Expresar su enérgico repudio y preocupación por el asesinato de Facundo Ferreira, un niño de doce años que fue ejecutado de un tiro en la nuca por un efectivo de la Policía de la Provincia de Tucumán, cuando circulaba en moto junto a otro niño menor de edad que también fue herido por los disparos policiales, la noche del miércoles 7 de marzo de 2018, en la Ciudad de San Miguel de Tucumán.

Señor presidente:

El pasado miércoles 7 de marzo, en San Miguel de Tucumán, dos niños de 12 y 14 años fueron heridos por personal de la Policía de la Provincia, cuando volvían de ver unas picadas por la zona. Producto de estos disparos, Facundo Burgos de 12 años perdió la vida luego de ser internado con un impacto de bala en la cabeza y su compañero, que conducía la moto, fue herido en la pierna y también en la cabeza, encontrándose fuera de peligro.

Como consecuencia de este hecho, dos efectivos policiales fueron detenidos y recuperaron la libertad a las pocas horas, luego que la fiscal interviniente en la causa considerara que no se trató de un caso de “gatillo fácil”, dándole completa veracidad a la versión policial.

Una vez más, y como sucede sistemáticamente en los casos de ejecuciones en manos de los funcionarios policiales, la versión de la Policía de Tucumán guarda una distancia abismal con lo relatado por familiares, amigos, testigos del hecho y con la realidad objetiva de los hechos. En este sentido, los familiares de Facundo recibieron un primer llamado en el que le comunicaban que el niño había sufrido un accidente de tránsito. Al llega al Hospital Padilla, la familia tomo conocimiento sobre lo que en verdad había acontecido, Facundo tenía un disparo en la nuca, con orificio de entrada y de salida que le provocó la muerte a las 4:30 hs.

Además de esta primera mentira en la comunicación de lo acontecido con la familia de Facundo, en las horas siguientes al hecho, los esfuerzos de la Policía provincial se concentraron en responsabilizar a los chicos de haber iniciado un enfrentamiento, versión sistemáticamente utilizada por las Fuerzas de Seguridad para justificar su accionar ilegal.

La versión policial asegura, además, que un peritaje detectó restos de pólvora en la mano de Juan y hasta se dijo que en el lugar de los hechos se hallaron armas calibre 22 y casquillos de 9 milímetros. Para reforzar y abonar esta posibilidad, vincularon al menor de edad sobreviviente con el asesinato de un policía ocurrido en 2016.

Sumado a todo el accionar ilegal de la fuerza de seguridad provincial, el menor de edad que se encontraba herido y con menor riesgo de vida, en lugar de ser trasladado al Hospital para recibir las curaciones necesarias, quedó detenido y fue trasladado a la comisaría.

Más allá de los pormenores del hecho, y el grado de participación que los menores de edad podrían haber llegado a tener en algún hecho delictivo – situación que no está para nada confirmada y mucho menos probada – lo cierto es que una vez más nos encontramos ante un accionar policial irracional, excesivo, irresponsable y delictual que se suma a los hechos que vienen multiplicándose desde que el Gobierno Nacional representado por el mismísimo Presidente y la responsable del Ministerio de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, recibieron como un héroe a Luis Chocobar, el policía de Avellaneda que fuera de servicio corriera y le disparara por la espalda a Pablo Kukoc, de 18 años de edad.

En este sentido, y luego de que la Ministra de Seguridad consolidara el “cambio de la doctrina” para el accionar policial, afirmando que siempre debía presumirse que actuaban legalmente, las ejecuciones extrajudiciales y la brutalidad en el accionar policial no deja de aumentar.

Solo para enumerar los casos sucedidos en Tucumán podemos mencionar a Ángel Alexis Noguera que murió de un balazo de goma en la cabeza, el pasado 4 de febrero, luego de que la Policía de Tucumán lo persiguiera hasta su casa. Una vez adentro de la vivienda le tiraron gas lacrimógeno y, según el relato oficial, la bala de goma pegó en el piso, rebotó y dio en la cabeza provocándole la muerte.

Dos días después de esa muerte, Víctor Robles, de 17 años, fue asesinado por un policía de civil mientras intentaba robar una moto. Su cuerpo fue dejado abandonado en la vereda del Hospital Padilla. En esa misma semana, Maximiliano Tapia perdió una pierna producto de un disparo policial, durante un procedimiento en el barrio Las Talitas. Esta lista puede cerrarse con el caso de un comisario de apellido Pineda, quien entró a la casa de un supuesto delincuente al que perseguía y le disparó en el glúteo, luego de presentar un acta falsificada salió a la

luz que ese procedimiento fue mentira. Lo que realmente sucedió fue que entró a la casa de manera ilegal y le disparó sin más. Toda esta información, respecto al impacto directo de la “nueva doctrina” impulsada por el Gobierno Nacional, está siendo recabada en la Provincia de Tucumán por los profesionales que integran la ONG Abogados del Noroeste en Derechos Humanos (Andhes).

Lamentablemente la violencia institucional, las ejecuciones extrajudiciales y los excesos e ilegalidades policiales no para de aumentar en nuestro país, entre otras cosas, a raíz de la legitimidad otorgada por el Gobierno Nacional y por la Ministra de Seguridad que justifican y premian sistemáticamente este accionar policial, alejado por completo de los criterios de actuación contenidos en los protocolos policiales que regulan el uso racional de la fuerza y de las armas de fuego.

Desde los mandos de conducción política de las Fuerzas de Seguridad se alientan y se premian conductas ilegales que aumentan la violencia del Estado, la violación a los derechos humanos y que termina con la vida de los jóvenes que integran los sectores vulnerables de nuestra sociedad, ya que sobre ellos se descarga la violencia de esta “nueva doctrina”.

Todo ello sumado a un accionar judicial cómplice que legitima estos homicidios calificados, dando por cierta toda versión policial y cerrando en tiempo record cualquier causa judicial donde el accionar policial se encuentre bajo investigación.

Desde este cuerpo legislativo debemos alzar la voz ante estos hechos alejados de un accionar policial respetuoso de los derechos humanos y del Estado de Derecho y tan cercano a prácticas policiales autoritarias, abusivas e ilegales.

Es por cada uno de los motivos expuestos, por el que solicito a mis pares su acompañamiento en el presente proyecto.