Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional, en los términos del artículo 71 de la Constitución Nacional y del artículo 204 del Reglamento de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, a fin de que disponga la inmediata concurrencia del Ministro de Hacienda de la Nación, Lic. Nicolás Dujovne, a fin de que brinde informes verbales e información pormenorizada acerca de la denuncia periodística que señala que el Ministro participó del "sinceramiento fiscal" establecido por la Ley 27.260 pocos meses antes de asumir su cargo en el gabinete nacional, blanqueando su participación en la sociedad Florentine Global, radicada fuera del país y valuada al 3 de enero de 2017 en $ 20,1 millones, lo cual significa el reconocimiento de una evasión previa; así como la sede donde se encuentra radicada dicha firma, si se corresponde con una de las dos firmas que se conocen con ese nombre, de las cuales una es de Delaware y la otra de las Islas Vírgenes británicas, y las actividades que la firma realiza.

Señor presidente:

El pasado viernes una investigación de los periodistas Alejandro Rebossio y Rodis Recalt publicada en la revista Noticias, reveló que el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, blanqueó capitales por una suma de aproximadamente $ 20,1 millones, correspondientes a su propiedad de la empresa Florentine Global.

Los periodistas obtuvieron la información de una fuente de AFIP, quien señaló que Dujovne se acogió a la amnistía fiscal antes de asumir como ministro en el gabinete de Mauricio Macri el pasado 3 de enero de 2017. De esta forma, el ministro de Hacienda habría participado del "sinceramiento fiscal" impulsado por el gobierno en 2016. Al momento de blanquear capitales, Dujovne no era todavía funcionario, sino un ciudadano como cualquier otro. Claro, como cualquier otro que de ese 1% de mayores ingresos y riqueza de la sociedad, que son los que tienen plata escondida en el exterior, producto de alguna maniobra de evasión y ocultamiento y que son moneda corriente en el Gabinete de Cambiemos. Porque una cosa es clara: si blanqueó, es porque antes había evadido.

El periodista Alejandro Rebossio, explicó luego en una entrevista con La Izquierda Diario que “a nosotros nos llega una información de fuente muy fidedigna de dentro de AFIP, que indica que Dujovne había entrado al blanqueo, y que lo había hecho a través de esta sociedad Florentine Global. También nos dieron otros datos, que después se comprobó que no eran ciertos, pero estos dos datos los pudimos ratificar por otra fuente de AFIP y por dos fuentes dentro del gobierno. Y después en el propio comunicado oficial que nos mandó el propio Dujovne, hay un reconocimiento implícito de que entró. No lo afirma, pero no lo niega. Después la otra información que nadie nos pudo desmentir hasta ahora, es que el ingreso al blanqueo se hizo a través de esta sociedad Florentine Global, que está a nombre de Dujovne en la declaración hecha en la Oficina Anticorrupción. Cuando alguien entra a la administración pública tiene que hacer una declaración jurada. En este caso es al 3 de enero de 2017, cuando él fue designado en el Boletín Oficial como ministro. En esta declaración jurada aparecía efectivamente esta sociedad llamada Florentine Global. Aparecía como una sociedad en el exterior, y no estaban claras muchas cosas sobre la misma. Incluso ya en julio del año pasado Emilia Delfino del diario Perfil había hecho una nota sobre esta misteriosa sociedad porque no se aclaraba si era una sociedad anónima, qué tipo de sociedad era. (…) Dado el monto del que hablamos, quizá podría encuadrar en lo que ahora es la evasión simple. Justo en diciembre del año pasado, en la reforma tributaria, se elevó el monto para categorizar el delito de evasión simple. Antes era de $ 400 000, y ahora es $ 1 500 000. Podría caer dentro de este rango, que se extiende hasta los $ 15 000 000. Este delito tiene una pena de entre 2 y 6 años de prisión. La evasión agravada, que por el monto quizá no correspondería, tiene una pena de entre 3 años y medio y 9 años. Hay que recordar que por entrar al blanqueo, pagó un 10% de impuesto. Si no hubiera entrado al blanqueo y lo pescaban, corría el riesgo de que le cobraran, mucho más. Depende siempre del tipo de delito. La prescripción para la evasión simple son 6 años, y para la agravada 9. Hay que ver entonces desde qué momento tenía esa plata, y si está o no prescripto el delito”.

En octubre del año pasado, una periodista mexicana le preguntó a Mauricio Macri en conferencia de prensa: “Uno de los discursos que más repite es la transparencia, la honestidad, la ética ¿Cómo explica entonces a los argentinos el hecho que su hermano haya blanqueado millones de pesos gracias a una ley que reformó por Decreto?”. “Que mi hermano haya blanqueado era un derecho que le daba la ley”, respondió el Presidente sin inmutarse. ¿Lo mismo podría decir hoy el Ministro Dujovne?

El hermano de Macri no fue el único de su “círculo rojo” que aprovechó el blanqueo impulsado por Cambiemos en el Congreso Nacional y que fue modificado luego por un decreto presidencial para que no queden afuera amigos, socios y familiares. Una ley casi a medida del gabinete offshore y sus allegados.

Según el periodista Horacio Verbitsky, además de Gianfranco Macri, entraron al blanqueo un primo de Marcos Peña Braun, el amigo íntimo del presidente Nicky Caputo, Marcelo Mindlin, que compró Iecsa al primo del presidente Ángelo Caltaterra y un cuñado del secretario Legal y Técnico de la presidencia, Pablo Clusellas Zorraquín. Esos cinco personajes blanquearon un total de U$S 132 millones.

Cambiemos impulsó la ley para blanquear fondos colocados en el extranjero: unos U$S 120.000 millones se exteriorizaron; de este monto la mayoría sigue depositado o invertido en activos en el exterior, aunque ahora de forma legal. Pero algunas estimaciones indican que hay mucho que sigue sin blanquear: unos U$S 400.000 millones fueron fugados por argentinos hacia el exterior, una cifra aproximada al 80% del Producto Interno Bruto (PIB).

Los que blanquearon apenas pagaron una penalidad de 8 % en promedio, para seguir moviendo esa plata en inversiones acá y en el exterior, ahora de forma legal. Un negocio redondo para los evasores del Gabinete y los empresarios para los que gobiernan. Ahora podemos sumar a Dujovne a esa lista.

Estas denuncias permanentes que surgen contra los miembros del Gabinete de Mauricio Macro contrastan con una realidad económica alarmante. Bajo la conducción de Dujovne y de Luis Caputo, otro destacado miembro del gabinete offshore de Cambiemos, el Estado se está endeudando en forma brutal, no sólo por el déficit fiscal primario, que se mantienen elevado no tanto por el supuesto "gradualismo" del gasto sino porque bajaron impuestos a los exportadores sojeros, a la ganancia de las empresas, a los bienes personales, sino también porque la deuda cubre el déficit financiero, es decir, el pago de intereses de deuda, un rubro que crece exponencialmente a medida que se acrecienta la deuda. Más de la mitad de lo que entra por emisión de deuda pública se va en pagar vencimientos de deuda. Por ejemplo, en 2017 se emitió deuda por U$S 94.682 millones y se pagó U$S 54.368 millones en capital e intereses. Además, la deuda en dólares permite que entren billetes verdes que después se vuelven a fugar; desde que asumió Macri y a pesar del blanqueo, hubo salida neta de U$S 30.000 millones.

Encima esa brecha fiscal la quieren cerrar por otro lado subiendo impuestos a los trabajadores, aplicando tarifazos y bajando las jubilaciones. La recaudación del estado recae fundamentalmente sobre los trabajadores con el IVA, y la recaudación previsional, mientras que en Ganancias las empresas tienen múltiples vías de elusión y en cambios sectores de trabajadores siguen pagando sumas significativas por la cuarta categoría.

La realidad social y laboral muestra indicadores alarmantes: en el tercer trimestre de 2017, según cifras oficiales, la mitad de los asalariados en la Argentina percibía menos de 12.000 pesos, sin llegar a cubrir ni la mitad de la canasta de ingresos mínimos, estimada en ese momento en 24.312,8 pesos por los trabajadores de la Junta Interna de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), mientras que el 70 % ganaba menos de $ 16.000.

La inmensa mayoría de los jubilados, muchos de los cuales trabajaron más de 40 años, perciben actualmente la mínima de 7.660,42 pesos, menos de la mitad del valor de la canasta básica del jubilado, calculada en 17.523 pesos para noviembre de 2017, según la Defensoría de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires.

Mientras tanto, son al menos 11,4 millones de personas los que no alcanzan a cubrir la línea de pobreza, es decir, más de un cuarto de la población. En algunas regiones del país como en el Gran Buenos Aires la pobreza trepa al 29,5 % en el noreste alcanza al 33,2 % de las personas, en Gran Resistencia al 39,2 % y en Santiago del Estero-La Banda 38,3 %. Pero la pobreza considerada en un sentido integral y no sólo por ingresos, es decir aquella que tiene en cuenta la ausencia de derechos básicos como la alimentación, la cobertura de salud, servicios básicos, vivienda, educación, sistema de seguridad social y el acceso a la comunicación e información, afecta a más de la mitad de los hogares. Según la Universidad Católica Argentina (UCA) el 64,5 % de los hogares padece al menos una de estas carencias; y el 41,3 % al menos dos carencias. El 34,1 % de los hogares no cuenta con servicios básicos como conexión de red de agua corriente, o red cloacal o fuente de energía; el 34,7 % no tiene recursos educativos y el 21,4 % no habita en una vivienda digna.

La desocupación afectaba a fines de 2017 al 7,2 % de la población activa, pero crece significativamente en el caso de los jóvenes y a las mujeres. Un tercio de los trabajadores están no registrados, y buena parte de los que son formales tienen contratos a término, tercerizados, etc. Los trabajadores son así los convidados de piedra de las contradicciones propias de la irracionalidad de este sistema social, que mantiene por un lado al 22 % de la población activa de más de 14 años demandando un empleo, y por el otro, al 28 % en situación de sobreocupación horaria.

La fuga de capitales, los negocios offshore, las empresas fantasma, el delito organizado de los ricos para evadir, constituyen un drenaje de recursos permanente, donde la riqueza social creada por millones de trabajadores se la llevan afuera un puñado de empresarios que son los responsables de los problemas estructurales del país. Dicen que no hay otro camino que no sea el endeudamiento, que no hay plata, pero el dinero de argentinos en el exterior supera la deuda externa del país. Este es el robo permanente de la clase capitalista a la mayoría nacional.

Ayer fue Caputo, antes Aranguren, hoy Dujovne. También nos enteramos la semana pasada que el secretario de Finanzas, Santiago Bausili, mano derecha del ministro Luis Caputo en la gestión y que lo acompañó en el Congreso, percibió un bono del Deutsche Bank durante 2016 y 2017, cuando trabajaba ya como funcionario. Ese banco se encargó de comerciar deuda ¿Cuántos más aparecerán? Es imperioso que el funcionario a cargo del ministerio de Hacienda, quien con sus políticas está consolidando la gravisima situación social de los trabajadores y el pueblo pobre en nuestro país que describieramos ut supra, se presente ante el Congreso y dé explicaciones en forma inmediata.

Por las razones expuestas y las que brindaremos oportunamente solicitamos la aprobación del presente proyecto de resolución.