Expresar su más profundo repudio y preocupación ante el injusto encarcelamiento de cinco trabajadores estatales de Río Gallegos, Provincia de Santa Cruz, detenidos sin condenas ni pruebas en su contra por el sólo hecho de haber reclamado mejoras laborales y salariales, a mediados de octubre de 2013.

Asimismo, expresar toda nuestra solidaridad con Alberto Arteaga, Ernesto Apendino, Juan José Vera, Diego Reyes y Patricia Benítez, y sus familias.

Señor presidente:

Traemos a consideración de este cuerpo un proyecto de resolución que expresa solidaridad con los trabajadores de ATE Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, injustamente encarcelados por haber llevado adelante una lucha por mejores condiciones de trabajo y aumentos salariales en octubre de 2013.

En el marco de esa lucha, el viernes 18 de octubre de 2013, se produjo en Río Gallegos el incendio total del edificio donde se desarrollaban las negociaciones paritarias de los trabajadores públicos de la provincia de Santa Cruz, representados por los sindicatos de ATE, UPCN y APAP.

Por los hechos mencionados, cinco trabajadores estatales de Río Gallegos, activistas y afiliados de ATE, fueron injustamente acusados y en la actualidad están presos en calabozos de Santa Cruz. Son Alberto Arteaga, Ernesto Apendino, Juan José Vera, Diego Reyes y Patricia Benítez. Consideramos que se trata de cinco presos políticos que sin condena y sin prueba en su contra, están encerrados hace casi un año. Se encontraban reclamando por mejores condiciones de trabajo y por un salario acorde a la canasta familiar, y les armaron una causa para acusarlos de incendiar un edificio. Ni una prueba sustenta esta acusación, y los testigos que declararon en la causa judicial son policías y personas que no estaban en el lugar de los hechos.

Su detención se dio en el marco de una enorme lucha de los estatales por el salario y las condiciones laborales. En la paritaria que se llevaba adelante, exigían terminar con sus sueldos de hambre, en una provincia de ganancias extraordinarias de las petroleras instaladas allí.

El sueldo promedio era de $ 4.200, cuando en ese momento la canasta básica alimentaria en esa provincia era de $ 12.400 y el gobierno ofrecía miserables $ 180 de aumento. Los trabajadores venían siendo víctimas de brutales represiones ordenadas por el Gobierno, pero a pesar de ello su pelea seguía firme.

El 18 de octubre de 2013 se produce un incendio del edificio de la Subsecretaria de la Función Pública en Río Gallegos, donde se desarrollaban las reuniones paritarias. La investigación del incendio recayó en el Juzgado de Primera Instancia Nº 2 de Instrucción a cargo de la Dra. María Valeria López Lestón, quien ordenó detener a los trabajadores y los procesó por los cargos de estrago doloso, daño agravado y lesiones leves agravadas reiteradas.

Marcamos sólo unos ejemplos para ilustrar el carácter armado de la causa: la mayoría de los testigos que declaran son policías, que estando presentes en el momento no intervinieron; la Jueza citó a personas a declarar que ni siquiera se encontraban en la ciudad el día del hecho; varios de los detenidos no estaban en el lugar y de los otros la Justicia sólo tiene como prueba fotos de los mismos, pero ninguna probatoria que los relacione con el incendio; había un camión de bomberos a sólo 100 metros del edificio que no intervino y la Jueza no indagó porqué y quién dio esa orden.

Por estos hechos decimos que se trata de una investigación amañada, parcializada y direccionalizada para condenar a los trabajadores.

En la misma línea de criminalizar a los que luchan, la Cámara en lo Criminal, rechazó tres veces los pedidos de excarcelación aduciendo peligro de fuga y peligrosidad. Recordamos que se trata de 5 trabajadores estatales que sólo reclamaban un aumento salarial digno para ellos y sus familias. Este rechazo al pedido de excarcelación constituye una muestra más de para quién juega la justicia, ya que los trabajadores se habían presentado en la primera oportunidad a declarar de manera espontánea convencidos de su inocencia.

Como si todo esto fuera poco, la Jueza ordenó también que los trabajadores no cobren más su sueldo y quitarles las asignaciones familiares. Todos los trabajadores detenidos tienen hijos.

Hoy los trabajadores de ATE están presos en la Alcaldía y en la Comisaría Quinta de Río Gallegos. Sólo Patricia Benítez tiene prisión domiciliaria por razones de salud. Así funciona la justicia en esta provincia que tiene actualmente más de 600 procesados por luchar y cinco trabajadores petroleros de Las Heras condenados a perpetua también en una causa fraguada, armada en base a declaraciones sacadas bajo tortura.

Además, Diego Reyes, uno de los detenidos que actualmente está preso en la Comisaría Quinta de Gallegos denunció que fue víctima de apremios ilegales.

La Comisión por la Libertad de los Presos de ATE junto a la CTA (Santa Cruz), acompañados por organismos de derechos humanos nucleados en el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia dieron impulso a una campaña nacional para que los trabajadores sean liberados de inmediato.

Días atrás familiares de los detenidos, junto con el secretario de prensa de ATE Santa Cruz, viajaron a Buenos Aires para poder comenzar una gran campaña nacional, dar a conocer a todos los trabajadores y organizaciones la situación de los compañeros y la necesidad de luchar por su libertad. Además, el 9 de septiembre se ha presentado un nuevo recurso de casación, ante el Tribunal Superior de Santa Cruz. Este tribunal tiene un mes para decidir sobre la excarcelación de los trabajadores injustamente detenidos.

Este proyecto es parte de esta campaña para visibilizar esta denuncia y seguir exigiendo la libertad de estos trabajadores.

Por las razones expuestas, solicitamos la aprobación del presente proyecto de resolución.