DEROGACIÓN DECRETO 683/2018

Artículo 1°.- Derógase el decreto N° 683/2018 publicado en el Boletín Oficial el día 24 de julio del 2018 denominado “Modificación. Decreto N° 727/2006”, que modifica el funcionamiento del accionar de las Fuerzas Armadas dentro del territorio nacional otorgando a esas fuerzas facultades de intervención en tareas de seguridad interior; así como toda norma ampliatoria y complementaria de la misma.

Artículo 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Señor presidente:

Traemos a consideración de esta Cámara de Diputados un proyecto de ley que plantea la derogación del decreto 683/2018, publicado el día 24 de julio del corriente año, según el cual se modifica el funcionamiento del accionar de las Fuerzas Armadas dentro del territorio nacional a los fines de darle intervención en tareas de seguridad interior. Este decreto fue anunciado previamente por el presidente Mauricio Macri desde el ex centro clandestino de detención de Campo de Mayo.

El decreto establece una serie de modificaciones que apuntan a darle más poder al interior de las fronteras nacionales a las Fuerzas Armadas. El objetivo está claro: con la excusa de "nuevas amenazas" entre las que se incluye de manera genérica al "terrorismo" y el “narcotráfico”, el Gobierno se prepara para dar un salto en la política represiva para enfrentar la perspectiva de resistencia obrera y popular al saqueo nacional pactado con el FMI, que profundizará brutalmente el ajuste en curso contra los trabajadores y las mayorías populares.

La reforma militar que promueve el Gobierno está diseñada bajo el “asesoramiento” del Comando Sur de los Estados Unidos, que junto con la instalación de bases militares de ese país en nuestro territorio, aumenta su injerencia directa en el dictado de políticas militares y de “seguridad”, a tono con el mando de la economía nacional que asumió el FMI recientemente. Para posibilitar esa intervención, Macri modificó el Decreto 727 que en 2006 reglamentó la Ley de Defensa. Las modificaciones impulsadas por el Poder Ejecutivo amplían la intervención de las Fuerzas Armadas ante "agresiones de origen externo" y no sólo ante "amenazas estatales" externas; apunta a incluir a las fuerzas castrenses, con el pretexto de su programa de “lucha contra el narcotráfico y el terrorismo”, y anticipa una reforma para actualizar y redimensionar el aparato militar de conjunto.

Detallamos aquí que entre los fundamentos del decreto en cuestión se encuentra flexibilizar la incumbencia de las Fuerzas Armadas en función de que “las agresiones de origen externo no son sólo de carácter militar, sino que en ocasiones se manifiestan de otras formas que, sin dejar de tener su origen en el exterior, se desarrollan en nuestro territorio y/o tienen efectos en él”. La ambigüedad de la definición permite que pueda ser utilizada en una diversidad de ocasiones. Con este criterio, donde no es necesario que la agresión externa tenga origen en un Estado extranjero, se podrían incluir diversas acciones, incluso de protesta. Se torna ineludible recordar aquí que en 2017, justificando la represión que llevó a la muerte de Santiago Maldonado, el Gobierno a través del Ministerio de Seguridad apeló en más de una ocasión al discurso de la fantasmagórica RAM y sus "vínculos" -nunca explicitados ni comprobados- con organizaciones de Chile. Este decreto y sus fundamentos vienen a otorgar nuevas herramientas al Gobierno para reprimir y hostigar a las comunidades originarias y quienes se solidarizan con ellas en defensa de sus territorios y en la lucha contra el saqueo de nuestros recursos naturales.

Otra modificación que establece la nueva normativa es agregar el artículo 24 bis al decreto 727, que señala que "el Sistema de Defensa Nacional ejercerá la custodia de los objetivos estratégicos referidos por el artículo 31 de la Ley N° 23.554, a través de los integrantes identificados en los incisos f) y g) del artículo 9° de la citada Ley.” De esta forma se agrega al Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea a la "custodia" de "objetivos estratégicos". Aquí la formulación también resulta lo suficientemente amplia como para que pueda ser aplicada, por ejemplo, a acciones de trabajadores que golpeen puntos nodales de la economía.

Durante varios meses el Gobierno dejó correr distintos anuncios sobre sus planes de reforma de las Fuerzas Armadas, aunque todos ellos con un objetivo en común: recomponer al brazo armado del Estado para intervenir en la seguridad interior. Se trata de un salto enorme en la intervención directa de las fuerzas armadas en la represión interior, que ya durante el gobierno anterior habían incrementado su participación en tareas de logística, por ejemplo con el denominado operativo “Escudo Norte”.

No deja de ser enormemente significativo que el anuncio de este decreto que venimos a derogar se realizó un día después de que finalizara la visita de Christine Lagarde para sellar el pacto de ajuste y entrega al FMI. Saben que el ajuste no pasa sin represión y no desconocen que hay un enorme malestar social que llevará a la profundización de la protesta. Tras el eufemismo de 'objetivos estratégicos´ esconden qué es lo que quieren salvaguardar con las Fuerzas Armadas al mando: no quieren protestas en las calles, ni frente a las multinacionales, ni allí donde consuman el saqueo a nuestros recursos naturales a costa de la represión a los pueblos originarios. El objetivo estratégico es reprimir la protesta social frente a la profundización del ajuste.

Por las razones expuestas y las que brindaremos oportunamente es que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de ley.