Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional a fin que, a través del Ministerio de Seguridad de la Nación o los organismos que correspondan, informe a esta Cámara la nómina completa del personal de Gendarmería Nacional Argentina, Prefectura Naval Argentina y Policía Federal Argentina que prestó servicio en dichas fuerzas durante el período conformado entre los años 1976 - 1983 y que al día de hoy continúan integrando esas instituciones, aportando la identificación completa de cada uno de ellos, incluyendo Documento Nacional de Identidad a los fines de evitar errores a partir de homónimos, número de legajo y lugar donde desempeñaron y desempeñan funciones entre los años 1976 y 1983 y en la actualidad.

Señor presidente:

Traemos a consideración de esta Cámara un proyecto de resolución que tiene por objeto requerir al Ministerio de Seguridad de la Nación o los organismos que correspondan, un informe sobre la nómina completa del personal de Gendarmería Nacional Argentina, Prefectura Naval Argentina y Policía Federal Argentina que prestó servicio en dichas fuerzas durante el período conformado entre los años 1976 - 1983 y que al día de hoy continúan integrando esas instituciones.

Fundamos nuestro pedido en el Decreto 4/2010 del Poder Ejecutivo Nacional por considerar que la información solicitada es necesaria para la evaluación de los juicios contra los que participaron del genocidio perpetrado en la Argentina y, por ende, no puede ser considerada información secreta ni reservada.

A lo largo de los últimos años se ha revelado la información de que gran cantidad del personal de dichas instituciones que actuaron durante la dictadura militar siguen hoy en funciones, de la cual citamos algunos ejemplos.

El sobreviviente de la dictadura cívico militar Jorge Julio López, querellante en el primer juicio oral desde la apertura de las causas una vez anuladas las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, fue secuestrado y se encuentra desaparecido desde el 18 de septiembre de 2006. Desde ese momento los organismos de derechos humanos que compartieron la querella con él y que lo representaron en ese juicio, reclamaron saber la cantidad de policías de la Bonaerense que actuaron en la dictadura y que continuaban en funciones la segunda vez que López es secuestrado, sabiendo que allí pueden encontrarse los cómplices (al menos del encubrimiento) de su segunda desaparición.

Cuando la cifra fue dada a conocer causó alto impacto ya que se trataba de 9.026 (nueve mil veintiséis) policías de la Bonaerense que tuvieron su ingreso en esa fuerza represiva y que aún continuaban en funciones al año 2006.

La continuidad del accionar de estas patotas capaces de producir un secuestro como el de Jorge Julio López volvió a expresarse tiempo después (10 de diciembre de 2007) cuando a punto de culminar el juicio oral que llevaba adelante el Tribunal Oral Federal N° 5 de la Capital Federal en su contra, fue encontrado muerto en una dependencia de la Prefectura Naval Argentina de la localidad de Tigre, provincia de Buenos Aires, producto de la ingesta de grandes cantidades de cianuro, el Prefecto Héctor Antonio Febrés, represor que actuó en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).

Asimismo, se ha desclasificado la lista de los integrantes del Batallón 601 de Inteligencia que se hizo pública en febrero del 2010, cuando la revista Veintitrés informó que existían más de 4 mil agentes civiles y militares que prestaron servicios en el máximo organismo de Inteligencia del Ejército durante la última dictadura militar. Este documento, que permaneció bajo archivo durante 27 años, reveló que varios de sus miembros ocupaban para esa fecha lugares de importante trascendencia pública como sindicatos, partidos políticos, organizaciones sociales, de Derechos Humanos, entre otros (Fuente: Revista Veintitrés, Edición 18 de Febrero de 2010)

Entre ellos, ha tomado notoriedad recientemente la participación en la dictadura del entonces Teniente Primero Cesar Milani, designado el 3 de julio de 2013 como máximo responsable del Estado Mayor General del Ejército Argentino.

No se trata de un hecho aislado y, sin ánimo de abundar, evitamos mencionar la enorme cantidad de casos en que investigaciones periodísticas han sacado a la luz pública cómo aquellos que actuaron en el plan de exterminio hoy ocupan lugares de trascendencia pública.

Sin ir más lejos, en la causa N° 14.217/2003 en instrucción ante el juzgado Federal N° 12 a cargo del Dr. Sergio Torres, el Ministerio de Defensa remitió un informe en el año 2010 con el listado con todos los oficiales y suboficiales que prestaron servicios en la Armada durante el período 1976 / 1983 y que a esa fecha continuaban en funciones en la Marina.

Las cifras nuevamente asombraron por su enormidad. Se trataba de 1048 (mil cuarenta y ocho) oficiales y 3318 (tres mil trescientos dieciocho) suboficiales.

De conjunto, podemos afirmar que en las causas de lesa humanidad que se han llevado adelante o que están en curso actualmente surge el hecho incontrastable de que no hubo un accionar aislado de represores sino que se trató de una participación institucional, orgánica, de las distintas fuerzas armadas y de seguridad del país. Esto no disminuye responsabilidades individuales, sino que las aumenta, porque demuestra que hubo planificación, porque se cometieron los delitos desde el aparato de Estado y por ende esto permitió mayor facilidad para cometerlos y posteriormente ocultarlos en la búsqueda planificada de impunidad.

La pregunta que queda planteada es: si fue toda la institución ¿cuántos de ellos quedan en funciones?

Por los motivos expuestos es que solicitamos la aprobación del presente proyecto de resolución.