ACCESO GRATUITO AL KIT ESCOLAR BÁSICO EN EL SISTEMA PÚBLICO DE EDUCACIÓN

ARTICULO 1°- CREACIÓN. Créase el Programa de Acceso al Kit Escolar Básico en el ámbito del Ministerio de Educación de la Nación.

ARTICULO 2°- OBJETO. El objeto de la presente ley es garantizar el acceso a los útiles escolares de todos los y todas las estudiantes de los establecimientos educativos públicos.

ARTICULO 3°- OBJETIVOS DEL PROGRAMA. Son objetivos del Programa de Acceso al Kit Escolar Básico:

a) contribuir al ejercicio más igualitario y equitativo del derecho a la educación;

b) promover la igualdad de oportunidades y condiciones en el ámbito educativo; y,

c) contribuir a la prevención de la deserción escolar.

ARTICULO 4°- DESTINATARIOS. Son destinatarios y destinatarias del Programa de Acceso al Kit Escolar Básico todos los y todas las estudiantes que se encuentren inscriptos/as en el sistema educativo público al inicio del ciclo lectivo.

ARTICULO 5°- AUTORIDAD DE APLICACIÓN. La autoridad de aplicación es determinada por el Poder Ejecutivo Nacional.

ARTICULO 6°- PRESUPUESTO. El Poder Ejecutivo arbitrará los medios necesarios para garantizar el presupuesto pertinente para la implementación del Programa de Acceso al Kit Escolar Básico.

ARTÍCULO 7°- Comunicase al Poder Ejecutivo Nacional.

Señor presidente:

Señor presidente:

El Derecho a la Educación se encuentra garantizado en nuestra Constitución Nacional en el artículo 14 desde el mismo momento en que fue sancionada en el año 1853. Este derecho jamás fue puesto en duda ni fue separado de los preceptos fundamentales que dieron origen a nuestro país como Nación en ninguna de las reformas posteriores. Por el contrario, el Derecho a la Educación conforma un derecho que se encuentra reforzado por la incorporación a nuestra Constitución Nacional de Convenciones y Tratados Internacionales, plasmados en el artículo 75 inc. 22, que hacen al Sistema Internacional de Derechos Humanos.

La ley de Educación Nacional, N°26.206, en su artículo segundo sostiene que “La educación y el conocimiento son un bien público y un derecho personal y social, garantizados por el Estado”. Y en el artículo tercero sostiene que “La educación es una prioridad nacional y se constituye en política de Estado para construir una sociedad justa, reafirmar la soberanía e identidad nacional, profundizar el ejercicio de la ciudadanía democrática, respetar los derechos humanos y libertades fundamentales y fortalecer el desarrollo económico-social de la Nación”.

Por otro lado, en el marco de los objetivos de desarrollo sostenible, nuestro país se ha comprometido con la agenda internacional con una serie de objetivos de desarrollo y sus pertinentes indicadores. El cuarto objetivo de los ODS es el de garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y de promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todas las personas. El acceso a la educación debe ser universal.

Nuestro país ha tenido avances significativos en la reinserción de estudiantes en el sistema público, y a partir de políticas concretas, como la Asignación Universal por Hijo. Sin embargo, prevalecen obstáculos para el cumplimiento efectivo de la ley vigente.

En el 2017 UNICEF presentó el informe “Posicionamiento sobre adolescencia en el país”[1] , un documento sobre la realidad en salud, educación y derechos de los chicos y chicas de entre 10 y 18 años. Los resultados demostraron que más de la mitad de ellos no termina el secundario y que 1 de cada 6 trabaja. En nuestro país la adolescencia se trata de un rango etario que cubre 5 millones y medio de jóvenes. De ellos, medio millón está fuera de la escuela y solo el 45% logra terminar sus estudios secundarios. El informe remarca que el abandono escolar "está fuertemente relacionado con la inserción temprana en el mercado de trabajo, sobre todo entre los varones, y el embarazo entre las mujeres". El 15% de los nacimientos en Argentina son de embarazos adolescentes: 6 de cada 10 no son planificados y 1 de cada 10 mujeres abandona la secundaria por tal motivo o porque se aboca al cuidado de sus hijos, hijas, hermanos o hermanas menores.

A su vez, las carencias económicas se hicieron presentes entre los jóvenes. Según Unicef, la pobreza monetaria afecta mayormente a este grupo etario: 1 de cada 2 adolescentes de entre 13 y 17 años es pobre; entre los 14 y los 15 años, 1 de cada 6 trabaja; entre los 16 y los 17 años, lo hace 1 de cada 3.

La deserción escolar es uno de los principales desafíos que enfrenta la educación argentina. Un informe de la UNESCO señala las mismas problemáticas que atribuye a la pobreza y a la desigualdad. En la coyuntura económica que atraviesa nuestro país, los aumentos en los precios y los índices de inflación perjudican a los sectores más vulnerables, cercenando la posibilidad de ejercer los derechos más fundamentales, como el derecho a la educación.

Otros países han sido exitosos en la sanción de leyes que garanticen los kits de la canasta básica educativa proveídos gratuitamente por el Estado nacional. Es el caso de Paraguay, que incorpora este derecho en el marco de su Plan Nacional de Educación 2024, y que ha logrado subir la matrícula estudiantil a partir de dicha iniciativa [2]. Por otro lado, Colombia también ha obtenido resultados positivos a partir de la implementación del programa de kits gratuitos en la ciudad de Bogotá, a partir del acuerdo 571 del año 2014 [3].

La escolaridad debe desarrollarse en un ámbito de igualdad de oportunidades y acceso, el presente proyecto en este sentido, busca instalar el derecho igualitario al acceso a los elementos básicos que puedan garantizar la educación para todos y todas. Es necesario desarrollar políticas públicas que incluyan en el ámbito educativo y que prevengan la deserción escolar, que, como fue dicho con antelación, constituye uno de los problemas más serios de nuestro sistema educativo.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en el presente proyecto de Ley.