Expresar su profunda preocupación ante las nuevas amenazas y la persistente campaña de injurias y agresiones contra la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza y su referente Pablo Pimentel, a quienes se acusa de "armar causas" por promover la investigación del asesinato del joven Gabriel Blanco por parte de personal policial, en la Comisaría 2° Oeste de Isidro Casanova en el año 2007.

Señor presidente:

En la mañana del lunes 6 de abril de 2015, aparecieron pintadas y pegatinas empapelando las paredes en dos Fiscalías (incluida la Fiscalía General donde semanas atrás aparecieron pasacalles) y en la Rotonda de San Justo de la Provincia de Buenos Aires, con calumnias e injurias hacia la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza (APDH) y su referente Pablo Pimentel acusándolos de "armar causas" y asociando sus nombres a las palabras "corrupción", "extorsión" y "mafia".

Ante estos nuevos hechos, la APDH realizó la denuncia correspondiente en la Fiscalía General de la Dra. Patricia Ochoa, y reiteró el pedido ya realizado en la UFI Nº 3 de Laferrere de desestimación inmediata a la causa por "extorsión" a sus compañeros, ya que las mismas son parte de una campaña difamatoria contra este organismo, que comenzó en mayo del año pasado.

La acusación de una supuesta "causa armada" hace referencia a la investigación del asesinato del joven Gabriel Blanco, luego de ser detenido el 1° de marzo del año 2007 en la Comisaría 2° de San Carlos, Isidro Casanova. Mientras el primer informe de su muerte afirmaba que se trataba de un suicidio, colgándose de un cable de luz en la celda en que se encontraba, las autopsias posteriormente realizadas a Gabriel dieron cuenta que había sido golpeado brutalmente y que a consecuencia de ello había perdido varios dientes. En la reconstrucción del hecho quedó claro que en las condiciones en que se encontraba Gabriel Blanco era imposible que pudiera pasar un cable por donde, supuestamente, se habría atado para colgarse. El gendarme que hizo la prueba tardó media hora estando incluso emocionalmente equilibrado y con luz.

La familia de Gabriel Blanco, junto a la APDH y otros organismos de la zona, denunciaron que éste es el modus operandi de la policía provincial para encubrir las torturas y el asesinato del joven y afirmaron que esto corresponde a una práctica institucionalizada.

Gabriel Branco tenía 21 años al momento de su detención. Vivía en el barrio "Borward" de la Provincia de Buenos Aires y había sido presionado por policías en el barrio para que robaran para ellos, al igual que Luciano Arruga. Por este hecho, tienen prisión preventiva el subcomisario Rubén Darío Suárez, el suboficial Ariel Emiliano Gómez y el oficial Pablo Balbuena, acusados por las torturas seguidas de muerte. En la causa también están procesados por encubrimiento el comisario inspector Claudio Horacio Javier Ilundayn y el capitán Daniel Omar Dos Santos.

Familiares de los policías implicados han montado una campaña de difamación. En este marco, la APDH de la Matanza y su referente Pablo Pimentel han recibido además numerosas amenazas y agravios, a los que se sumaron en estos días el ataque a familiares del organismo y una escalada en la causa judicial que se desarrolla en su contra, impulsada por los propios policías acusados por el asesinato de Gabriel.

Las políticas de seguridad hoy imperantes buscan darle más poder de fuego a las fuerzas represivas, así como preservar el poder de fuego de los asesinos de Luciano y de Gabriel, garantizando los negociados de los que organizan el gran delito en el distrito, como las redes de trata, el narcotráfico, los desarmaderos de autos o el reclutamiento de jóvenes pobres para robar para ellos. Para expresar la preocupación por estos graves hechos y rodear de solidaridad a quienes promueven la investigación del asesinato del joven Gabriel Blanco, solicitamos la aprobación del presente proyecto de resolución.