Declarar de interés de esta Honorable Cámara de Diputados la auditoría ordenada por el Plenario del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación (Resolución N° 342/16 y complementarias) sobre los Juzgados y demás Tribunales Federales con competencia en materia penal de todo el país, respecto de la tramitación de causas judiciales que involucren delitos de corrupción.

Exhortar al Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación a continuar y profundizar la referida auditoría, haciendo especial hincapié en los Juzgados Nacionales en lo Criminal y Correccional Federal, y facilitando y transparentando el acceso público a la información producida.

Señor presidente:

Con fecha 30 de junio de 2016, el Plenario del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación resolvió, mediante resolución 342/16, lo siguiente: “1. Disponer la realización de una auditoría de relevamiento sobre los Juzgados y demás Tribunales Federales con competencia en materia penal de todo el país respecto de la tramitación del universo de causas judiciales que se definen a continuación. 2. Disponer que el objeto de la auditoría estará dado por el relevamiento de datos correspondientes a las causas judiciales que cumplan los siguientes parámetros: a) que hayan sido iniciadas o tramitadas entre los años 1996 y 2016; b) que su objeto sea la investigación de delitos previstos en los capítulos VI, VII, VIII, IX, IX bis y XIII del título XI o en el título XIII del Código Penal; y d) que haya existido requerimiento de instrucción por parte del agente fiscal.”

Dicha auditoría había sido inicialmente requerida por el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires debido a la dilación en el trámite de los procesos judiciales en los que se ventilan causas de corrupción contra la administración pública.

Al requerimiento mencionado adhirieron, en su momento, la Sociedad de Abogados Penalistas de Buenos Aires, la Asociación Será Justicia y la Federación Argentina de Colegios de Abogados. Con posterioridad, en el mes de junio de 2016, hicieron lo propio 20 (veinte) organizaciones de la sociedad civil, entre las que se encontraban: Poder Ciudadano, la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC).

Asimismo, cabe subrayar que ésta auditoría adquirió, luego, carácter permanente y continuo mediante resolución CM 733/16, a fin de contar con un proceso de auditoría continuada sobre áreas que son consideradas socialmente sensibles.

El 12 de abril de 2018, el Consejo de la Magistratura dio a conocer, mediante la resolución CM 147/18, algunos de los datos principales relevados hasta ese momento. En ella se destaca lo siguiente: “han sido auditados 147 sedes judiciales y 294 jueces y juezas federales, comprendiendo un período de 20 años (1996-2016), sobre un total de 9.476 causas informadas, de las cuales, 2.178 se encuentran en trámite y 7.298 culminadas…”.

Asimismo, de un análisis pormenorizado de los datos se advierte que, dentro de la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional Federal: a) 11 (once) de los 12 (doce) Juzgados dictan autos de procesamiento en menos del 18% de los expedientes en trámite; b) 4 (cuatro) de esos 11 (once) Juzgados, lo hacen en menos del 10% de los casos; c) el promedio de duración de las causas en trámite es de 3 años y 6 meses; y e) salvo un Juzgado, todo el resto tiene causas en trámite hace más de 10 (diez) años, llegando un Juzgado a tener 12 (doce) de estas causas y otro, 8 (ocho).

A partir de estos resultados alarmantes, la presente auditoría debe entenderse como un proceso permanente y continuado (no como un acto de ejecución instantánea) en áreas que son sensibles para la sociedad y de notable utilidad para el diseño de políticas judiciales y criminales. A su vez, esta labor permite la comparación interanual, disipando dudas, ofreciendo certezas y, lo que resulta aún más trascendente, una base cierta para el diseño de políticas de gestión judicial.

Así, una auditoría como la descripta permite no sólo analizar la eficiencia del sistema de Justicia frente a los procesos criminales relacionados con delitos contra la Administración Pública en los que se encuentren involucrados funcionarios públicos, sino además, verificar que se cumpla con la obligación del Estado argentino de impartir justicia en “plazos razonables”, conforme los criterios y sentencias de la CIDH, y con el nuevo Código Procesal Penal (ley 27.063), que contempla un plazo de duración máxima del proceso penal de 3 años para delitos no complejos y de 6 años para delitos complejos.

Por su parte, la referida auditoría comprende, además, el cumplimiento del principio de acceso a la información pública, conforme los parámetros y paradigmas de la ley 27.275 y, por tanto, resulta impostergable el desarrollo de un Portal de Datos Abiertos en materia de Auditorías, que posibilite la comunicación de los datos recibidos y la participación ciudadana respecto de dicha información y sus derivados, en formato electrónico; accesible y comunicable.

La corrupción es un fenómeno que corroe las bases mismas de la sociedad y de las instituciones públicas y privadas. La organización internacional Transparencia Internacional subraya que, 2018 ha evidenciado un preocupante nexo entre la corrupción y la salud de las democracias, observándose que aquellos países con altos índices de corrupción registran también, instituciones democráticas y derechos políticos más débiles.

El Poder Judicial tiene un rol determinante en la lucha contra la corrupción. Diversos estudios transnacionales han demostrado que allí donde existen niveles altos de independencia judicial, la corrupción se mantiene a raya. Por el contrario, aquellos países con sistemas judiciales dependientes de intereses y poderes externos, ven seriamente afectadas todas sus instituciones.

En Argentina, la situación es alarmante. En 2017, la encuesta elaborada anualmente por Latinobarómetro arrojó como resultado que, alrededor del 70% de la población considera que los niveles de corrupción de la Justicia argentina se encuentran dentro el cuartil más elevado.

Este descrédito generalizado del Poder Judicial encuentra un eco agravado en la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional Federal. La Coalición Cívica ha denunciado sistemáticamente su mal desempeño. Los resultados publicados en el marco de la Auditoría del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación, le dan la razón. Asimismo, los hechos de público y notorio conocimiento que han tenido lugar en el último tiempo, lo confirman.

Hoy, los Juzgados Nacionales en lo Criminal y Correccional Federales de Comodoro Py están sospechados de administrar la impunidad de los distintos gobiernos en la Argentina. Por tal motivo, deviene urgente transparentar su funcionamiento. Continuar y profundizar la Auditoría ordenada en 2016 por el Consejo de la Magistratura, es un paso importantísimo en esa dirección.