Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional en los términos del artículo 100, inciso 11 de la Constitución Nacional para que, por medio de la Jefatura de Gabinete de Ministros, la Secretaría de Vivienda dependiente del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda informe sobre los puntos que a continuación se detallan, referidos al control de la ejecución de fondos contemplados en el Sistema Federal de la Vivienda, creado por la Ley 24.464:

1. Indique si la Secretaría de Vivienda, a través de la Dirección de Inspección de Obras, realizó las auditorías correspondientes sobre la aplicación de los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda (Fo.Na.Vi.) en cada jurisdicción para el ejercicio fiscal del año 2017, tal como lo estipula el Artículo 9° de la Ley 24.464. En caso afirmativo, informe si se detectaron incumplimientos y si estos fueron comunicados al Poder Legislativo de la Jurisdicción Correspondiente y al Consejo Nacional de la Vivienda.

2. Indique si se realizan actualmente los informes trimestrales de la gestión del Fondo Nacional de la Vivienda (Fo.Na.Vi.), de acuerdo a lo establecido en el Artículo 3° del Decreto 2483/93.

3. Indique si se han realizado las auditorías correspondientes a los fines de determinar las causas de la paralización o el no inicio de las obras cuyos convenios fueron dejados sin efecto mediante la Resolución 22-E/2017. En caso que dichas auditorías hayan finalizado, informe si se iniciaron las acciones administrativas y legales correspondientes estipuladas en dicha Resolución. En caso que las auditorías no hubieran finalizado aún, indique el avance de las mismas y si se ha presentado el avance mensual requerido.

Señor presidente:

Mediante el presente pedido de informes se desea tomar acabado conocimiento sobre los controles que realiza la Secretaría de Vivienda, bajo la órbita del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, sobre los fondos que integran el Fo.Na.Vi. (Fondo Nacional de la Vivienda). Este fondo forma parte del Sistema Federal de la Vivienda, creado por la Ley 24.464.

El Sistema Federal de la Vivienda tiene como objeto facilitar las condiciones necesarias para posibilitar a la población de recursos insuficientes, en forma rápida y eficiente, el acceso a la vivienda digna, conforme lo previsto en el artículo 14 de la Constitución Nacional. Este Sistema está integrado por el mencionado Fo.Na.Vi., por el Consejo Nacional de la Vivienda, y por los organismos de vivienda provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires.

En su artículo 9°, la Ley 24.464 estipula que el Poder Ejecutivo Nacional, a través del órgano competente, deberá auditar la aplicación realizada del Fo.Na.Vi. en cada jurisdicción al término de cada ejercicio fiscal. En el mismo sentido, se indica que en caso de detectarse incumplimientos deberá cursarse comunicación al Poder Legislativo de la jurisdicción respectiva y al Consejo Nacional de la Vivienda.

Por otra parte, el Decreto 2483/93 del Poder Ejecutivo Nacional faculta a la Secretaría de Vivienda y Calidad Ambiental del Ministerio de Salud y Acción Social para auditar el destino dado a los recursos del Fo.Na.Vi., y determina que esta Secretaría deberá producir informes trimestrales de la gestión de dicho fondo. Actualmente, la Secretaría de Vivienda se encuentra bajo la órbita del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda. A su vez, esta Secretaría está integrada por la Dirección Nacional de Vivienda Social, de la cual se desprende la Dirección de Inspección de Obras (ex Dirección Nacional de Inspección de Obras y Control del Fo.Na.Vi.). La Dirección de Inspección de Obras es la dependencia encargada de llevar adelante las auditorías mencionadas previamente respecto al manejo de los fondos del Fo.Na.Vi.

En los últimos meses, se han vuelto de público conocimiento mediante publicaciones de prensa (La Nación, 16 de marzo del 2018) supuestas irregularidades detectadas por el Gobierno en relación a la utilización de los fondos para las viviendas por parte de distintas jurisdicciones. En dicho artículo, se hace mención a denuncias contra institutos provinciales de vivienda por uso discrecional de los fondos, abusos por parte de los mismos, y no cumplimiento de los criterios de adjudicación estipulados. Incluso se hace alusión a funcionarios, presuntamente gestores, que exigían adelantos en efectivo para otorgarle las viviendas a los beneficiarios. Además, fuentes no citadas por el artículo, presuntamente oficiales, manifiestan que la Ley 24.464 obliga a las provincias “a repartir los fondos de acuerdo a criterios de vulnerabilidad. Pero ninguna provincia, o casi ninguna, los cumple”.

Es por este motivo que resulta particularmente pertinente controlar la eficacia de las auditorías que debe realizar el Poder Ejecutivo Nacional, a través de la Dirección de Inspección de Obras, sobre el uso que los institutos provinciales le dan a los fondos del Fo.Na.Vi. Cabe preguntarse si dichas auditorías han logrado detectar las irregularidades a las cuales se hace mención, y posteriormente cuáles fueron las acciones que se habrían tomado al respecto.

Las observaciones hasta aquí realizadas derivan en las indagaciones realizadas en los puntos 1) y 2) del presente pedido de informe. Por otra parte, el punto 3) surge de una situación más específica, en relación a la Resolución 22-E/2017 dictada por la Secretaría de Vivienda. En la misma, se dejan sin efecto distintos convenios particulares que tenían por objeto la ejecución de proyectos de viviendas, pero que, según relevamientos de dicha Secretaría, quedaron paralizados o carecen de inicio de ejecución. Adicionalmente, en esta Resolución se encomienda a la Dirección Nacional de Inspección de Obras y Control del Fo.Na.Vi. (actual Dirección de Inspección de Obras) a que realice las auditorías correspondientes e informe el avance mensual de las mismas, con el objeto de determinar las causas de la paralización o no inicio de las obras correspondientes a dichos proyectos. En el mismo sentido, se le encomienda además realizar las acciones administrativas y legales pertinentes en función de las observaciones que surjan de la auditoría.

La transparencia en la gestión pública y el respeto a los marcos institucionales son dos demandas urgentes que la sociedad ha expresado de manera contundente a través de su voto. Es entonces primordial que el Poder Ejecutivo, en su rol de contralor, tome todas las medidas que estén a su alcance a fin de vigilar el estricto cumplimiento de todos los marcos normativos existentes. Con el presente pedido de informe se busca corroborar que ese mandato está efectivamente siendo llevado a cabo con la rigurosidad que dicha misión requiere.

Esta iniciativa es una reproducción del Expediente N° 3469-D-2018 y 1608-D-2019 de mi autoría.

Por todo lo expuesto es que solicito la aprobación del presente proyecto.