Artículo 1º - Modificase el artículo 10 de la Ley 27.264 de Programa de Recuperación Productiva, Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMES) el que quedará redactado de la siguiente manera:

“Artículo 10: Facúltese al Poder Ejecutivo nacional para diseñar, adecuar e implementar programas tendientes a compensar asimetrías y desequilibrios económicos provocados por razones de competitividad con países limítrofes a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas en zonas de frontera, considerando los siguientes propósitos y objetivos:

a) Aplicar en forma diferencial y temporal herramientas fiscales

b) Establecer incentivos a las inversiones productivas y turísticas que contemplen cupos y herramientas especificas, nuevas o existentes de los programas disponibles desde la administración central del Poder Ejecutivo Nacional.

c) Intregrar vínculos interinstucionales entre municipios, provincias y nación para canalizar las politicas públicas, garantizando un efectivo alcance al territorio de interés del presente artículo.

El Poder Ejecutivo reglamentará el presente artículo dentro de los 60 días de su vigencia”.

Artículo 2°- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Señor presidente:

Los micro, pequeños y medianos empresarios de las zonas de frontera de nuestro país mantienen intacta su demanda de un tratamiento inmediato y diferencial con políticas públicas, por parte de los diferentes niveles de gobierno del poder ejecutivo, que les permita afrontar la creciente y estructural desventaja de competencia con países limítrofes.

La ley 27.264 de Programa de Recuperación Productiva, en su artículo 10 confirió al Poder Ejecutivo Nacional la facultad de que, por medio de su función de gobierno, contemple e implemente acciones concretas para las pymes de las zonas de frontera. El Congreso, sus legisladores, y por sobre todo, el sector pyme, generaron amplias expectativas para las miles de familias del interior que necesitan contar con medidas concretas que contengan la situación económica que atraviesan. Resulta ineludible insistir en la criticidad de contar con puesta en vigencia y reglamentación de esta ley en su conjunto que forman parte de una propuesta colectiva y federal que atiende las asimetrías de zonas con marcada exclusión y escasas posibilidades de acceso a los recursos y programas públicos.