Manifestar su apoyo a las medidas de fuerza que están llevando adelante los trabajadores docentes de la Provincia de Buenos Aires en defensa de sus salarios y de la educación pública, estatal, gratuita y de calidad.

Expresar preocupación ante el intento de cercenar el derecho constitucional de huelga de los trabajadores de la docencia de esa Provincia, expresados en el reciente fallo del Juez de primera instancia en lo contencioso administrativo Nro. 3 de la Ciudad de La Plata, en las declaraciones del Vice-gobernador de la Provincia de Buenos Aires Gabriel Mariotto y de la Directora General de Cultura y Educación Nora de Lucia planteando, contra las normas de la Organización Internacional del Trabajo ratificadas por nuestro país, que la educación es un "servicio público esencial"; en la conciliación obligatoria dictada ilegalmente por el Ministerio de Trabajo provincial, y en el aumento de salarios por decreto y la pretensión de reinstalar el presentismo docente.

Señor presidente:

La histórica huelga docente de la provincia de Buenos Aires, que se da en el marco de un conflicto sin cerrar de la paritaria nacional y de varias otras provincias, lleva varias semanas de duración con un acatamiento altísimo, casi unánime en la docencia. Las movilizaciones distritales son de miles de trabajadores, y más de 50 mil docentes se han reunido en La Plata frente a la gobernación días atrás, en reclamo de una recomposición salarial y en defensa del derecho a huelga. Misma masividad se expresó el día miércoles 26 del corriente en la movilización al Ministerio de Educación de la Nación en la Ciudad de Buenos Aires.

En vistas de una inflación calculada para el presente año del 40%, y producto de la devaluación del peso del 20% en el mes de enero, el nivel del costo de la canasta familiar se ha elevado aproximadamente a los 9.000 pesos. Hoy en día el salario inicial de un docente se encuentra en los 3.600 pesos. Distintas consultoras calculan que la pérdida del salario real cayó más de 35% entre marzo de 2013 y la fecha. La negativa a avanzar en una propuesta que los docentes pudieran considerar favorablemente no parte de una imposibilidad económica, sino de una decisión política. De lo contrario se afectarían las millonarias exenciones impositivas a empresas privadas de la provincia o los pagos de la deuda externa provincial. La negativa a mejorar la oferta salarial a los docentes, que el gobernador Daniel Scioli coordina con otros mandatarios provinciales, tiene la pretensión de fijar un tope salarial para el conjunto de las paritarias de empleados públicos o privados.

Asimismo, consideramos que el fallo judicial del Juez Terrier es un claro avasallamiento al derecho de huelga, ya que pretende contraponerlo al derecho a la educación, cuando la lucha docente es una lucha en defensa de la educación pública y de calidad. El dictado de la conciliación obligatoria, embiste del mismo modo el derecho de huelga siendo el Estado quien la dicta y quien es su empleador, ejerciendo un doble rol de juez y parte.

En el mismo sentido se dan las declaraciones del Vicegobernador Mariotto y la Directora General de Educación Nora De Lucia, quienes manifestaron su intención de declarar la educación como servicio esencial. Lejos de tener como objetivo la revalorización de la misma, es un recurso para impedir el legítimo derecho a huelga. En este punto, la contradicción del Gobierno es flagrante al considerar a la educación un servicio esencial pero por el cual retribuye a sus trabajadores menos de la mitad del costo de la canasta familiar.

Estos atropellos a un derecho constitucional, se producen en el marco de un avance en el ajuste a la educación y a los trabajadores en general, que el Gobierno Provincial ya viene aplicando al mantener una deuda salarial por trabajos realizados con más de 10.000 docentes y auxiliares de escuela, desde hace más de un año. Esta política se refleja en la infraestructura escolar que se encuentra en situaciones deplorables y el desabastecimiento de los comedores.

El aumento salarial por decreto que aplicó el Ejecutivo Provincial que anula la paritaria, intenta ser otro golpe a la huelga. Por la misma vía se dirige el recurso de amparo y la medida cautelar que impulsó la Defensoría del Pueblo, y la instauración del presentismo que pretende realizar el Poder Ejecutivo Nacional. Esta medida no tiene como objetivo garantizar los días de clase, sino obligar a los trabajadores a asistir al trabajo en situaciones de extrema enfermedad, personal o familiar, y a no realizar ninguna medida de fuerza en defensa de sus intereses.

Por estas razones, expresamos nuestro apoyo a la lucha de los maestros y las maestras en defensa de sus salarios y de la educación pública, estatal, gratuita y de calidad y solicitamos nos acompañen en la aprobación del presente proyecto de resolución.