Su rechazo a la criminalización de la ex concejala y actual diputada electa Patricia Jure y los trabajadores municipales Marisol Vásquez y Juan Carlos González, por parte del intendente de la Ciudad de Neuquén, Horacio Quiroga, y el presidente del Concejo Deliberante, Guillermo Monzani, que formularon cargos penales contra ellos por luchar contra la reforma previsional y anti jubilatoria en el municipio.

Su repudio a la feroz represión que sufrieron los trabajadores municipales de Neuquén en las distintas ocasiones en que se movilizaron al Concejo, incluido el día de la sesión en la que, con vallas y un fuerte despliegue represivo, se votó la reforma previsional que establece el aumento de los aportes obreros al Instituto Municipal de Previsión Social y la confiscación del primer mes de cada aumento recibido.

Su denuncia a la represión y las acciones penales contra los dirigentes políticos y sindicales que se opusieron a la reforma contra los jubilados municipales, como una herramienta de extorsión, amedrentamiento y aleccionamiento de los luchadores sociales, en defensa de una ofensiva contra los trabajadores y jubilados.

Su solidaridad y apoyo al reclamo por el inmediato cierre de la causa contra Patricia Jure, Marisol Vásquez y Juan Carlos González.

Señor presidente:

El 9 de octubre del 2018, el intendente de la ciudad de Neuquén, Horacio “Pechi” Quiroga (Cambiemos), y el presidente del Concejo Deliberante de la misma, Guillermo Monzani, formalizaron una denuncia penal, por atentado y resistencia a la autoridad, contra la entonces concejala del Partido Obrero en el Frente de Izquierda, Patricia Jure, y contra dos trabajadores de Sitramune (sindicato municipal), Marisol Vásquez y Juan Carlos González. La denuncia la realizaron, no casualmente, el día de la sesión especial del Concejo Deliberante, en la cual se votó, con 11 votos contra 7, el aumento de los aportes obreros al Instituto Municipal de Previsión Social. Para hacer pasar esta reforma antiobrera, el gobierno municipal de Cambiemos debió recurrir a la represión y sesionar con un Concejo vallado y custodiado por la policía.

El antecedente directo de la causa penal por “atentado y resistencia a la autoridad”, fue el levantamiento de la sesión del Concejo que iba a tratar originalmente esta ley el 27 de septiembre del 2018, luego de una feroz represión desatada por la policía contra la manifestación obrera. En aquella jornada, la por entonces concejala Patricia Jure jugó un papel importante en la defensa y el impulso a la lucha de los municipales, denunciando las maniobras parlamentarias de los bloques mayoritarios contra los trabajadores. Jure refutó asimismo el argumento del intendente Quiroga, que hablaba de la “necesidad de subsanar el déficit de la caja previsional”, cuando en realidad el déficit es su entera responsabilidad: le adeuda centenares de millones de pesos al IMPS por contribuciones patronales no pagadas y está extendiendo la tercerización de los servicios públicos para beneficiar a sus empresarios amigos.

La denuncia penal que iniciaron Quiroga y Monzani invoca el artículo 241 del Código Penal, que establece una pena de quince días a seis meses de prisión para “quién perturbe el orden en las sesiones de los cuerpos legislativos”. Se trata de un intolerable ataque al derecho a la movilización y la lucha en defensa de los intereses de los trabajadores por parte de quienes han hecho del Concejo Deliberante una cueva de conspiración contra el pueblo neuquino y un coto de defensa de los grupos empresariales, que gozan de subsidios, exenciones impositivas y sobreprecios

Lo que buscan presentar como "perturbación del orden legislativo" no es más que la defensa de los derechos de jubilación de los trabajadores municipales por parte de la concejala en funciones. Al mismo tiempo, está la intención de impedir que Patricia Jure –cuyo mandato en el Consejo Deliberante finalizó en diciembre del año pasado- habiendo siendo electa diputada provincial en las recientes elecciones, no asuma el escaño correspondiente. Se trata de un inadmisible acto de persecución política contra una dirigente que ha puesto siempre sus bancas parlamentarias al servicio de las luchas de los trabajadores.

Ya en la primera audiencia de formulación de la acusación, la fiscalía representada por Valeria Panozzo, actuó como apéndice del Poder Ejecutivo municipal, utilizando el Código Penal para perseguir la libertad de expresión y las libertades democráticas, judicializando la protesta social.

El pasado miércoles 7 de agosto, el Tribunal de Impugnación conformado por los jueces Federico Sommer, Florencia Martini y Liliana Deiu, rechazó por unanimidad la impugnación a la formulación de cargos, confirmando así la imputación contra Patricia Jure y los trabajadores municipales Vázquez y Palma, proponiendo una pena de prisión de 15 días a 6 meses. La consecuencia de la decisión del Tribunal de Impugnación es que da inicio a una etapa de investigación que puede durar cuatro meses donde se elevará la causa a juicio o serán sobreseídos los imputados, anulando las actuaciones.

La criminalización contra los dirigentes sindicales y la ex concejala y actual diputada provincial electa, Patricia Jure, persigue el claro objetivo de aleccionar al conjunto de los trabajadores en momentos de un brutal ajuste contra la clase obrera. Por ello debe ser rechazado con un pronunciamiento contundente.

Por todos estos motivos, solicitamos a las y los diputados el acompañamiento al presente Proyecto de Declaración.