Rechazar enérgicamente el anuncio realizado por el Presidente de la Nación Mauricio Macri en el acto por el Día del Ejército que propugna modificar la normativa vigente a fin de involucrar a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior. Advertir sobre el avance en esta política que implicará el envío de efectivos de las Fuerzas Armadas a las fronteras a fin de intensificar la presencia de Gendarmería y Prefectura en tareas de represión interna y control social. Rechazar asimismo, en el marco del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y su política de ajuste sobre el pueblo trabajador, la utilización de la excusa del combate al narcotráfico y el terrorismo, según la justificación vertida por Ministra de Seguridad Patricia Bullrich, para justificar la injerencia militar en la represión y el control social sobre el pueblo trabajador y para hacer pasar el brutal ajuste en curso contra los trabajadores y el pueblo.

Señor presidente:

En el marco de la conmemoración de Día del Ejército, el presidente de la Nación Mauricio Macri declaró su decisión de modificar la normativa vigente a fin de involucrar a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior. En su discurso convocó a las Fuerzas Armadas a "brindar apoyo a las fuerzas de seguridad para cuidar a los Argentinos frente a las amenazas y desafíos actuales".

Inmediatamente organismos de derechos humanos de nuestro país, junto a organizaciones sociales y políticas expresaron su repudio y preocupación ante este anuncio, que según informaciones periodísticas se encuentra pronto a su concreción. Así lo informó el diario Clarín en su edición del pasado 15 de junio: “Preocupado por el aumento de la conflictividad social, el Gobierno apura la definición del marco legal para movilizar efectivos del Ejército y de la Armada a la frontera y traer, básicamente, más gendarmes a los grandes centros urbanos del país. El martes el presidente Mauricio Macri ordenó a su gabinete de Seguridad y Defensa poner en marcha ese plan, en la medida de que le preocupa que el ajuste de la economía que está produciendo la crisis cambiaria aumentará la cantidad de paros, bloqueos de rutas y marchas en todo el país”.

Debemos señalar aquí que el anuncio del Presidente de la Nación y el avance en esta política se da en el contexto del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional con su consecuente plan de ajuste contra los trabajadores y los sectores populares. El Gobierno sabe que lo que tiene que llevar adelante son planes que indefectiblemente van a incrementar la protesta social y se está preparando para eso.

Macri y Patricia Bullrich utilizan nuevamente como justificación el combate al narcotráfico y al terrorismo internacional, con las mismas viejas excusas del imperialismo norteamericano buscando justificar la injerencia militar en la represión social. Brasil es un gran ejemplo de esta política alentada por el Departamento de Estados de los EE.UU.: una vez que se le abre las puertas a este tipo de intervención interna por parte de las fuerzas armadas con el argumento de la supuesta lucha contra el narcotráfico, rápidamente

comienzan a ser utilizadas para el conflicto social. El asesinato de Marielle Franco por ser una gran denunciadora de la intervención militar en Río de Janeiro es una muestra contundente de esto.

El plan del Gobierno contempla el envío de militares a las fronteras y otros puestos de control a fin de “liberar” gendarmes e integrantes de otras fuerzas de seguridad para que se sumen a la represión interna en los grandes centros urbanos. Está claro que el origen de la inseguridad y cómo se combate no puede ser resuelto con la presencia de cada vez mas de fuerzas de seguridad en las calles porque necesariamente redunda en el aumento de la violencia institucional. La represión a vecinos en la Villa 31 luego de que un Policía de la Ciudad atropellara a una nena de 6 años, disparando con balas de plomo dejando en estado de gravedad a un joven de 22 años; o el reciente ataque a testigos, querellantes y miembros de las Organización la Poderosa por parte de la Prefectura Naval Argentina en la Villa 21 son los dos últimos hechos conocidos de una larga política de represión y control social en los barrios populares por parte de estas fuerzas. La represión y encarcelamiento de los trabajadores del Subte, Cresta Roja o el INTI son también los últimos hechos muy graves conocidos de la represión a la protesta social.

La Ministra de Seguridad Patricia Bullrich ratificó el apoyo a la medida de cambiar la normativa vigente para "darle una oportunidad a los militares para que se inserten en la democracia". Según palabras de la Ministra: “Las amenazas que puede tener la Argentina no pueden estar clausuradas a la idea de un Estado invasor. Eso es impedir que las fuerzas puedan pensar en cyberdefensa y en cuidar a la gente frente a las amenazas de terrorismo”.

La palabra terrorismo en boca de la Ministra Bullrich es temeraria, debido a su muy conocida su teoría del enemigo interno: Bullrich fue la responsable del aval y encubrimiento a los asesinatos de Santiago Maldonado y de Rafael Nahuel. El pretexto que utiliza el Gobierno para intervenir en la supuesta lucha contra el narcotráfico y las supuestas organizaciones “terroristas” y el cuidado de los recursos naturales, tiene de fondo también la persecución de los pueblos originarios que reclaman la recuperación para uso comunitario de sus tierras ancestrales. Lo ocurrido en la Patagonia, con los crímenes de Santiago Maldonado y de Rafael Nahuel, tuvo este objetivo: defender los intereses de los terratenientes y permitir la extranjerización de las tierras y el suelo nacional.

Con estos antecedentes, por remontarnos sólo a los hechos de reciente conocimiento público, cualquier avance del gobierno que pretenda en este contexto una intervención mayor de las Fuerzas Armadas no puede explicarse sino por la firme decisión de pasar este ajuste contra los trabajadores y sectores populares a sangre y fuego.

Por las razones expuestas y las que brindaremos oportunamente es que solicitamos la aprobación del presente proyecto de resolución.