CONGELAMIENTO DE LOS CUADROS TARIFARIOS - CREACIÓN DE COMISIÓN PARA LA AUDITORÍA Y BALANCE DE EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS CONCESIONADAS

Artículo 1°.- Congelamiento de los cuadros tarifarios. Se deja sin efecto todo aumento en las tarifas anunciado desde el 1° de enero de 2016 en energía eléctrica, transporte público, gas domiciliario, agua potable y cloacas domiciliarias, hasta tanto la Comisión de auditoría, balance y revisión de las tarifas pertenecientes a empresas de servicios públicos concesionadas informe sobre los resultados de la Auditoría técnica y administrativa dispuesta en el artículo 3° y subsiguientes de la presente ley.

Artículo 2°.- Mecanismo de devolución. Se procederá a la devolución de los importes que resulten de los aumentos realizados desde el 1º de enero de 2016 a través de descuentos en las respectivas facturas pendientes o subsiguientes.

Artículo 3º.- Creación. Créase la Comisión de auditoría, balance y revisión de las tarifas pertenecientes a todas las empresas privadas de alcance nacional y provincial que tengan por función la prestación de los servicios públicos de gas, electricidad, transporte, agua potable y cloacas concesionados por el Estado Nacional y que se encuentran bajo jurisdicción del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS), así como de los respectivos entes reguladores de control de carácter provincial.

Artículo 4°.- Composición. La Comisión de auditoría, balance y revisión de las tarifas estará compuesta por delegados de los trabajadores de las empresas mencionadas en los artículos 1° y 2° de la presente ley y por representantes técnicos y profesionales de las universidades públicas nacionales, quienes tendrán a su cargo la realización de una Auditoría técnica y administrativa, con el objeto de dilucidar el destino de los subsidios brindados por el Estado nacional a las empresas de servicios públicos entre el 1º de enero de 2002 y el 30 de marzo de 2016, así como de investigar cuentas, ingresos, gastos, inversiones, ganancias distribuidas y movimientos económicos de las empresas de servicios públicos concesionadas.

Artículo 5°.- Apertura de los libros de contabilidad. La Comisión de auditoría, balance y revisión de las tarifas de los servicios públicos tendrá plenos poderes para investigar las cuentas y movimientos económicos de las empresas, así como de los ámbitos del Estado encargados de otorgar los subsidios mencionados en el Artículo 4°.

Artículo 6°.- Los resultados de la Auditoría técnica y administrativa realizada por la Comisión de auditoría, balance y revisión de las tarifas deberán ser entregados al Congreso Nacional en un plazo no mayor a los 90 días junto con la propuesta de un nuevo cuadro tarifario acorde con los mismos, que deberá diferenciar el consumo domiciliario y de los pequeños comercios del de las empresas, con una escala progresiva.

Artículo 7°.- Si de la Auditoría técnica y administrativa resultare que han sido incumplidos los pliegos contractuales asumidos por las empresas mencionadas en los Artículos 1° y 2° de la presente ley, el Congreso Nacional establecerá mediante ley especial la caducidad de las concesiones de los servicios públicos gestionados por las mismas, declarándolas de utilidad pública y sujetas a expropiación.

Artículo 8°.- Nacionalización de los servicios públicos. En base a los estudios realizados, la Comisión de auditoría, balance y revisión de las tarifas deberá presentar ante el H. Congreso de la Nación un anteproyecto de ley de nacionalización integral del sistema eléctrico, del servicio de agua potable y los sistemas cloacales, del conjunto de los hidrocarburos y del transporte público de pasajeros en un plazo no mayor a los 180 días desde la promulgación de la presente, el cual deberá ser tratado por la Cámara de origen dentro de los 60 días subsiguientes, debiendo eventualmente el Poder Ejecutivo Nacional convocar a sesiones extraordinarias para su tratamiento en forma expeditiva.

Artículo 9°.- Los fondos necesarios para el cumplimiento de la presente ley provendrán de una partida especial sancionada por Ley del Congreso Nacional.

Artículo 10°.- De forma.

Señor presidente:

Desde la privatización de las empresas prestadoras de servicios públicos durante el gobierno de Menem, asistimos a una profunda transformación en las condiciones en las que se prestan los servicios públicos de agua, electricidad, gas, así como del transporte de trenes y subterráneos (en la Ciudad de Buenos Aires). Lo que hasta entonces eran servicios públicos, cuya prestación corría a cargo de empresas de propiedad del Estado, se transformó conceptualmente desde la raíz: a partir de entonces pasó a ser ante todo un negocio, y sólo en la medida en que lo era, también un servicio público. Y ya bajo ningún concepto podía considerarse un “derecho” para todos y todas: sólo podría serlo para quienes pudieran pagarlo. Este cambio sustancial en los criterios para encarar la provisión de los servicios públicos que ocurrió a partir de las privatizaciones, fue mantenido sin variaciones desde entonces. Y a esto responde toda la historia de vaciamiento, negocios privados y decadencia del servicio que se extiende hasta hoy.

El consenso privatista que ganó amplios sectores de la sociedad a finales de los años '80 –lo cual no evitó que hubiera una encarnizada resistencia por parte de los trabajadores de las empresas públicas ante la venta de las mismas– se construyó sobre la base del deterioro en la calidad de los servicios durante el gobierno de Alfonsín. Fueron años donde el servicio eléctrico estuvo caracterizado por cortes recurrentes. Sobre esta base se construyó la noción de que la única manera de asegurar un servicio de calidad y una infraestructura moderna, era haciendo lugar a la iniciativa privada.

Pero la devastación de la capacidad operativa de las firmas fue resultado de una serie de maniobras de ahogo, que se remontan a la dictadura militar inaugurada en 1976. Las empresas públicas fueron un canal para la atracción de deuda pública externa. Con la crisis fiscal que atravesó el gobierno de Raúl Alfonsín, los fondos propios de las empresas fueron sistemáticamente desviados para cubrir gastos del presupuesto nacional, en tiempos de crisis fiscal crónica e inflación galopante (que terminó en hiperinflación). De esta forma, las empresas tomaban deuda correspondiente a déficit del tesoro nacional. Con sus ingresos estancados, sus costos en alza y pasivos aumentando astronómicamente, todas las empresas públicas incurrieron en déficit crecientes, lo que llevó inevitablemente a la falta de inversión y de mantenimiento de los sistemas.

Estas empresas hacía largo tiempo que operaban además en función de los negocios de los grupos capitalistas nacionales, sirviendo a la "patria contratista". Sobreprecios en los contratos, servicios prestados a los "usuarios" empresarios a precios de regalo, etc., sirvieron para deteriorar todavía más los balances de las empresas, y alimentaron el desarrollo de la burguesía "nacional" que se dedicó a fugar lo obtenido.

Después de esta destrucción de sus balances, durante el gobierno de Menem encaró el plan de privatizaciones como parte de los planes de reestructuración de la deuda pública. Al cabo de unos años, pocas empresas quedarían en manos del Estado; YPF fue la última en ser plenamente privatizada, en 1999. El Astillero Río Santiago, por la dura resistencia de sus trabajadores, es de las contadas excepciones en las que no pudieron avanzar con los planes de privatización. Si en 1976 se contaban 148 empresas públicas en la órbita del Estado nacional (a lo que se sumaban otras 149 en las órbitas provinciales, municipales o mixtas), para 1994 existían 40, de las cuales 19 eran meramente residuales y solo 21 estaban en marcha. En 2001 quedaban 15 en funcionamiento (y otras 10 residuales).

Con la privatización se desmembró la producción energética nacional que integraba la extracción, la producción y la distribución. Argentina, aún con su economía atada al imperialismo, fue uno de los primeros países del mundo en conquistar una industria hidrocarburífera integrada y Gas del Estado llegó a ser la tercera compañía de su tipo en el mundo.

Para los consorcios privados que se quedaron con las empresas, el negocio fue redondo desde el vamos. En muchos casos el gobierno de Menem dejó en manos de los oferentes la fijación de precios de las firmas. El resultado fue que lo obtenido por la privatización no llegó a cubrir el valor de las deudas absorbidas en casi todos los casos. Por ejemplo, por la empresa de distribución de Buenos Aires, (SEGBA), el gobierno cobró U$S 1294 millones y absorbió deudas por U$S 1480 millones. En el caso del gas, la recaudación total por la privatización fue de U$D 2.077 millones, de los cuáles U$D 680 millones fueron en efectivo, y el resto en títulos de deuda.

En casi todas las privatizaciones, el Estado aceptó en parte de pago títulos de la deuda pública. En medio de la crisis de deuda, el valor de estos papeles era una ínfima parte del que tenían nominalmente. Sin embargo, fueron recibidos por el 100 % de su valor, homologando una ganancia inédita a los inversores. De esta forma, los adquirientes de empresas privatizadas requirieron muy poco tiempo para recuperar el valor de sus inversiones.

Esto no les impidió exigir sucesivos aumentos en las tarifas de los servicios como condición para asegurar inversiones. Amparadas en los marcos regulatorios y la ley de convertibilidad, las tarifas se dolarizaron y se ajustaron a la par de la inflación… ¡de los EE UU!

En los contratos de concesión no se exigieron inversiones forzosas a los grupos adquirentes, sólo se les exigía la prestación de un “servicio de calidad”. El apagón eléctrico de 14 días en el mes de febrero de 1999 en la Ciudad de Buenos Aires, mucho más extendido de cualquiera de los registrados durante los años en que el servicio era prestado por SEGBA, fue una de las muestras más palmarias del incumplimiento de este declarado objetivo.

Al final del gobierno de Menem, Repsol adquirió el paquete accionario íntegro de YPF, adquiriendo el 15 % que retenía el Estado. Así, la principal generadora de gas pasó a la órbita privada. Esto profundizó la conversión del gas en un commoditie, redoblando la presión para que todo el sistema energético apoyado en este recurso ajuste sus precios al calor de los movimientos de los precios internacionales. El servicio, infinitamente más caro, sólo sirvió para llenar los bolsillos de las empresas que, por dos pesos, se habían quedado con el negocio de la prestación de servicios “públicos”. A primera vista podría pensarse que este paradigma cambió durante los gobiernos kirchneristas. Sería una conclusión apresurada.

Cuando Néstor Kirchner llegó al poder, las privatizaciones de los servicios públicos eran uno de los legados más odiados de los noventa. Otorgarles ajustes tarifarios hubiera implicado entonces un fuerte costo político, lo que explica la decisión de mantener durante años el congelamiento tarifario dispuesto por Eduardo Duhalde en 2002. Pero hasta aquí llegó la impugnación a las privatizaciones. No se removió a las empresas ni se revisaron de conjunto los marcos regulatorios.

No liquidar las concesiones tuvo gravosas consecuencias. En el sector de la energía eléctrica las empresas se acomodaron a las nuevas condiciones y buscaron la forma de conservar su margen de ganancias o –en el peor de los casos– de minimizar las pérdidas ante las restricciones a sus ingresos por el impedimento de ajustar las tarifas.

El Gobierno de Cristina Fernández primero practicó una falsa argentinización con el ingreso de la familia Eskenazi como accionista de Repsol. Todo terminó en un enorme fraude. La nacionalización parcial de las acciones de YPF fue una respuesta de contragolpe frente al desfalco evidente. Pero la entrega a los pulpos multinacionales continuó con el pacto neocolonial con Chevrón para extraer hidrocarburos en Vaca Muerta. El “modelo” Eskenazi tiene sus equivalentes en otros exponentes del capitalismo de amigos: Sergio Taselli en los ferrocarriles, Río Turbio y Aceros Zapla; los Cirigliano en colectivos y trenes o José Pedraza en los ferrocarriles.

Con el correr de los años de gobiernos kirchneristas se inició la política de susbidios como compensación ante el congelamiento tarifario. Estos estuvieron destinados en buena parte a garantizar que los balances de las firmas cerraran con resultado positivo, y cada vez más a solventar la importación de combustibles para hacer andar la generación eléctrica y abastecer la red de gas. La factura total de los subsidios, sólo a la energía, insumió la friolera de U$D 100 mil millones durante el periodo 2005-2015. Es decir la mitad de lo que Cristina Fernández celebró haber pagado de deuda pública. El total de subsidios económicos dirigidos a empresas, sumando al transporte y otros menores, alcanzó los USD 162 mil millones.

El esquema de subsidios para sostener el capitalismo prebendario tuvo el rol de garantizar las ganancias de las empresas de energía sin tocar el esquema privatizador del menemismo. Pero también buscó garantizar de manera directa la energía barata a las grandes empresas como Techint, Arcor y tantas otras: no son los hogares, sino las industrias las principales demandantes de gas y electricidad.

Además, el subsidio a las tarifas energéticas de los hogares y del transporte en colectivos, trenes y subtes, no tenía el fin de mejorar la calidad de vida del pueblo trabajador. Por el contrario, buscó garantizar una fuerza de trabajo barata, es decir que los empresarios pagaran salarios menores que si los servicios fueran más caros. Gran parte de los subsidios tenían el rol de sostener un sistema energético y de transporte en decadencia -como se demostró trágicamente en el crimen social de Once- pero, fundamentalmente, garantizar la ganancia empresaria.

Poner tope a las tarifas, pero dejar los servicios públicos en manos de empresas que sólo buscan obtener ganancias, es incurrir en una contradicción insalvable. Querer superarla a través de subsidios, no sólo no resuelve el problema, ya que igual las empresas no invierten. Es que la compensación ante el congelamiento tarifario vino por dos vías. Los subsidios fueron una, pero la desinversión fue la otra. De esta forma, las ganancias de los operadores (tanto en la generación como en la distribución) tuvieron como condición la no inversión, es decir, un desgaste sin reposición del capital fijo, con aval del Estado.

El aporte estatal sostuvo un modelo de negocios basado en administrar la capacidad instalada, sin siquiera invertir para recomponer los generadores de electricidad que llegaron al fin de su vida útil. En el caso del gas, cayó la explotación de pozos y la producción local, generando una dependencia creciente de las importaciones. Cayó la capacidad de generación eléctrica, retrocedieron la producción y reservas de gas, mientras se deterioraron las redes de transporte y distribución. Esta desinversión tuvo consecuencias concretas: la extracción de petróleo decayó 21 % en el período que va de 2004 a 2015. En simultáneo fueron reduciéndose las reservas: pasaron de 393.926 millones de metros cúbicos en 2004 a 378.343 en 2014.

El petróleo está mayormente en manos de YPF y de Pan American Energy (PAE) de capitales británicos, chinos y argentinos (familia Bulgheroni). Otras empresas con menor participación son Petrobras, Pluspetrol, Sinopec y Tecpetrol de Techint.

Peor es la situación en gas. Entre 2004 y 2015, la extracción se redujo 17,7 %. En simultáneo, las reservas cayeron estrepitosamente: pasaron de 11 años en 2004 a 8 en 2014. La comparación con 1980 cuando el horizonte de reservas era de 47 años no deja lugar a dudas del proceso de declinación permanente. Las empresas responsables de esta dinámica son principalmente YPF, PAE y la francesa Total.

La necesidad de importar gas fue generando un gran agujero en el comercio exterior: en 2015 el país importó energía por un valor aproximado de U$S 6.000 millones y el déficit comercial se estimó en 3.000 millones de dólares. La denominada “restricción externa” (la insuficiencia de dólares que traba el crecimiento económico) se agudizó el último quinquenio kirchnerista a causa del saqueo de años.

Además de esta contradicción por el lado de la inversión, la política de subsidios llevó a que sean los mismos sectores populares y trabajadores a los que se dice querer beneficiar, los que terminan pagando los costos de esta política. El déficit fiscal que generaron los subsidios, se cerró manteniendo una estructura impositiva cada vez más regresiva. Los subsidios se sustentaron en un esquema tributario regresivo donde el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el robo al salario con el mal llamado impuesto a las ganancias aportaban casi el 40 % de la recaudación del Estado.

El kirchnerismo nunca se planteó eliminar el IVA a los consumo populares. El impuesto al salario fue defendido a capa y espada con un cínico discurso “distributivo” de Cristina Fernández que buscaba enfrentar pobres contra pobres. Recordemos el rechazo de Cristina Fernández a realizar cambios en el “impuesto al salario”, que durante su gobierno llegaron a pagar 2 millones de trabajadores. Los “pagadores seriales” de deuda pública y subsidios a las empresas necesitaban de ese esquema tributario regresivo para sostener la cancelación de los intereses de la deuda y los subsidios a las empresas energéticas y del transporte. Cubrir el déficit de las tarifas, también significó congelamiento del gasto en salud, educación, salarios de empleados estatales de miseria, y jubilaciones bien lejos del 82 % del salario promedio. La mitad del presupuesto público se utilizó en los últimos años del kirchnerismo para pagar subsidios, deuda pública y sus intereses.

Entre 2004 y 2015 se dilapidaron USD 162 mil millones de dólares en subsidios de todo tipo a la energía, el trasporte y otros sectores productivos a través de las llamadas “transferencias corrientes al sector privado”. Los grandes beneficiarios de los subsidios, debemos decirlo una vez más, fueron los empresarios más que los trabajadores; sin subsidios, habrían tenido que pagar un salario más alto por el mayor costo de vida en transporte, luz, agua y gas. De esta forma, los costos del esquema que, siendo muy benevolentes, podríamos llamar “mixto”, similar al del transporte ferroviario, y cuyas consecuencias más trágicas saltan a la vista si recordamos la masacre de Once, recayeron mayormente sobre los trabajadores.

Asimismo, por las decisiones tomadas durante los años 2000 respecto de las tarifas y otros aspectos de los contratos de licitación, la Argentina afrontó demandas ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI). Se trata de un organismo creado en 1965 dentro del Banco Mundial con el fin de formar tribunales sobre demandas de inversiones. Está conformado a la medida de las empresas. El país habilitó la posibilidad de que los diferendos con empresas extranjeras sean llevados a esta instancia, en vez de a la justicia nacional, durante los Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) firmados con 58 países en los años ‘90. Los TBI podían ser invocados en demandas ante el CIADI frente a una medida que un inversionista considere expropiatoria o “similar a una expropiación”, o cuando la empresa considerara que se ha visto discriminada por la medida estatal. Las decisiones de estos tribunales son inapelables dado que no existe una instancia superior a la cual recurrir para una segunda decisión. Estos laudos tampoco son revisables por las cortes locales y su carácter es de cumplimiento obligatorio para las partes. Formalmente, tampoco manejan precedentes judiciales vinculantes, ya que en teoría cada tribunal es único. Bajo las reglas establecidas por los TBI, las compañías pueden aducir que son damnificadas por las decisiones más elementales de política económica que intentaran tomar los gobiernos, como es el caso de las políticas tarifarias en el país o un cambio en la política monetaria o cambiaria. Argentina afrontó 48 demandas en estos tribunales, de las cuales 35 correspondieron a empresas que fueron concesionarias de servicios públicos privatizados en los años noventa. A pesar de que la acumulación de demandas en el CIADI aconsejaba denunciar los TBI, esto no ocurrió durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández.

Con los tarifazos y la devaluación que practicó el gobierno, la inflación se aceleró deteriorando el poder de compra del salario. Desde que asumió Macri, el salario nominal (es decir la remuneración en pesos) aumentó apenas 67 %. Desde que asumió Mauricio Macri las facturas de electricidad treparon 1627 % en las facturas que emite Edenor y 1615 % en Edesur para un consumo residencial promedio. La categoría más baja de consumo del gas de Metrogas mostrará un incremento de 1013 % cuando llegue junio. En mayo, la tarifa promedio del agua habrá experimentado una suba de 550 %. Las subas en colectivos, trenes y subtes, rondarán alrededor del 200 % cuando llegue junio.

El rechazo social a las subas en las facturas energéticas se hizo sentir en las calles este hace días atrás. El malestar también tuvo una manifestación distorsionada en el Congreso en el fallido debate del miércoles 18 de abril. Ahora el gobierno con sus aliados de Cambiemos acordó aplanar la facturación para que sea homogénea a lo largo del año y se pueda pagar en cuotas, con interés. El tarifazo sigue en pie y las ganancias de los amigos de Mauricio Macri no se tocan. Pero ahora se financia en cuotas el ataque sobre el bolsillo.

Junto con el robo a los jubilados y pensionados perpetrado con la contrarreforma previsional de diciembre, los tarifazos y la baja de los subsidios son la pieza clave del ajuste macrista. El repudio a las subas de tarifas golpea sobre la línea de flotación de la principal política que el Gobierno ofrece a los “mercados” a cambio de que le hagan el aguante con la deuda externa: la preocupación se la transmitieron a Nicolás Dujovne y Luis Caputo en la asamblea anual del FMI que tiene lugar por estas horas.

La contrapartida de los tarifazos son las exorbitantes ganancias que hacen las empresas. En el tercer trimestre de 2017 (último dato disponible), las compañías energéticas que cotizan en bolsa aumentaron sus ganancias entre el 89 % en el sector de generación de energía eléctrica hasta 2023 % en transporte de gas. Los datos corresponden a las empresas que cotizan en bolsa para solo un trimestre. Proyectados estos números a todo el año, implican ganancias cercanas a los U$S 800 millones: o U$S 2 millones por día o U$S 86 mil por hora (el equivalente a $ 1,8 millones al tipo de cambio actual).

En paralelo a la voluntad del gobierno y las empresas de avanzar con los tarifazos sin ningún compromiso de inversión, está sucediendo un proceso de reorganización patrimonial en el sector energético que favorece a más amigos del presidente. La principal empresa que avanza por este camino es Pampa Energía: es dueña de Edenor, pero también participa en las hidroeléctricas Los Nihuiles y Diamante, Transelec, Transener, en Transportadora General del Sur, Refinor, Petrobras, para mencionar sólo algunas de las compañías. Es un pulpo que interviene en todas las etapas productivas. Pampa Energía obtuvo una ganancia consolidada de $ 5.670 millones durante 2017 por todos sus negocios energéticos.

Pampa Energía está dirigida por Marcelo Mindlin, una suerte de Cristóbal López. Esta compañía también está vinculada al grupo Tavistock de John Lewis. Se trata del multimillonario terrateniente inglés que recibió en su casa patagónica al presidente argentino en momentos que Barack Obama, de visita en el país, se alojó en Bariloche.

Otro amigo de Macri que festeja los tarifazos es Nicolás Caputo: tiene participación accionaria en la Sociedad Argentina de Energía S.A. (Sadesa), que dirige la Central Puerto de generación eléctrica. Además, posee acciones de Edesur y controla Ecogas (con la mayoría accionaria de Gas Cuyana y de Gas del Centro), Hidroeléctrica Piedra del Águila, Central Térmica Mendoza y Central Térmica La Plata Cogeneración. Es decir, que recoge ganancias a través de toda la cadena de valor energética.

Las ganancias llegan a todos los rincones del mundo empresarial energético en 2017: Metrogas obtuvo $ 774,8 millones, Gas Natural BAN una utilidad neta de $ 542,9 millones y Camuzzi Pampeana beneficios por $ 824,9 millones; Edenor registró ganancias por $ 691,2 millones. Edesur es la única que obtuvo un balance negativo de $ 997,8 millones, pero esto fue debido a las multas judiciales; sus resultados operativos mejoraron sensiblemente. Hay otros negocios rentables como la importación de gas, a través de Enarsa, para insertar en el sistema doméstico. Las compras son autorizadas por el ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, y en muchos casos se realizan a través de Shell, su ex empleadora.

Los subsidios, a pesar de haberse reducido, fueron de más de USD 20 mil millones en 2017. Este total comprende a todas las actividades subsidiadas: el transporte, entre otras. Pero el sistema energético se lleva la mayor proporción. Edenor, Edesur y Metrogas en el área metropolitana de Buenos Aires y las distribuidoras de las otras jurisdicciones del país constituyen el eslabón final del sistema energético, que también comprende la producción de hidrocarburos (petróleo y gas) y su transporte.

Lo que ocurre en el primer eslabón de extracción es central para el abastecimiento energético del país. Durante años Repsol expolió los recursos hidrocarburíferos (lo mismo que las otras empresas del sector): extrajo ganancias por USD 14 mil millones desde 1999 hasta la semi nacionalización de las acciones de YPF en 2012. ¿Qué pasaba si se invertían esas ganancias? Nunca sabrá porque fueron a parar al Estado Español.

Es necesario frenar los tarifazos para terminar con la expropiación sobre los bolsillos del pueblo trabajador. Los servicios públicos son un derecho esencial cuya provisión no puede estar guiada por la lógica del lucro capitalista. Pero la cuestión no puede limitarse a aumentar tarifas o mantener subsidios, como proponen el gobierno de Macri o la oposición del FPV y el FR, mientras la UCR propone aplicar el mismo tarifazo de Aranguren pero suavizado durante el año. Ninguna de estas alternativas va al nudo de la cuestión, que es que el acceso a la energía eléctrica, el gas, el agua, o el transporte, no pueden estar sometidos a la medida de la ganancia capitalista. No son commodities para que los empresarios hagan negocios, como entiende el macrismo, siguiendo una línea invariable desde los tiempos en que empezaron a diseñarse las privatizaciones en los años ‘80.

El actual estado de desmembramiento del entramado energético es totalmente irracional. Para establecer una planificación racional es necesaria la estatización del sistema energético nacional, es decir de todas las etapas productivas, desde la extracción de los recursos, la generación eléctrica, el transporte y distribución a los usuarios. La expropiación o quita de concesiones a las empresas privadas debe ser sin ningún tipo de indemnización: no se puede seguir el ejemplo de Axel Kicillof que, luego de decir que la empresa española debía resarcir a la Argentina, indemnizó a la Repsol que expolió los recursos nacionales por más de una década.Por el contrario, una auditoria en la que se abran los libros contables de las empresas debe establecer la reparación que deben pagar Edesur, Edenor, Metrogas y todas las responsables de la decadencia del sistema energético.

El sistema energético nacional tiene que estar bajo gestión y control de los trabajadores y técnicos, que mediante una votación directa elijan los órganos de dirección y administración. Además que debe comprender la participación de comités de usuarios populares. Y la perspectiva debe ser que todo el pueblo trabajador pueda acceder a tarifas bajas, en una perspectiva de abaratamiento permanente de los costos energéticos en base al desarrollo productivo.

Argentina cuenta con una gran capacidad científico tecnológica en materia energética: Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) de la que dependen tres centros atómicos (Bariloche, Ezeiza y Constituyentes) y el Instituto Balseiro; Nucleoeléctrica Argentina S.A. (Nasa), que bajo la órbita del Ministerio de Energía opera las centrales nucleares Atucha; el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI); científicos del Conicet y de las universidades; además de numerosos técnicos en los organismos públicos, para mencionar sólo algunos ejemplos. Lejos de potenciar esta capacidad, el gobierno de Macri busca ahogarlos presupuestariamente para abrir paso al negocio privado y a las multinacionales. La gestión de los trabajadores del sistema energético debiera actuar de manera integrada con ese entramado científico tecnológico.

Esta salida de fondo es diametralmente opuesta a volver a la antigua Segba o empresas públicas vaciadas por los negocios de la patria contratista, en función de allanar el camino de las privatizaciones.

Esta apropiación de los recursos estratégicos que fueron entregados a cambio de monedas por parte de los gobiernos privatizadores, es inseparable de otras iniciativas de la clase trabajadora para cortar el saqueo nacional y reorganizar la economía en función de las necesidades del pueblo pobre. Empezando por declarar el no pago de toda la deuda pública, la nacionalización de la banca y conformación de una banca estatal única, y el monopolio estatal del comercio exterior.

Por las razones expuestas y las que brindaremos oportunamente es que solicitamos la aprobación del presente proyecto de ley.