Artículo 1° - Incorpórese como artículo 8 bis de la Ley de Ministerios, Nº 22.520 y sus modificatorias, el siguiente:

Articulo 8 bis.- Los ministros o Jefe de Gabinete de Ministros salientes, sea por renuncia, remoción, destitución o reemplazo en otro cargo público, deberán comparecer ante ambas cámaras del Congreso, dentro del plazo de DIEZ (10) días hábiles, a fin de rendir cuentas de su gestión y brindar las explicaciones e informes que los diputados y senadores estimen convenientes.

Si de la documentación surgiera la comisión de un posible hecho delictivo, los diputados y senadores deberán poner en conocimiento de aquello al juez competente.

El incumplimiento de la obligación a comparecer ante el Congreso por parte de los ministros o Jefe de Gabinete de Ministros salientes implicará la inhabilitación absoluta y perpetua para ocupar cargos públicos.

Artículo 2° - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Señor presidente:

En el medio de una nueva corrida cambiaria, hemos contemplado como el presidente Mauricio Macri, hacía jugadas dignas de un ajedrecista con su equipo económico. Así le pidió la renuncia al presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, y designó en su lugar a Luis Caputo, que dejó el Ministerio de Finanzas. Por otro lado, designó a Nicolás Dujovne, actual ministro de Hacienda, la coordinación del gabinete económico mediante la absorción de Finanzas.

Luego, en un nuevo sacudón, y designó a Dante Sica y a Javier Iguacel para reemplazar a los ministros de Producción, Francisco Cabrera, y de Energía, Juan José Aranguren, respectivamente.

Así, el presidente Mauricio Macri, corrió del control político del Congreso (a través del juicio político y la facultad de interpelación que otorga el artículo 71 de la Constitución Nacional) a dos de los más cuestionados ministros: Aranguren y Caputo. Y por “más cuestionados”, entiéndase “más denunciados y más corruptos”.

Recordemos que el Sr. EX MINISTRO DE FINANZAS LUIS CAPUTO, tiene una colección de denuncias penales en su haber:

1. La omisión en sus Declaraciones Juradas de ser dueño de la compañía offshore Noctua Partners, lo que le valió la acusación por la presunta comisión de los delitos de omisión maliciosa, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, tráfico de influencias, delito de uso de información privilegiada, incumplimiento de los deberes de funcionario público y supuesto lavado de activos.

2. Las sospechosas maniobras en la adquisición de Lebac emitidas por el Banco Central de la República Argentina, con recursos pertenecientes al Fondo de Garantías de Sustentabilidad de la Anses, con la intermediación del Fondo de Inversión FCI Axis Ahorro Plus, persona jurídica con fuertes vínculos con quien toma la decisión de contratarla.

3. Dólar Futuro. Entre las personas que licitaron bajo esta operatoria se encontraba Ximena Ruiz Hanglin, esposa del actual ministro de Finanzas, Luis Caputo. En diciembre de 2015 asumió el Presidente Macri, conformando junto con él un nuevo equipo económico. En ese entonces, el Licenciado Luis Caputo fue designado Secretario de Finanzas. Horas después de haber asumido, el equipo económico del cual Caputo formaba parte, tomó la decisión de devaluar la moneda en más de un 40%. Esta decisión unilateral, de la cual el actual Ministro no realizó ningún tipo de exclusión en su proceso decisorio, produjo una extraordinaria ganancia para la mujer de Caputo. Se calcula que el monto obtenido como ganancia ascienda a $ 37.096.700. Tal situación motivó que esta última fuera denunciada penalmente por diputados del Frente para la Victoria y que posteriormente se haya cursado el pedido de imputación por el Fiscal Stornelli.

4. Por la realización de una ruinosa operación para los intereses del Estado, del fisco y del Pueblo Argentino de hoy, y de las futuras generaciones, tomando 2.750 millones de dólares de deuda a 100 años de plazo. Como corolario de este hecho a todas luces antieconómico, anti financiero y antipatriótico, se conoce que parte del mismo (5 millones) fue adquirido por Noctua Asset Managment LLC, radicado en Delaware, fundado por el ministro de Finanzas, Luis Caputo en 2009. Esta operación también le valió una denuncia penal por la presunta comisión de los delitos de defraudación contra la administración pública, y tráfico de influencias.

Por su lado, el EX MINISTRO DE ENERGIA JUAN JOSÉ ARANGUREN, también tiene unas cuantas denuncias penales en su curriculum:

1. Omitió informar en sus declaraciones juradas que, mientras se desempeñaba como ejecutivo de Shell, integró los directorios de al menos dos sociedades offshore: Shell Western Supply and Trading Ltd y Sol Antilles y Guianas Limited. Shell Western Supply and Trading Ltd ganó 2 licitaciones por 13 cargamentos de gasoil, —y facturó unos 240 millones de dólares— una vez que el Ministro asumió la cartera de Energía.

2. El ex CEO de Shell aun posee 16 millones de pesos en acciones de la filial argentina de la firma angloholandesa. Y la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, recomendó públicamente "delegar la firma hacia abajo o a los costados". Luego, retrocedió parcialmente y si bien sostiene de forma increíble que la situación no es ilegal, dijo que tiene el "deber ético" de desprenderse de esos activos.

El cargo de ministro, pensado en nuestro diseño constitucional, importa una delegación de facultades ejecutivas propias del Presidente de la Nación, pero en personas que no fueron elegidas mediante el voto popular. Por ello la Constitución prevé ciertos mecanismos de control parlamentario como el juicio político y la interpelación de los ministros del art. 71, así como la obligación del jefe de gabinete de ministros a concurrir al Congreso al menos una vez por mes, para informar de la marcha del gobierno.

En este contexto, y, a rigor de verdad, siempre, resultaría altamente saludable y sumamente democrático y republicano, imponer la obligación a los ministros y Jefe de Gabinete de rendir cuentas de su gestión por última vez en el congreso.

Creemos que los funcionarios públicos, que deben estar al servicio de su país y de su gente, tienen la responsabilidad de rendir cuentas. Obligación de todo gobierno ante el pueblo y un derecho del ciudadano, y como tal, debe ser un acto amplio y de dialogo crítico.

Creemos profundamente en que los funcionarios públicos deben regirse por los principios de legalidad, transparencia, honestidad y responsabilidad, por ello, como contracara tiene la obligación de rendir cuenta sobre las responsabilidades en el ejercicio de la función pública.

Los servidores públicos deben estar al servicio de los ciudadanos, y por ende rendir cuentas y dar las explicaciones pertinentes en el Congreso, la casa del pueblo.

Por estas razones, solicito a mis pares la aprobación del presente Proyecto de Ley.