Rechazar todo intento de la Legislatura de la Provincia de Córdoba que implique sancionar a la Legisladora del Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT), Cintia Frencia, por el solo hecho de ejercer su legítimo derecho a peticionar y participar de toda movilización social.

Asimismo el repudio a la fuerte represión desatada contra los manifestantes que, frente a la Unicameral de Córdoba, hacían oír su reclamo de rechazo a la votación de una ley 'ambiental' que allana el camino para la instalación de la multinacional Monsanto, hoy impedido por resoluciones judiciales y administrativas.

Gírese una copia de esta declaración a la Unicameral de la Legislatura de la Provincia de Córdoba.

Señor presidente:

El pasado miércoles 11 de junio se concentró frente a la Legislatura de Córdoba una manifestación convocada por organizaciones ambientalistas, vecinales, populares, estudiantiles de dicha provincia. Su objetivo era oponerse a la sanción de un Proyecto de Ley Ambiental considerado por las asambleas populares favorable a los intereses del monopolio transnacional Monsanto en cuanto a la instalación de una planta de procesamiento de maíz destinada especialmente a la producción de biocombustibles, con graves consecuencias contaminantes sobre el medio ambiente y efectos nocivos sobre la salud de la población.

Dicho Proyecto se trata de una burla a los sectores populares que hace años se vienen oponiendo a la instalación de esta planta. Las Asambleas Populares, que se realizaron durante largos meses, demostraron con estudios y experiencias en la mano el alto grado de toxicidad ambiental de los métodos de producción de dicho monopolio. Y no fueron incorporados al proyecto finalmente votado.

Los manifestantes, concentrados en la puerta de la Legislatura en rechazo de la aprobación de la Ley, fueron brutalmente reprimidos por el gobierno provincial, deteniendo a 26 de ellos. Cintia Frencia, legisladora del FIT, electa por los trabajadores y el pueblo de Córdoba, fue la única que se opuso a esta ley, desnudando sus trampas, además de solidarizarse con los manifestantes y denunciar la represión antipopular, tanto fuera, como dentro del recinto legislativo. A consecuencia de ello, dentro de la Cámara se desató un ataque virulento contra la legisladora Frencia que terminó en un pedido de sanción contra su persona. Mediante falsas acusaciones responsabilizaron a la legisladora del FIT de instigar a la violencia y de señalar a diversos legisladores para que sean atacados por los manifestantes que se movilizaban a las puertas de la Legislatura provincial. Sobre esta base iniciaron una cuestión de privilegio para sancionarla.

A partir de ese momento, el proceso que se llevó adelante estuvo lleno de irregularidades: reuniones cerradas donde no se permitió el acceso de la prensa ni de las autoridades del Bloque del Frente de Izquierda, donde se le impidió además a la propia legisladora Cintia Frencia de ejercer su derecho a defensa sin poder hacer preguntas a quienes la incriminaron. Hay que decir que la sanción contra la Legisladora del FIT es un ataque contra la fuerte movilización ambientalista y para imponer la presencia del monopolio depredador del medio ambiente contra viento y marea, es decir contra la opinión popular.

Los intentos de sanción contra Frencia tienen sus antecedentes en la sanción votada contra el diputado provincial del Partido Obrero salteño, Claudio Del Plá (con el rechazo de 12 legisladores) en la Legislatura de la provincia de Salta, como consecuencia de haber apoyado las diversas manifestaciones de la docencia en lucha por su salario.

La sanción contra el diputado Claudio del Plá y ahora los intentos de sanción contra la legisladora Cintia Frencia constituyen un grave precedente ya que condenan a un legislador por su posición política contraria a la mayoría, estableciendo de hecho el delito de opinión. Un nefasto antecedente, que en estas épocas de crisis, se transforma en un grave arma contra la oposición y las minorías políticas por parte del poder del Estado.

Numerosas organizaciones políticas, sindicales, estudiantiles, de lucha por las libertades democráticas, de la Provincia de Córdoba y de todo el país, ya se han pronunciado en defensa del derecho de opinión y de acción de la legisladora Cintia Frencia. Por el cese de la persecución política y el levantamiento de todo tipo de actuación para sancionar a la Legisladora del FIT.

Por todo esto es que proponemos la aprobación del presente proyecto.