Repudiar el intento de procesar a Miguel Del Plá, Gabriela Ance, Juan Manuel Valentín, Claudio Wasquin, Diego Barrionuevo y Hugo Jerez, todos secretarios y dirigentes de la CTA de Santa Cruz y del gremio docente ADOSAC, por parte de la jueza Rosana Suárez y el Fiscal de Estado Fernando Tanarro, por participar de una marcha en abril de 2017 frente a la Residencia de Alicia Kirchner, lo cual constituye una inadmisible criminalización de la protesta.

Denunciar la criminalización de los trabajadores y su organización sindical como un intento de aleccionar al movimiento obrero y quebrar sus luchas, como la que en este se desarrolló en legítima protesta por el no pago de sus salarios. Son cientos los procesados por luchar en Santa Cruz, incluidos compañeros jubilados que acamparon durante meses.

Brindar todo su apoyo a la lucha de los trabajadores de la provincia de Santa Cruz, quienes se organizan contra el ajuste impulsado por el gobierno provincial de Alicia Kirchner y el gobierno nacional de Mauricio Macri.

Señor presidente:

Las imputaciones contra Diego Barrionuevo, Juan Valentín, Claudio Wasquin, Gabriela Ance, Hugo Jerez y Miguel Del Pla, que participaron de una marcha en abril de 2017 frente a la Residencia de Alicia Kirchner, para reclamar los salarios adeudados de los trabajadores de Santa Cruz, forman parte de una acentuada política persecutoria por parte del Estado Provincial y Nacional.

El día en que se desarrollaba la movilización, espontánea y multitudinaria, para reclamar el cobro de los salarios, se desató una feroz represión por parte de la infantería que se cobró varios heridos, que se suma a los trabajadores heridos en junio de 2016 y a las graves heridas contra una dirigente de ADOSAC en diciembre de 2017. Son cientos los procesados por luchar en Santa Cruz, incluidos el sector de jubilados que acamparon durante meses.

Más de un año después de los hechos, el Fiscal de Estado Fernando Tanarro ha impulsado una causa, netamente política, por medio de la cual se intenta criminalizar a militantes de ADOSAC, dirigentes de CTA y gremialistas estatales. Las políticas de ajuste a nivel nacional y provincial no pasan sin represión y persecución a los que luchan.

Las rebajas salariales en la provincia de Santa Cruz son muy profundas. En un año en que la inflación alcanzará el 50%, los salarios de los docentes han tenido un aumento de solo el 13%, mientras que en los empleados públicos, viales y demás sectores ha sido de entre un 15% a un 25%. Ello cuando en todo 2017 los docentes solo recibieron un 8% desde diciembre, y que se adeuda desde el mes de abril por supuestos conflictos entre provincia y nación.

La organización de todos los sectores de la población para enfrentar este avance en la desvalorización del salario y el ataque a los convenios colectivos de trabajo y condiciones de vida, ha sido víctima además de la política persecutoria y de amedrentamiento por parte del gobierno de Alicia Kirchner, en sintonía con el gobierno Nacional, que entienden que para hacer pasar el ajuste deben quebrar esta organización.

El avance de esta causa, se produce justamente en momentos en que el gobierno nacional está empeñado en acentuar sus rasgos represivos, con el protocolo de Patricia Bullrich, que legaliza el gatillo fácil.

Manifestamos toda nuestra solidaridad y apoyo a los trabajadores criminalizados por luchar.

Por todos estos motivos, solicitamos a los diputados el acompañamiento al presente Proyecto de Declaración.