Su repudio y preocupación por las causas abiertas contra seis trabajadores de la Dirección General de Escuelas, cinco de ellos integrantes de la Junta Interna de ATE, quienes ejerciendo el derecho a la huelga contra la reducción salarial y de personal, en función de su representatividad gremial, condujeron el debate democrático en asamblea durante su libre ejercicio, en el edificio central del Ministerio de Educación. Al no constituir esto delito, reclamamos el cierre de las causas sobre los trabajadores de Educación, como así también que no se inicie sumario administrativo para los luchadores.

Señor presidente:

Miguel Ciappina, Alejandro Sánchez Moreno, María Inés Uro, Marcelo Ardetti y Silvia Valdez, fueron secuestrados el 14 de mayo de 2013 por personal policial sin identificación, a los golpes, en una acción previamente acordada entre funcionarios, guardia policial del Ministerio, policía de investigaciones y el juez Melazo. La lucha unificada de trabajadores ocupados, desocupados, estudiantes y sus organizaciones logró que luego de treinta horas de detención fueran liberados por excarcelación extraordinaria. Giselle Mendoza, también delegada de ATE, no fue detenida pero está igualmente encausada.

El secuestro, la detención y el procesamiento de los seis trabajadores es un ataque también a los derechos de huelga, de asamblea y a manifestarse en defensa de sus reivindicaciones. La huelga de los trabajadores estatales del Ministerio de Educación no sólo fue histórica por su genuina masividad, sino por los métodos que adoptó; las decisiones eran adoptadas rigurosamente mediante el debate democrático del conjunto de los huelguistas, y se constituyeron comisiones abiertas para organizar la huelga. En varias oportunidades, los delegados y activistas de la huelga tuvieron ofertas y tratativas de parte de la ministra Nora de Lucía o sus funcionarios, y ninguno de ellos firmó ni aprobó nada sin el aval mediante asamblea, de la mayoría de los trabajadores. Esta huelga es un ejemplo del desarrollo de los métodos históricos de lucha de la clase obrera, logrando frenar el recorte salarial y evitar los 140 despidos.

La judicialización de estos trabajadores busca contrarrestar este triunfo, organizando una persecución contra una Junta Interna que lideró el enfrentamiento contra el ajuste, sobre la base de asambleas y la deliberación de los trabajadores.

La inmediata movilización de delegaciones obreras y de organizaciones políticas, que logró evitar el traslado de los trabajadores detenidos en la alcaldía del Palacio de Tribunales, y el paro nacional de ATE determinaron su liberación. A pesar de ello, la causa de "coacción agravada", iniciada por la denuncia del fiscal Romero, sigue en curso, con la gravedad del pedido al Juez de garantías César Melazo por parte del fiscal, Tomas Moran, de la elevación a juicio oral.

Por lo anteriormente expuesto es que solicitamos el voto afirmativo de los diputados al presente Proyecto de Declaración.