sólo 17 se realizaron con armas sin autorización legal.

En virtud de los datos proporcionados, resulta fundamental prestar especial atención al incremento de hechos caracterizados por la utilización de armas de fuego, advirtiendo que en todos esos casos el acceso a las mismas ha sido estatalmente autorizado y revalidado periódicamente por la autoridad competente en la materia de conformidad con la Ley N° 20.429 y su Decreto Reglamentario Nº 302 del año 1983.

Así mismo, de los datos citados se desprende también que 68 víctimas de un total de 273 (equivalente al 25%) cuentan con solicitudes de medidas de protección (13 medidas de protección vigentes, 4 medidas vencidas y en un caso se identificó que las medidas fueron pedidas por las víctimas pero no otorgadas por la autoridad judicial interviniente). Si bien del 75% de los casos restantes no se cuenta con información en dicho sentido, puede desde ya inferirse que las medidas de protección oportunamente solicitadas por las víctimas no impactaron en la autorización de tenencia de armas respecto de los victimarios involucrados.

La verificación de la información citada y su análisis a la luz de la cuantiosa normativa nacional e internacional vigente en materia de prevención y erradicación de violencia contra las mujeres, así como respecto del uso de armas de fuego, alerta sobre la necesidad de clarificar los extremos que mediante el presente requerimiento se especifican. Ello así toda vez que resulta deber y obligación del Estado velar por la implementación de medidas reglamentarias eficientes y adecuadas respecto de la seguridad e integridad física de las mujeres, lo que ineludiblemente implica la articulación de previsiones institucionales y normativas que permitan su materialización.

Por todo lo expuesto, en el entendimiento de que esta Cámara no puede quedar al margen de debates que involucran cuestiones atinentes a erradicar la violencia contra las mujeres, la seguridad pública y la prevención integral del delito, solicito a mis pares Diputadas y Diputados nacionales el acompañamiento del presente proyecto.