IGUALACIÓN DE DIETAS Y HABERES DE LEGISLADORES Y FUNCIONARIOS POLÍTICOS CON EL SALARIO DOCENTE

Artículo 1°.- Iguálese el monto total de las dietas y/o haberes que perciben los/as legisladores nacionales y todos los/as funcionarios/as políticos/as de los poderes Ejecutivo y Legislativo de la Nación con el salario que percibe mensualmente un/a docente que trabaja 36 horas cátedra, con 20 años de antigüedad, en la provincia de Buenos Aires, o el equivalente a dos salarios iniciales docentes en la misma provincia.

Artículo 2°.- A partir de la vigencia de la presente ley, los/as legisladores nacionales y funcionarios/as políticos/as del Poder Ejecutivo y Legislativo de la Nación sólo podrán percibir aumentos en sus dietas y/o haberes en el mismo momento y en la misma proporción a los aumentos que registren los haberes que percibe un/a docente, según lo estipulado en el artículo 1º de esta ley.

Artículo 3°.- Invítese a todas las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley nacional, igualando las dietas y/o haberes de sus legisladores y funcionarios políticos de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 1° y 2° de la presente ley.

Artículo 4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional.

Señor presidente:

Traemos a consideración de esta Cámara un proyecto de ley que tiene por objeto la igualación de dietas y haberes de los legisladores y funcionarios políticos con el salario percibido por las trabajadoras y trabajadores docentes.

En el tercer trimestre de 2017, según cifras oficiales, la mitad de los asalariados en la Argentina percibía menos de 12.000 pesos, sin llegar a cubrir ni la mitad de la canasta de ingresos mínimos, estimada en ese momento en 24.312,8 pesos por los trabajadores de la Junta Interna de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), mientras que el 70 % ganaba menos de $ 16.000. La inmensa mayoría de los jubilados, muchos de los cuales trabajaron más de 40 años, perciben actualmente la mínima de 7.660,42 pesos, menos de la mitad del valor de la canasta básica del jubilado, calculada en 17.523 pesos para noviembre de 2017, según la Defensoría de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires.

En contraposición a esto, quienes detentan el título de “representantes del pueblo”, perciben cerca de 100.000 pesos mensuales de bolsillo, es decir, más de 7 veces de lo que percibe en promedio mensualmente cualquier trabajador y 12,5 veces los ingresos que tienen los más de 6 millones de asalariados que no están registrados por sus empleadores. A esto se agregan los sobresueldos que se embolsan los legisladores como el llamado canje de pasajes que permiten cobrar hasta 40 mil pesos mensuales extra por pasajes no usados.

Lo mismo sucede con los funcionarios políticos dependientes del Poder Ejecutivo y de los jueces y secretarios judiciales. Estos últimos ni siquiera pagan impuesto a las ganancias.

¿Por qué un/a diputado/a o funcionario/a político/a puede cobrar por mes hasta doce veces más de lo que percibe un/a maestro/a de grado que tiene a su cargo entre veinte y treinta niños/as y cuya tarea es de gran importancia, puesto que hace a la educación de nuestros hijos e hijas? La explicación es sencilla. Para garantizar normas favorables a los intereses de los grandes empresarios, banqueros, terratenientes y operadores de bolsa, es necesaria una casta especial de políticos profesionales, que viva como los altos gerentes de las grandes empresas y a la que no le tiemble el pulso a la hora de gobernar y legislar en favor de los grandes capitalistas y grupos económicos.

Mientras tanto, son al menos 11,4 millones de personas los que no alcanzan a cubrir la línea de pobreza, es decir, más de un cuarto de la población. En algunas regiones del país como en el Gran Buenos Aires la pobreza trepa al 29,5 % en el noreste alcanza al 33,2 % de las personas, en Gran Resistencia al 39,2 % y en Santiago del Estero-La Banda 38,3 %. Pero la pobreza considerada en un sentido integral y no sólo por ingresos, es decir aquella que tiene en cuenta la ausencia de derechos básicos como la alimentación, la cobertura de salud, servicios básicos, vivienda, educación, sistema de seguridad social y el acceso a la comunicación e información, afecta a más de la mitad de los hogares. Según la Universidad Católica Argentina (UCA) el 64,5 % de los hogares padece al menos una de estas carencias; y el 41,3 % al menos dos carencias. El 34,1 % de los hogares no cuenta con servicios básicos como conexión de red de agua corriente, o red cloacal o fuente de energía; el 34,7 % no tiene recursos educativos y el 21,4 % no habita en una vivienda digna.

Bajo estas condiciones los trabajadores se ven obligados a realizar jornadas extenuantes de trabajo para obtener los medios necesarios para vivir, en muchos casos debiendo estar sometidos a todo tipo de abusos patronales, o completar sus ingresos con “changas” y trabajos informales inestables al ciclo económico y sin ninguna protección laboral. Nada de eso tiene que ver con el “emprendedurismo” con el que el gobierno nacional quiere encubrir esta situación desesperante para millones. La desocupación afectó en promedio en el 2017 al 8,4 % de la población activa, especialmente a los jóvenes y a las mujeres. Los trabajadores son así los convidados de piedra de las contradicciones propias de la irracionalidad de este sistema social, que mantiene por un lado al 22 % de la población activa de más de 14 años demandando un empleo, y por el otro, al 28 % en situación de sobreocupación horaria.

Asimismo, en base a la Encuesta Permanente de Hogares (Indec), el 51 % de aquellos que están ocupados trabajan en condiciones de precarización extrema, por trabajar bajo una o más de las siguientes tres condiciones: no tener realizado el descuento jubilatorio, no contar con derechos laborales como aguinaldo, vacaciones pagas, días pagos por enfermedad, obra social o estabilidad en el puesto de trabajo, o cuyo ingreso sea menor al Salario Mínimo, Vital y Móvil.

Pero incluso para aquellos asalariados que están “en blanco”, que a primera vista parecería que cumplen con todos los derechos laborales, existen condiciones de precariedad. Bajo distintas cláusulas que se incorporan en los convenios laborales, con complicidad de las direcciones sindicales burocráticas, se agregan condiciones de flexibilización laboral en algunos sectores como la polivalencia, el trabajo en equipo, salarios ligados al rendimiento, facilidades para la suspensión de personal sin pagar cargas sociales, entre otras.

Esta alevosa desigualdad entre un pequeño grupo de funcionarios políticos que se enriquecen con su función política y millones de trabajadores y pobres que no llegan a fin de mes, tiene el único objetivo de perpetuar este régimen social basado en la explotación. Un sistema en el que sean los/as trabajadores/as quienes garanticen las enormes ganancias capitalistas y paguen también sus inevitables crisis, como busca imponerse ahora con medidas de ajuste, tarifazos, inflación y "ancla" salarial.

Los privilegios de los que gozan los/as diputados/as, senadores/as y funcionarios/as políticos/as contrastan con las condiciones de vida, las necesidades y los padecimientos de la amplia mayoría del pueblo pobre y trabajador. Por eso, constituye una gran falacia que para justificar tales privilegios se sostenga que quienes ocupan cargos políticos deben cobrar sueldos millonarios para "ejercer su función", como si el trabajo de un/a obrero/a, de una empleada doméstica o de un/a maestro/a de grado no valiera nada, y la "función pública" fuera algo para "especialistas".

Nuestro planteo, que tiene como antecedentes los expedientes 804-D-2014 y 8579-D-2016, de autoría de los diputados Nicolás del Caño y Myriam Bregman, surge del levantamiento de los obreros de parisinos en 1871 que pusieron en pie la llamada Comuna de París, el primer gobierno de trabajadores de la historia. Allí todos los funcionarios de la Comuna ganaban como cualquier trabajador y todos los cargos eran revocables por el pueblo. Ese es nuestro paradigma.

Por todo lo expuesto, se solicita a las y los señores diputados la aprobación del presente proyecto de ley.