Expresar su profunda preocupación y alarma por la presentación del proyecto de ley de “creación de la Universidad Docente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (UNICABA)”, promovido bajo el expediente Nº 3182-J-2017 de la legislatura porteña, que implicará de prosperar el cierre de los 29 institutos de formación docente que hoy funcionan en la CABA.

Advertir que esta medida, que atenta contra el derecho elemental a la educación y tiene su expresión también en otras provincias, sentará de avanzar un peligroso precedente.

Manifestar por ello su solidaridad con el reclamo de la comunidad educativa, que se mantiene en estado de alerta y movilización, exigiendo que se retire de inmediato el “proyecto UniCABA”.

Expresar finalmente su defensa incondicional al derecho a la educación pública, gratuita y laica, en todos los niveles de formación.

Señor presidente:

Traemos a consideración un proyecto de resolución que tiene por objeto manifestar la profunda preocupación de esta Cámara por la grave situación denunciada por miles de estudiantes y docentes del nivel terciario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se manifiestan en rechazo al proyecto del gobierno de esta ciudad, de creación de la Universidad Docente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (UNICABA), bajo el expediente Nº 3182-J-2017 de la legislatura porteña.

Como denuncian desde estos sectores en cada una de sus movilizaciones, detrás de este proyecto se esconde el preocupante intento de cierre de los 29 institutos de formación docente que hay actualmente en la Ciudad: un claro ataque al derecho a la educación pública que tiene como una de sus principales respuesta la exigencia de su inmediato retiro por parte del conjunto de las autoridades de los institutos de formación docente, de sus respectivos centros de estudiantes, de los principales sindicatos docentes porteños (como UTE/Ctera, Ademys, Adef), de diversos equipos del propio Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, de referentes de la cultura y del ámbito académico y de organismos universitarios, entre otros.

Desde estos sectores denuncian asimismo que, a pesar de ese contundente rechazo, el gobierno de Rodríguez Larreta continúa sin dar ninguna respuesta, vulnerando derechos establecidos en el artículo 24 de la Constitución de la Ciudad, que establece la obligación del Poder Ejecutivo de “asegurar la participación de la comunidad y la democratización en la toma de decisiones”.

Al respecto, recordamos que en diciembre de 2017, posteriormente a su difusión en los medios, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dio a conocer el Proyecto de Ley “UniCABA” con la idea de crear una única universidad para la formación docente. Como señala dicho proyecto en su artículo 5, esa universidad “concentrará toda la formación docente de la Ciudad: Escuelas Normales Superiores, las Escuelas Superiores de Educación Artística y los Institutos de Educación Superior de Formación Docente y la Escuela de Maestros”, de modo que implicaría el cierre de los institutos que hoy existen, muchos de ellos con más de 100 años de experiencia.

Uno de los principales argumentos para justificar la urgencia de este proyecto sería la desactualización de la formación docente y la falta de prácticas. Sin embargo, la realidad es que más del 90% de los planes de estudios fueron sancionados por la actual gestión en

los últimos dos años, e incorporan prácticas desde un inicio. Es más, no existen cohortes de egresados con los planes actuales para poder evaluar qué reformas son necesarias.

Otro elemento central por el que la comunidad educativa exige el retiro de este proyecto ha sido la inexistencia de estudios y especialistas que respalden esta reforma y que no se haya desarrollado un proceso real de debate en el conjunto de los profesorados, con todos sus actores. Mientras se argumenta jerarquizar la formación docente, se lleva adelante un profundo desprecio al saber y a la experiencia formativa de instituciones con trayectorias reconocidas a nivel nacional e internacional.

La situación se agrava por cuanto el proyecto del Ejecutivo porteño no garantiza la estabilidad laboral de la mayor parte de los docentes de los profesorados, que, por responsabilidad ministerial, trabajan en carácter de interinos o suplentes. A su vez, el proyecto los saca del amparo del Estatuto docente de la ciudad.

La iniciativa del gobierno de Larreta también es denunciada por las graves consecuencias que tendrá su aplicación, de prosperar, en el plano de la vida política, académica y pedagógico-laboral de los institutos, ya que está en juego además su funcionamiento, autonomía y sus contenidos educativos.

Con particular preocupación destacamos en este sentido que el proyecto quita el poder democrático a la comunidad educativa, eliminando sus órganos de cogobierno institucionales y reemplazándolos por una sola autoridad de gobierno designada por el Poder Ejecutivo. Toda una declaración de intenciones para regimentar la formación docente y, desde ahí, la formación en las aulas.

En el mismo sentido, otra de las preocupantes denuncias que realizan los estudiantes y docentes es que, en el marco de este anunciado ataque, corre peligro entre otras la aplicación de la Ley de Educación Sexual Integral para la formación docente, ya que de acuerdo a la ley nacional Nº 26.150, que la crea y garantiza, no está contemplada para el nivel universitario la capacitación en ESI.

Otro elemento preocupante es que la distribución geográfica de la matrícula dentro de la Ciudad permite hoy, aun con sus limitaciones, el acceso de los estudiantes a su derecho a elegir según su realidad laboral y de residencia, pudiendo optar entre los 29 profesorados que existen en CABA. Como plantea la comunidad educativa, con la centralización de la UniCABA miles de estudiantes perderían esta oportunidad.

No es un dato menor. Según el informe “Caracterización de la Formación Docente en la Ciudad de Buenos Aires”, elaborado por Silvina Prado y Mariana Rossetti y publicado por el propio gobierno de la CABA, el 77 por ciento de los terciarios estudian y trabajan. Muchos de ellos, a la hora de sus prácticas docentes, se ven imposibilitados para realizarlas a contraturno y tienen que elegir por lo tanto entre seguir estudiando o trabajando. La falta de becas, de boleto educativo, de jardines maternales para aquellos que son madres y padres, es un factor que ya condiciona su permanencia en los terciarios, y que se agravará más aún de imponerse este proyecto.

Finalmente, señalamos con preocupación que este proceso de ataques persistentes a la educación porteña no es aislado. A lo largo y ancho del país, desde Jujuy a Ciudad de Buenos Aires, de Santa Fe a Mendoza, crece la movilización de los estudiantes de profesorados en respuesta a un plan brutal de intervención y ajuste. Este plan, que pretende ser ejecutado con reformas como la que motivan este proyecto, viene siendo impulsado desde hace más de 10 años en gran parte de América Latina, con el Banco Mundial como su principal impulsor.

Las importantes movilizaciones que vienen protagonizando los estudiantes y docentes terciarios han dejado en evidencia, sin embargo, que existe un amplio rechazo a la intervención y el cierre de los profesorados, así como al ajuste y los ataques que busca imponer el gobierno de Cambiemos sobre la educación en su conjunto. Al servicio de potenciar esa lucha, ponemos a disposición también este proyecto.

Por los motivos expuestos, y por los que desarrollaremos oportunamente, solicitamos la aprobación del presente proyecto de resolución.