Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional, en los términos del artículo 71 de la Constitución Nacional y del artículo 204 del Reglamento de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, a fin de que disponga la inmediata concurrencia del Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Dr. Germán Garavano, y de la Secretaria de Ética Pública, Transparencia y Lucha contra la Corrupción de la Nación, Lic. Laura Alonso, a fin de que brinden informes verbales sobre las acciones emprendidas por dicha Secretaría respecto a los siguientes casos de reciente conocimiento público que involucran a funcionarios del Gobierno nacional:

1 - Valentín Díaz Gilligan, quien acaba de renunciar como subsecretario General de la Presidencia, no declaró ante el Estado argentino una cuenta con 1,2 millones de dólares que tenía la empresa Line Action, dedicada a la compra y venta de jugadores de futbol, que pertenecía en un 100% a empresa panameña llamada Nashville North Inc, en la Banca Privada d'Andorra. Díaz Gilligan, según reveló el diario madrileño El País, figuró como el propietario de Line Action -una empresa con sede en el Reino Unido- hasta el 3 de noviembre de 2014, mientras era director general de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires.

2 - El ministro de Finanzas de la Nación, Luis Caputo, fue administrador de Axis Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión antes de asumir como funcionario de Cambiemos. Se trata de un fondo creado por el Deutsche Bank, exempleador del ministro. Se conoció que Axis cobró $540 mil en concepto de comisiones por parte del Fondo de Garantía y Sustentabilidad (FGS) de la Anses, según develó una investigación periodística del sitio Letra P. Axis intervino en la colocación de recursos del FGS en Lebacs. La autorización de esa operación fue realizada por el Comité Ejecutivo del FGS que integra el secretario de Finanzas, Santiago Bausili, un subordinado de Luis Caputo. La inversión total en Lebac arrojó beneficios por $90 millones para el FGS, de los cuales Axis cobró una comisión de 0,6%. De acuerdo a Letra P, la Anses le pagó a Axis un total $540 mil.

3 – También por publicaciones periodísticas, la semana pasada se conoció que Luis Caputo había ocultado que era dueño de empresas offshore en las Islas Caimán. Documentos oficiales del organismo regulador bursátil de Estados Unidos revelaron que, a través de esas offshore, Caputo era uno de los accionistas de la firma Noctua. Si bien siempre negó su participación accionaria en el fondo de inversión con sede en Miami, los archivos de la Securities and Exchange Commission (SEC) demuestran que fue dueño de la firma entre mediados de 2009 y, por lo menos, mediados de 2015. En junio del año pasado, Noctua Asset Management adquirió 5 millones de dólares del bono a cien años emitido por el propio Caputo como ministro de Finanzas. Este funcionario fue empleado del Deutsche Bank y J.P. Morgan, que están actuando como los principales intermediarios de la colocación de deuda pública que autoriza el mismo Caputo.

4 - Las empresas General Lighting Systems (GLS) y Philco, ligadas a las familias del presidente Mauricio Macri y del jefe de Gabinete, Marcos Peña, se alzaron a fines del año pasado con los contratos realizados entre el gobierno porteño y varios municipios bonaerenses para reemplazar las luminarias públicas callejeras por artefactos LED que consumen menos electricidad. Los contratos son financiados por la Nación mediante el Plan de Alumbrado Eficiente (PLAE). Las compañías en cuestión, General Lighting Systems (GLS) y Philco, se impusieron en licitaciones convocadas por los gobiernos porteño, de Pilar, de Vicente López y de Morón debido a que ofrecen luminarias importadas de China, más baratas que las de producción local. La denuncia fue publicada por el periodista Alejandro Bercovich en el Diario BAE.

5 - Jorge Triaca, Ministro de Trabajo de la Nación, sigue en el foco ya que luego de que se conociera que tenía una empleada doméstica en negro -a la que insultó brutalmente en un mensaje de audio mediante el cual la despedía- y a la que nombró como empleada del SOMU, sindicato intervenido por su cartera, se conocieron nuevas denuncias de al menos 50 designaciones irregulares de familiares, amigos y militantes del Ministro en dicho sindicato intervenido.

Señor presidente:

Traemos a consideración el presente proyecto de resolución a fin de solicitar la presencia del Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Dr. Germán Garavano, así como de la Licenciada Laura Alonso, Secretaria de Ética Pública, Transparencia y Lucha contra la Corrupción de la Nación, a fin de que brinden explicaciones verbales sobre los últimos casos conocidos gracias a investigaciones periodísticas que comportan acciones de funcionarios públicos del gabinete nacional reñidas con la “transparencia, la ética pública y la lucha contra la corrupción”. No es nuevo ni puntual este proceder de funcionarios del gobierno, para quienes es una práctica habitual radicar empresas y cuentas en paraísos fiscales, realizar ellos mismos o sus socios o familiares negocios incompatibles con la función pública, una práctica plagada de “conflictos de intereses”, llegando al extremo de ocultar pruebas mientras enarbolan la bandera de la transparencia.

Los casos recientes que referimos, conocidos tan sólo en los primeros días que transcurren desde que comenzó el corriente año, merecen una inmediata explicación por parte de Laura Alonso ante esta Cámara en su carácter de titular de la Oficina Anticorrupción. Queremos saber qué medidas ha tomado, qué investigaciones ha iniciado y todo lo concerniente al proceder del organismo que conduce, que pareciera haberse convertido más que en un órgano de contralor de los funcionarios públicos, en un organismo de justificación de sus acciones reñidas con la ley. Describiremos brevemente los casos por los cuales solicitamos informes:

Valentín Díaz Gilligan , quien acaba de renunciar a su cargo de Subsecretario General de la Presidencia luego del escándalo desatado, no declaró ante el Estado argentino una cuenta con 1,2 millones de dólares que tenía la empresa Line Action, dedicada a la compra y venta de jugadores de fútbol, que pertenecía en un 100 % a empresa panameña llamada Nashville North Inc, en la Banca Privada d'Andorra. Díaz Gilligan, según reveló el diario madrileño El País, figuró como el propietario de Line Action -una empresa con sede en el Reino Unido- hasta el 3 de noviembre de 2014, mientras era director general de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires.

El dato que no puede pasar desapercibido es que ese pequeño país, Andorra, es uno de los lugares preferidos para la radicación de empresas y cuentas offshore. Como siempre, el ahora ex funcionario acusado dijo no ser responsable. Díaz Gilligan "explicó" la cuenta por la relación que tenía con el empresario Paco Casal. "Casal tenía problemas en su país y me pidió el favor. Tenía un juicio con el fisco que ganó y no podía figurar. Confiaba en él. La plata nunca fue mía. Además, yo no ejercía entonces cargo público. Era asesor y facturaba como autónomo", le dijo Díaz Gilligan a El País. La renuncia de Díaz Gilligan no cambia el hecho que ocultó la información de su cuenta en Andorra.

También el ministro de Finanzas, Luis Caputo, ha sido señalado por dos casos recientes de conflicto de intereses y negocios incompatibles con la función pública. Caputo fue administrador de Axis Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión antes de asumir como funcionario de Cambiemos. Se trata de un fondo creado por el Deutsche Bank, exempleador del ministro. Hace pocas semanas se conoció que Axis cobró $ 540 mil en concepto de comisiones por parte del Fondo de Garantía y Sustentabilidad (FGS) de la Anses, según develó el periodista Sebastián Lacunza en el sitio Letra P. Axis intervino en la colocación de recursos del FGS en Lebacs. La autorización de esa operación fue realizada por el Comité Ejecutivo del FGS que integra el secretario de Finanzas, Santiago Bausili, un subordinado de Luis Caputo. La inversión total en Lebac arrojó beneficios por $ 90 millones para el FGS, de los cuales Axis cobró una comisión de 0,6 %. De acuerdo a Letra P, la Anses le pagó a Axis un total $ 540 mil.

La información fue retaceada a ese medio periodístico durante cuatro meses: "La renuencia a dar a conocer una información pública puede tener que ver con el hecho de que es de por sí extraño que el FGS haya apelado a un intermediario para invertir en letras del Banco Central. Es decir, el Estado —ANSES— compró papeles del Estado —Banco Central— y, para ello, prefirió solicitar la intermediación de una pequeña firma privada creada por uno de los funcionarios encargados de dirigir la operación", explicó Letra P. Desde septiembre de 2017, existe una denuncia realizada por Gabriel de Vedia, titular de la Fiscalía de Investigación de Delitos de la Seguridad Social, por presunto conflicto de intereses de Caputo. La denuncia está radicada en el Juzgado Federal de Luis Rodríguez. La denuncia además alcanza al director ejecutivo de la Anses, Emilio Basavilbaso; al ex director del FGS, Luis María Blaquier; al ex viceministro de Hacienda, Pedro Lacoste; y al ex secretario de Hacienda, Gustavo Marconato; como así también al Fondo Común de Inversión Axis y el Deutsche Bank, que tiene la función de depositario.

El siguiente caso que involucra a Luis Caputo: hace tres semanas se conoció que el Ministro de Finanzas de la Nación, había ocultado que era dueño de empresas offshore en las Islas Caimán. Documentos oficiales del organismo regulador bursátil de Estados Unidos revelaron que, a través de esas offshore, Caputo era uno de los accionistas de la firma Noctua. Si bien siempre negó su participación accionaria en el fondo de inversión con sede en Miami, los archivos de la Securities and Exchange Commission (SEC) demuestran que fue dueño de la firma entre mediados de 2009 y, por lo menos, mediados de 2015. En noviembre se conoció que el Noctua Partners adquirió parte de la colocación del bono a 100 años por un total de U$S 5 millones, bono emitido gracias a la autorización del mismo Caputo. Se trata de la colocación de deuda a más largo plazo de la historia argentina. Sólo se registran emisiones similares en países como México, Bélgica, Irlanda, China, Dinamarca o Suecia. La información fue dada a conocer por la periodista Noelia Barral Grigera. El Noctua fue uno de los 148 fondos de inversión que compraron los U$S 2.750 millones de emisión del bono a 100 años, superando las compras realizadas por el HSBC, el Citibank y el Santander. El Ministro no hizo figurar a Noctua en su declaración ante la Oficina Anticorrupción. Las explicaciones de Laura Alonso se tornan imprescindibles.

Otra denuncia: las empresas General Lighting Systems (GLS) y Philco, ligadas a las familias del presidente Mauricio Macri y del jefe de Gabinete, Marcos Peña, se alzaron a fines del año pasado con los contratos realizados entre el gobierno porteño y varios municipios bonaerenses para reemplazar las luminarias públicas callejeras por artefactos LED que consumen menos electricidad. Los contratos son financiados por la Nación mediante el Plan de Alumbrado Eficiente (PLAE) y las compañías mencionadas, General Lighting Systems (GLS) y Philco, ganaron las licitaciones convocadas por los gobiernos porteño, de Pilar, de Vicente López y de Morón debido a que ofrecen luminarias importadas de China, más baratas que las de producción local. La denuncia fue publicada por el periodista Alejandro Bercovich en el Diario BAE.

Por último, como ya consignáramos en el resolutorio del presente proyecto, el Ministro de Trabajo de la Nación, sigue en el foco del escándalo luego de que se conociera que tenía una empleada doméstica en negro -a la que insultó brutalmente en un mensaje de audio mediante el cual la despedía- y a la que nombró como empleada del SOMU, sindicato intervenido por su cartera. El caso de Sandra Heredia evidentemente era la punta del iceberg, ya que a posteriori del escándalo desatado se conocieron nuevas denuncias de al menos 50 designaciones irregulares de familiares, amigos y militantes del Ministro en dicho sindicato intervenido.

Nuevamente quedaron expuestas a la luz las irregularidades de un Gobierno que hace alarde de una transparencia que no existe. En el caso del sindicato de trabajadores marítimos, hasta el propio juez que dispuso la intervención del organismo tuvo oportunidad de acomodar a sus familiares. También gracias a una investigación periodística, se conoció que luego de la intervención en el SOMU ingresaron poco más de 200 personas. El portal de noticias El Destape Web publicó una investigación en la que, a partir de la lista de designados en el sindicato, se trataría al menos de 50 personas que tienen vínculos políticos y personales con el ministro de Trabajo, así como con la exinterventora (y hoy senadora nacional oficialista) Gladys González.

No podemos dejar de recordar aquí que Juan José Aranguren fue el pionero de los funcionarios que actuaban de los lados del mostrador. El ministro de Energía y Minería mantuvo en su poder acciones de la empresa Shell por $ 16 millones cuando ya era funcionario nacional. Lo hizo a pesar de los cuestionamientos públicos y durante varios meses. El dato que hay que agregar es que era el encargado de establecer los tarifazos que beneficiaban, entre otros, a las petroleras. El mismo presidente Mauricio Macri protagonizó, a inicios del año pasado, un escándalo de magnitud cuando tuvo que dar de baja un acuerdo entre el gobierno nacional y la empresa Correo Argentino S.A. Ese acuerdo beneficiaba en cerca de $ 4.000 millones a la empresa que pertenece al grupo empresario de la familia presidencial.

La falsa Reparación Histórica se incluyó en una ley ómnibus que facilitó el blanqueo de capitales a los evasores y fugadores seriales. El periodista Horacio Verbistsky amplió la develación sobre los que se aprovecharon del blanqueo para regularizar los capitales fugados del país. Además de representantes del capital concentrado local, blanquearon capitales Gianfranco Macri (hermano del presidente), Nicolás Caputo (amigo del presidente), Alejandro Jaime Peña Braun (primo de Marcos Peña), e incluso otras figuras del Gobierno.

Creemos que la gravedad de los casos mencionados ameritan la presencia ante esta Cámara de la funcionaria aludida y del Ministro de quien depende, con carácter de inmediato y con las pruebas e investigaciones realizadas que refieren a estos funcionarios denunciados.

Por las razones expuestas y las que brindaremos oportunamente es que solicitamos la aprobación del presente proyecto de resolución