Declarar su repudio a la inacción, el encubrimiento y el silencio que, por parte del Estado y la Justicia, se sigue perpetuando en torno a los responsables políticos e intelectuales del asesinato de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, a 17 años de la Masacre de Avellaneda.

Reclamar el urgente avance de las causas que deben investigar la responsabilidad penal de las autoridades políticas involucradas en la brutal represión, que culminó con decenas de heridos y dos asesinatos, del 26 de junio de 2002. A saber: la Causa Federal Expte. Nro. 14215/2003, autos caratulados: “RUCKAUF Carlos y otros s/homicidio” en trámite ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 4 y la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nro. 10; y la Causa Provincial IPP Nro. 583.266/05, caratulada: “VTMA. RUIZ, MABEL S/INSTIGACIÓN A COMETER DELITOS”, actualmente en trámite ante el Juzgado de Garantías Nro. 5 y la UFI Nro. 8 de Delitos Económicos y Violencia Institucional del Departamento Judicial Lomas de Zamora.

Denunciar que la impunidad de los imputados políticos responsables del brutal crimen de Estado que terminó con las vidas de Kosteki y Santillán tiene la finalidad reaccionaria de garantizar cobertura política e institucional para el ejercicio de la represión contra las luchas populares, que se recrudece como política de Estado ante la profunda crisis económica y social que vivimos en la actualidad.

Expresar su solidaridad y apoyo a las querellas y familiares, que integran la “Comisión Independiente Justicia por Darío y Maxi”.

Señor presidente:

La masacre de Avellaneda fue un verdadero crimen de Estado, que culminó con decenas de heridos y dos asesinados: de los compañeros Maximiliano Kosteki y Darío Santillán. Se trató de un brutal operativo represivo montado sobre la enorme movilización piquetera que tenía lugar el 26 de junio de 2002, con un corte en el Puente Pueyrredón (Avellaneda, Provincia de Buenos Aires), en el marco de una verdadera rebelión popular ante la bancarrota del país y sus brutales consecuencias económicas y sociales. La represión fue perpetrada por la Policía de la Provincia de Buenos Aires en coordinación con fuerzas federales de seguridad y con la intervención de los servicios de inteligencia de la ex SIDE, a cargo de Carlos Soria y Oscar Rodríguez.

Las fuerzas represivas que intervinieron respondían a los gobiernos nacional y provincial. En ese entonces a cargo de Eduardo Duhalde y Felipe Solá, respectivamente. Ese 26 de junio de 2002 tuvo lugar un "operativo conjunto" del total de las fuerzas de seguridad, sumando a la Federal y la Bonaerense. El intento de colocar al jefe del operativo y a tres policías más como únicos responsables de la operación criminal fue un intento mal habido por absolver a los responsables políticos de la masacre, que no resiste el menor análisis.

Días antes de la movilización del 26, el gobierno de Duhalde había advertido a través de declaraciones de sus más altos funcionarios –entre ellos, el Jefe de Gabinete de Ministros, Alfredo Atanasof- que no permitirían que sea cortado el Puente Pueyrredón: “cueste lo que cueste” -dijeron. El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Felipe Solá, por su parte, dispuso a través de su ministro de seguridad, Luis Genoud, un operativo policial a cargo del comisario inspector Alfredo Fanchiotti.

Se trató evidentemente de una operación de Estado advertida con antelación y se otorgó absoluta impunidad a los efectivos que iban a participar de lo que más tarde Duhalde, en un desesperado intento por desasirse de la masacre, llamó "cacería atroz" de piqueteros. Impunidad que incluyó la absoluta complicidad de la "justicia" bonaerense con la masacre de Avellaneda, desde el momento que no hubo juez que quisiera actuar durante las primeras horas frente a los asesinatos, los heridos de bala, la virtual ocupación del Hospital Fiorito, el allanamiento de locales partidarios. Horas que fueron decisivas para que las fuerzas de seguridad y los servicios eliminaran pruebas. E impunidad que continúa hasta el día de hoy, 17 años más tarde, con el congelamiento de las causas que deben investigar las responsabilidades penales de las autoridades políticas involucradas en este crimen.

Gracias a la incesante movilización y lucha por Justicia para Maxi y Darío, en el año 2007 fueron condenados por el homicidio los policías Alfredo Franchiotti y Alejandro Acosta, autores de los disparos, pero las responsabilidades políticas no fueron determinadas y fueron deliberadamente excluidas del proceso judicial.

En diciembre de 2004 la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó una resolución por la cual derivó la investigación acerca de la responsabilidad penal de las autoridades políticas en dos causas, una federal y otra provincial, por cuestiones de competencia. Al día de hoy, 15 años después de la resolución de la CSJN, ambas causas están completamente paralizadas.

La Causa Federal es el Expte. Nro. 14215/2003, autos caratulados: “RUCKAUF Carlos y otros s/homicidio” en trámite ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 4, actualmente a cargo del juez Ariel Lijo, y la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nro. 10, actualmente a cargo de la Fiscal Paloma Ochoa. La misma tiene como imputados a Carlos Ruckauf, ex Canciller, Eduardo Duhalde, ex Presidente de la Nación, y Juan José Álvarez, ex Ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación.

La Causa Provincial es la IPP Nro. 583.266/05, caratulada: “VTMA. RUIZ, MABEL S/INSTIGACIÓN A COMETER DELITOS”, actualmente en trámite ante el Juzgado de Garantías Nro. 5 y la UFI Nro. 8 de Delitos Económicos y Violencia Institucional del Departamento Judicial Lomas de Zamora. A ellos les corresponde la investigación acerca de la responsabilidad penal que le cabe a los imputados Felipe Solá, ex gobernador de la Provincia de Buenos Aires y actual Diputado Nacional, y Luis Genoud, ex Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires y actual Juez de la Suprema Corte Provincial.

Al día de la fecha, ninguno de los imputados, en ninguna de las dos causas, fue llamado a prestar declaración indagatoria.

La impunidad y la cobertura a los responsables políticos ha sido el rasgo distintivo de todos los gobiernos hasta el día de hoy. Los Solá y compañía no sólo gozan de protección, sino que han sido reciclados en importantes funciones políticas por los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, que hoy los premian nuevamente con candidaturas en las listas de los Fernández. El gobierno nacional de Mauricio Macri, por su parte, no tiene ningún interés en clarificar sus responsabilidades penales, porque defiende y viene reforzando la misma política represiva contra las luchas sociales ante una nueva bancarrota nacional y el plan de guerra contra los trabajadores que le exige el FMI.

Para acompañar el reclamo de la querella y los familiares, el pasado 21 de junio del corriente, en vísperas de un nuevo aniversario de la Masacre del Puente Pueyrredón, realizamos una Audiencia Pública en el Congreso de la Nación junto con la “Comisión Independiente Justicia por Darío y Maxi”, que contó con la presencia del padre y el hermano de Santillán, la hermana de Kosteki, tres diputados nacionales e importantes referentes de organizaciones sociales y políticas así como organismos de DDHH –entre ellos Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora. Una de las resoluciones de la Audiencia fue la elaboración y presentación del presente Proyecto de Resolución para contribuir con la lucha por Justicia, que sigue firme tras 17 años de impunidad.

Por todo lo expuesto, repudiamos la inacción estatal, el encubrimiento y el silencio oficial durante estos diecisiete largos años, y hacemos propio el reclamo por el inmediato avance de las causas judiciales contra los responsables políticos de la Masacre de Avellaneda.

Solicitamos a los y las diputados nacionales el acompañamiento de este Proyecto de Resolución.