Solicitar al PEN, y por su intermedio, a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable que informe lo siguiente:

1. Si se han adoptado medidas o cuales se planifican tomar en función del incumplimiento de la ley de bosques, Ley N° 26331, y del principio precautorio establecido por la ley general del ambiente, Ley N° 25.675 por parte de los gobiernos de las provincias de Salta y Santiago del Estero, según informa la Auditoria General de la Nación.

2. Si se ha efectuado un análisis del cumplimiento de la ley de bosques, Ley N° 26331, por parte del resto de las provincias. En caso de respuesta afirmativa informe los resultados y medidas adoptadas al respecto según cada caso.

3. Si ha evaluado el impacto sobre los bosques nativos que tendrá el plan alimentario nacional, que plantea la incorporación a la producción de 6 millones de hectáreas.

4. Listado de los proyectos de conservación presentados en las provincias de acuerdo a la Ley N° 26331, detallando las características de los mismos, ubicación, titulares, montos asignados y montos efectivamente girados.

5. Montos totales percibidos por cada provincia de acuerdo a lo establecido por la ley Ley N° 26331, y montos adeudados a las mismas.

6. Si se ha efectuado un relevamiento de cuál fue la finalidad que cada provincia le dió a los fondos recibidos en virtud de la ley Ley N° 26331. Resultados.

Señor presidente:

La Auditoria General de la Nación ha emitido un informe donde analiza el grado de cumplimiento de la Ley N° 26331, ley de Presupuestos mínimos de protección ambiental, más conocida como la ley de bosques. En ese análisis la AGN señala que las provincias de Salta y de Santiago del Estero son las que muestran el mayor grado de incumplimiento de la mencionada ley.

La AGN señala también, que ambas provincias, al permitir la recategorización desde una zona de mayor protección a otra de menor, con el fin de autorizar desmontes, estarían violando el principio precautorio establecido en la ley general del ambiente.

Desde la sanción de la ley de bosques hasta la fecha se han deforestado en Salta, 350.000 hectáreas, la segunda en el país después de Santiago del Estero. En el caso del Chaco salteño, en los últimos años la tasa de desmonte a superado largamente la tasa mundial. En su momento estó llevó a que comunidades originarias hicieran una presentación ante la Corte Suprema de Justicia, la cual ordenó una medida cautelar suspendiendo los desmontes en cuatro departamentos de Salta. Esta medida fue levantada en 2011, cuando a entender de científicos e investigadores no existían condiciones para hacerlo.

Estos desmontes se deben principalmente al avance del cultivo de soja. Esto trae como consecuencia la perdida de los efectos benéficos del bosque tales como la biodiversidad de especies, el control del ciclo hidrológico, o el control de la erosión del suelo, entre otros. Al mismo tiempo el avance de los desmontes se hizo a costa del desalojo de comunidades originarias y campesinos criollos, muchos de cuales han pasado a formar parte de las periferias de poblados cercanos o de las capitales de ambas provincias.

El anuncio por parte del gobierno nacional, a través del Ministro de Agricultura, de un plan estratégico agroalimentario, agravará la situación ya que prevee la incorporación de 6 millones de hectáreas a la producción. En línea con esto está la reactivación del ferrocarril Belgrano, la cual será financiada por China, con el objeto de facilitar la exportación de productos primarias hacia ese país. Todo esto se da en la región chaqueña que incluye a las provincias del NOA y NEA.

Esta situación no puede pasar inadvertida por los representantes del pueblo, es por ello que solicitó a los señores diputados la aprobación del presente proyecto.