Expresar su profunda preocupación y repudio ante la imputación de dirigentes sindicales, políticos y sociales por su participación en la movilización a la Legislatura de Neuquén que repudió el acuerdo YPF-Chevron en agosto del año 2013. Carlos Quintriqueo, secretario general de la CTA Neuquén, Raúl Godoy (ex secretario general del Sindicato Ceramista y diputado provincial por el FIT al momento de la represión) y Andrés Blanco (ex secretario adjunto del Sindicato Ceramista), entre otros, son acusados del delito de "perturbación de las funciones públicas y daños calificados". Luego de que la causa fuera desestimada semanas atrás, la misma se volvió a abrir intentando juzgar dos veces un mismo hecho y utilizando como presunta prueba contra los trabajadores informes de los servicios de inteligencia de la policía provincial infiltrados ese día en la movilización

Asimismo, nos pronunciamos por el inmediato cese de la persecución judicial y en defensa del derecho de manifestación y protesta de quienes se movilizaron en contra de la entrega de nuestros recursos naturales a la multinacional Chevron.

Señor presidente:

Traemos a consideración de esta Cámara un proyecto de resolución que tiene por objeto expresar su profunda preocupación y repudio ante la imputación de dirigentes sindicales, políticos y sociales por su participación en la marcha a la Legislatura del Neuquén que repudió el acuerdo YPF-Chevron en el mes de agosto del año 2013. En una primera instancia el Fiscal Ignacio Di Maggio los acusó del delito de "perturbación de las funciones públicas y daños calificados", entre ellos a Carlos Quintriqueo, secretario general de la CTA Neuquén, Raúl Godoy (ex secretario general del Sindicato Ceramista y diputado provincial por el FIT al momento de la represión) y Andrés Blanco (ex secretario adjunto del Sindicato Ceramista).

El 6 de marzo pasado debía realizarse la audiencia de formulación de cargos contra los imputados, pero 24 horas antes el propio fiscal solicitó el sobreseimiento de todos los dirigentes, por vencimiento del plazo procesal y por falta de pruebas contra los mismos. A las pocas horas la jueza Mara Suste resolvió dar curso al pedido del fiscal y sobreseer a todos los referentes sindicales y políticos acusados.

Sin embargo una semana después el jefe de los fiscales José Gerez anunció que reabrirían la causa, decisión finalmente tomada en el día de ayer con la presentación del fiscal Vignaroli impugnando el pedido de Di Maggio.

Además de la persecución y criminalización de la protesta que constituye este caso, nos encontramos ante la intención del Ministerio Público Fiscal de intentar juzgar dos veces por un mismo hecho. También se agrega un hecho de suma gravedad en esta nueva elevación a juicio contra los trabajadores: se ratifican como supuestas pruebas los informes de los servicios de inteligencia de la policía provincial infiltrados ese día en la movilización.

Nos encontramos entonces frente a un nuevo caso de persecución contra los luchadores, en este caso, contra quienes se movilizaron en repudio al escandaloso acuerdo entreguista de nuestro recursos naturales entre YPF y la multinacional norteamericana Chevron para la explotación de hidrocarburos no convencionales en Vaca Muerta.

Debemos recordar aquí que en agosto del año 2013 estatales enrolados en la CTA, docentes de ATEN, trabajadores ceramistas, comunidades mapuches, estudiantes secundarios y universitarios se movilizaron a la Legislatura neuquina junto a la comunidad, resistiendo incluso la represión del grupo especial de la policía durante ocho horas.

Pasado más de un año y medio de aquella represión, durante una votación que pasará a la historia de la provincia como una de las más vergonzantes, todavía no hay un solo policía ni funcionario imputado por los heridos, incluyendo al trabajador Rodrigo Barreiro, quien todavía lleva en su cuerpo una bala de plomo policial. Debemos decir que se trata de la misma justicia que con celeridad imputa a dirigentes sindicales y sociales, mientras tiene parada la causa por el manifestante herido de bala.

Carlos Quintriqueo, secretario general de la CTA Neuquén, recordó a los medios locales que "la Provincia tenía previsto reprimir y escarmentar a la población para defender sus negociados. Por eso vallaron la Legislatura con dos días de anticipación y llevaron efectivos, perros y armamento como para escarmentar". Y agregó que mientras los trabajadores son acusados la causa por la herida de bala que sufrió un docente "sigue paralizada".

También se expresó al respecto Raúl Godoy, quien en el 2013 ocupaba la banca en la Legislatura provincial por el PTS en el Frente de Izquierda, quien denunció que "no nos extraña la acusación de este Fiscal y su justicia, que tiene práctica en atacar a los trabajadores y a la izquierda. Ese día, trabajadores ceramistas, estatales, docentes, judiciales, pueblos originarios y cientos de jóvenes rechazamos la entrega por parte del kirchnerismo, el MPN y todos sus aliados, de nuestros recursos naturales aChevron. En mi caso, dentro de la Legislatura como diputado provincial, pero también acompañando afuera a todos los manifestantes que fueron brutalmente reprimidos; incluso con balas de plomo, como ha sido el caso de Rodrigo Barreiro. Mientras la justicia persigue a los trabajadores, encubren a los policías responsables de ese hecho y a todos los responsables políticos de la represión".

Pasado casi un año y medio de la escandalosa sesión en la Legislatura neuquina que selló el pacto de entrega de los recursos naturales a la multinacional Chevron, los trabajadores reprimidos en aquella oportunidad hoy son llevados al banquillo de los acusados, por el sólo hecho de manifestarse.

Entendemos que es de suma urgencia pronunciarse ante esta situación y por los motivos expuestos, es que solicitamos la aprobación del presente proyecto de resolución.