Citar a la Ministra de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Marcela Miriam Losardo, en los términos del artículo 71 de la Constitución Nacional y del artículo 204 del Reglamento de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, a fin de que informe verbalmente a la Comisión de Justicia de esta Cámara cuál va a ser el criterio objetivo que el Poder Ejecutivo utilizará para resolver las renuncias que presenten los magistrados del Poder Judicial de la Nación y del Ministerio Publico de la Nación como consecuencia de la reforma jubilatoria impulsada por el gobierno nacional, que prontamente sería sancionada por el Congreso.

Señor presidente:

La Cámara de Diputados de la Nación recientemente aprobó un proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo que tiene por objetivo modificar la ley que regula las jubilaciones y pensiones de los Magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público y, entre otros aspectos, las reduce sustancialmente. Como es de público conocimiento, dicho proyecto será prontamente tratado por el Senado y convertido en ley.

Frente a dicha situación, hemos advertido que una gran cantidad de magistrados presentarían sus renuncias —en efecto, muchos de ellos ya lo han hecho— a fin de evitar ser alcanzados por la inminente nueva normativa y, así, conservar sus jubilaciones de acuerdo al régimen legal actual que les garantiza un mejor haber jubilatorio; y que, así, se produciría el “vaciamiento” del Poder Judicial puesto que hay una enorme cantidad de magistrados —trescientos aproximadamente— en condiciones de iniciar los trámites jubilatorios.

Asimismo, —en sintonía con lo expuesto en el parágrafo anterior— sostuvimos que ocurriría el colapso del Poder Judicial puesto que pasaría a funcionar con el 50% de los magistrados necesarios —como consecuencia de las masivas renuncias y de los 250 cargos, aproximadamente, que actualmente se encuentran vacantes—, lo cual tornaría imposible la prestación de un adecuado servicio de justicia.

Sumado a ello, cabe destacar que el proyecto que cuenta con media sanción eliminó la posibilidad de convocar a los magistrados jubilados para reemplazar a quiénes dejan los cargos, razón por la cual el impacto en el funcionamiento de la justicia sería aún peor.

Es por ello que, a nuestro entender, la iniciativa del Poder Ejecutivo no tuvo en miras “eliminar las jubilaciones de privilegio” —tal como se desprende del mensaje que acompaña al mencionado proyecto— sino, por el contrario, obtener masivas renuncias de magistrados; para, de esta manera, poder cubrir las vacantes que se generen con nuevos magistrados designados por el actual gobierno. Dicho en otras palabras, la reforma jubilatoria esconde un verdadero avasallamiento a la justicia, tal como tantas veces lo hizo la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en su gobierno, a fin de cooptarla y evitar investigaciones en su contra.

En este contexto, a través de una nota periodística publicada en el sitio web infobae.com [1], hemos tomado conocimiento que el gobierno de Alberto Fernández —del cual la señora Losardo es Ministra de Justicia y Derechos Humanos— “administraría las renuncias” que presenten los magistrados como consecuencia de la inminente reforma jubilatoria. Según la nota mencionada, tal afirmación la habría hecho “un funcionario del Poder Ejecutivo que trabaja en el área judicial” quien, además, habría dicho que “hasta que no es aceptada el juez o el fiscal no puede irse. Y si vemos que la salida puede complicar el funcionamiento vamos a administrar cuándo las aceptamos”; “si hay ocho jueces penales que renunciaron antes de aceptarla, completaremos los cargos vacantes y a medida que eso ocurra vamos a dejar ir a los que renunciaron".

Dichas afirmaciones revisten de una enorme gravedad institucional puesto que revelan que el Poder Ejecutivo decidirá a qué jueces les acepta la renuncia y a cuáles no, bajo un criterio que desconocemos, y como parte de un plan arbitrario tendiente a garantizar el “funcionamiento de la justicia”. Por lo tanto, consideramos indispensable que la Ministra de Justicia y Derechos Humanos informe a este cuerpo legislativo, verbalmente, cuál va a ser el criterio que el Poder Ejecutivo utilice para resolver las renuncias de los magistrados puesto que, si se tratara de una decisión absolutamente discrecional y arbitraria, estaríamos frente a un hecho que atenta contra el sistema republicano de gobierno.

Si bien es cierto que el procedimiento de renuncia de los magistrados culmina con la aceptación de dicha renuncia por parte del Poder Ejecutivo, resulta evidente que ello es una mera formalidad y, consecuentemente, no podría utilizarse como una maniobra discrecional —tal como pretende hacer el gobierno nacional— tendiente a mantener en funciones a magistrados que ya han manifestado su voluntad de jubilarse pero que, sin embargo, son funcionales a los intereses del gobierno de turno; toda vez que dicha circunstancia culminaría con la independencia del Poder Judicial.

A nuestro entender, a través de la “administración de renuncias” se esconde la clara intención del gobierno de Alberto Fernández de mantener en el cargo a los “jueces y fiscales amigos” —asegurándoles la jubilación de acuerdo al régimen actual puesto que al haber renunciado e iniciado la jubilación previamente a la sanción de la reforma, por más que la renuncia no sea aceptada por el Poder Ejecutivo, les regiría la ley vigente al momento de comenzado el trámite— y de “liberarse” de aquellos jueces y fiscales que se encuentren investigando a Cristina Fernández de Kirchner, a funcionarios de su gobierno y de la actual Administración.

De esta manera, el gobierno no solo podrá nombrar una gran cantidad de magistrados —como consecuencia de las masivas renuncias— sino que, además, podrá “retener” en funciones a aquellos magistrados funcionales a la actual gestión, no aceptándoles la renuncia. Más aún: podría ocurrir que un magistrado acuerde con el gobierno presentar su renuncia, iniciar su jubilación y no investigar a la actual gestión a cambio de que la renuncia no sea aceptada y, de esta manera, pueda continuar ejerciendo el cargo, habiéndose asegurado la futura jubilación de acuerdo a la ley actual.

Como puede apreciarse, la situación descripta —que surge de la información vertida en la nota periodística mencionada— evidencia la consumación de un pacto de impunidad entre el gobierno nacional y algunos miembros del Poder Judicial a fin de garantizar el cierre de todas las investigaciones penales existentes contra la actual vicepresidente y demás funcionarios vinculados a ella y al presidente de la Nación.

En suma, insistimos en mencionar que con la reforma jubilatoria impulsada por el gobierno nacional se pretende avasallar al Poder Judicial —afectando severamente su independencia—, alterando el orden constitucional y, consecuentemente, lesionando el sistema democrático y republicano.

En efecto, los jueces honestos renunciarán y se jubilarán antes de que la reforma sea sancionada; y, por el contrario, los jueces corruptos no se jubilarán y seguirán ejerciendo su función o, iniciaran la jubilación, y pactaran con el gobierno que la renuncia no les sea aceptada, a cambio de brindar impunidad, tal como, lamentablemente, tantas veces ha ocurrido en nuestro país.

Por lo tanto, frente a las peligrosas y preocupantes declaraciones mencionadas, propiciamos que la ministra Losardo sea convocada a esta Cámara a fin de que nos informe los criterios que regirán los procesos de aceptación o rechazo de las renuncias de los magistrados y las medidas que se adoptarán a fin de evitar el colapso del Poder Judicial y, consecuentemente, el modo en que garantizarán la prestación de un adecuado servicio de justicia.

En virtud de lo expuesto precedentemente solicitamos la aprobación del presente proyecto de resolución.

[1] Nota periodística titulada “La estrategia del Gobierno para evitar el éxodo de jueces y fiscales por los cambios en las jubilaciones especiales”, publicada el 2 de marzo de 2020 en infobae.com. Disponible en https://www.infobae.com/politica/2020/03/02/la-estrategia-del-gobierno-para-evitar-el-exodo-de-jueces-y-fiscales-por-los-cambios-en-las-jubilaciones-especiales/