Repudiar las detenciones realizadas el pasado 14 de abril a 8 dirigentes sociales y sindicales en San Salvador de Jujuy, provincia de Jujuy, por su participación en la movilización del pasado 4 de abril a la Legislatura provincial, en el marco de un paro provincial, que terminó con represión. Diez días después de la movilización el fiscal Diego Cussell y el juez Jorge Zurueta dispusieron allanamientos en los domicilios particulares de los manifestantes y su posterior detención, en lo que constituye un atentado a las más elementales libertades democráticas y un nuevo episodio de persecución y criminalización de la protesta en la provincia de Gerardo Morales.

Durante los últimos meses fueron reiteradas las detenciones arbitrarias e ilegales a distintos dirigentes sindicales, sociales y políticos en la provincia de Jujuy, en lo que ya constituye un modus operandi del Poder Judicial y la instauración prácticamente de una suerte de régimen policial contra todo aquel que se manifieste contra las políticas de ajuste y despidos en esa provincia gobernada por Cambiemos.

Señor presidente:

Traemos nuevamente a consideración de esta cámara un proyecto de resolución que pretende repudiar y alertar ante la situación de persecución política y judicial que se vive en la provincia de Jujuy. La mañana del sábado 14 de abril la Policía de esa provincia realizó allanamientos y detenciones contra ocho dirigentes sindicales y sociales, que participaron el 4 de abril de la movilización a la Legislatura provincial, en el marco de un paro provincial, que terminó con represión. La causa fue iniciada por el fiscal Diego Cussell y la orden de detención fue dictada por el juez Jorge Zurueta, que 10 días después de la movilización a la Legislatura ordenaron allanar domicilios y detener a los manifestantes.

Los detenidos son Pedro Isaac Cachizumba, Juan Cruz Pauza, Arnaldo Peralta, Santiago Hatmud, Carlos Alejandro Velázquez, Carlos Pastor Albornoz, Leonel Altamirano e Iván Alejandro Mercado.

A los mismos se les imputa el delito de “atentado y resistencia a la autoridad agravado por poner manos a la autoridad”, cuya pena va de seis meses a dos años de prisión, por lo tanto excarcelable.

Esta práctica de detener dirigentes sindicales, sociales y políticos no es nueva en esa provincia. A la detención de Milagro Sala, aún con prisión domiciliaria, se suman las detenciones en diciembre pasado de 25 obreros del Ingenio La Esperanza y uno de sus abogados, la de estudiantes del CEIJA IDEAR y la concejala del PTS-Frente de Izquierda Andrea Gutiérrez el pasado jueves de Semana Santa, la del dirigente de ATE Gustavo Humberto Santos el pasado 24 de marzo, entre otros.

Este accionar del Poder Judicial y la Policía de Jujuy, a las órdenes del gobernador Gerardo Morales, es un hecho de suma gravedad que atenta contra los más elementales derechos democráticos y de protesta y que sienta un peligroso precedente. Durante los últimos meses fueron reiteradas las detenciones arbitrarias e ilegales a distintos dirigentes sindicales, sociales y políticos en esa provincia, en lo que ya constituye un modus operandi del Poder

Judicial y la instauración prácticamente de una suerte de régimen policial contra todo aquel que se manifieste contra las políticas de ajuste y despidos, como por ejemplo los despidos arbitrarios y persecutorios en los ingenios, en esa provincia gobernada por Cambiemos.

Por las razones expuestas y reiterando la gravedad de la situación descripta es que solicitamos la aprobación del presente proyecto de resolución.