Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional, en los términos del artículo 71 de la Constitución Nacional y del artículo 204 del Reglamento de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, a fin de que disponga la inmediata concurrencia del Ministro de Transporte de la Nación, Lic. Guillermo Dietrich, y del Subsecretario de Transporte Ferroviario, Ing. Arturo Papazian, a fin de que brinden informes verbales y pormenorizados acerca de las medidas que tomarán los funcionarios del área a fin de asegurar el traspaso de la totalidad de los trabajadores y trabajadoras de la empresa Ferrobaires, que por decisión de la Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, pasa a la órbita del Estado nacional luego de la firma del decreto de extinción de la misma y el pase de la Unidad Ejecutora del Programa Ferroviario Provincial a Nación. Según dicha disposición provincial el Estado nacional debe hacerse cargo de 1040 de los casi 2700 trabajadores y trabajadoras que cumplen funciones en la empresa liquidada por la Gobernadora Vidal, no obstante lo cual muchos de ellos están recibiendo telegramas para acogerse a un falso “retiro voluntario” extorsivo y violatorio de derechos elementales. Es preciso que el Ministro responda sobre la grave situación en la que quedan las 1500 familias que fueron despojadas de su fuente de trabajo, teniendo en cuenta que también hay muchas mujeres con hijos que son sostén de hogar. Además de informar sobre el plan de los funcionarios para evitar que miles de trabajadores y trabajadoras ferroviarios y sus familias queden en la calle, también solicitamos que informen a esta Cámara sobre las medidas que dispondrán las autoridades de dicha cartera a fin de evitar el enorme perjuicio para las localidades de la Provincia de Buenos Aires afectadas por esta decisión que deja a decenas de pueblos y ciudades sin conectividad ferroviaria.

Señor presidente:

Traemos a consideración de esta Cámara un proyecto de resolución a fin de solicitar la inmediata concurrencia del Ministro de Transporte de la Nación, Lic. Guillermo Dietrich, y del Subsecretario de Transporte Ferroviario, Ing. Arturo Papazian, a fin de que brinden informes verbales y pormenorizados acerca de las medidas que tomarán los funcionarios del área a fin de asegurar el traspaso de la totalidad de los trabajadores y trabajadoras de la empresa Ferrobaires, que por decisión de la Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, pasa a la órbita del Estado nacional luego de la firma del decreto de extinción de la misma y el pase de la Unidad Ejecutora del Programa Ferroviario Provincial a Nación. También solicitamos que se nos informe sobre las medidas que dispondrá la cartera a fin de evitar el enorme perjuicio que esta decisión trae aparejado para decenas de pueblos y localidades del interior de la provincia de Buenos Aires que actualmente poseen conectividad ferroviaria mediante el servicio de la empresa Ferrobaires.

Ferrobaires es una empresa de transporte del sistema ferroviario de pasajeros provincial, creada mediante el decreto 99/1993 durante el gobierno de Carlos Menem, que quedó residual del viejo Ferrocarriles Argentinos. Cuenta con servicios múltiples a ciudades del interior como Mar del Plata, Necochea, Miramar, Bolívar, Olavarría, Junín, 25 de mayo, Tandil, Bahía Blanca, y llegaba también, a Bariloche, Neuquén y Santa Rosa. El 27 de julio de 2017 fue absorbida por Trenes Argentinos y oficializada esa semana por ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, con la firma de la resolución 517-E/2017.

El 22 de enero de este año, la Gobernadora Vidal decreta la extinción de Ferrobaires y paralelamente, la empresa comienza a citar a sus trabajadores para que firmen un supuesto "retiro consensuado" con la promesa de indemnización a contratados y a efectivos. Todos los días se conocen los cierres de estaciones y con ello, las familias que quedan en la calle y los pueblos y localidades afectados. De los 2700 trabajadores de Ferrobaires, solo pasarían 1040 a Nación. El resto serán despedidos. Hablamos de más de 1500 familias en la calle.

Entendemos este pase de la Unidad Ejecutora del Programa Ferroviario Provincial (ex Ferrobaires) a la Nación en sintonía con el plan de ajuste del Gobierno nacional, ya que esta operación no incluye la reapertura del servicio ni el traspaso de todo el personal, por lo que además de las cesantías, dejaría a decenas de pueblos y sus habitantes sin servicio de transporte de pasajeros.

Decenas de trabajadores ya fueron despedidos, convocados a firmar los retiros voluntarios, o como la empresa llama “Salida acordada” con la propuesta, para los trabajadores de planta permanente, de una indemnización por antigüedad, más el 20 por ciento, con la cobertura de IOMA por 24 meses y la participación en los talleres del Instituto Provincial de Administración Pública (IPAP). En cambio los contratados, recibirían un "premio" por desvincularse.

Hace unos días, Ferrobaires intimó a sus trabajadores para que firmaran un acuerdo como parte de la maniobra para encubrir los despidos bajo la figura de “retiros voluntarios”. Para la empresa, “el Contratado manifiesta que es su voluntad extinguir el vínculo con la Empresa a partir del 28 de febrero de 2018”, reza el texto que le acercan a los trabajadores despedidos pretendiendo obligarnos a renunciar o extinguir el vínculo cuando en realidad se trata de despidos masivos por voluntad de la patronal que cierra los servicios para dejar a más de la mitad de sus empleados en la calle.

El acuerdo que presenta Ferrobaires, determina que los trabajadores que despide, no podrán hacer reclamo alguno a la empresa, y tampoco cualquier planteo por enfermedades y accidentes de trabajo. Además, obliga a los despedidos que en el plazo de cinco años no se reincorporen a los regímenes alcanzados por la Administración Pública Nacional, y al mismo tiempo los "presionan de manera persecutoria" aseguran los trabajadores, para que no formulen comentarios o actuaciones que vayan en contra de “La Empresa” que deja más de 1000 familias en la calle. Para quien acepte, no están claras las condiciones de la indemnización y, según deja entrever el contrato, el trabajador que no lo haga, no recibirá un solo peso por oponerse al despido. Otra cuestión absolutamente absurda es que tienen que hacerse cargo de los honorarios de los abogados intervinientes.

Nos encontramos entonces ante una situación de enorme gravedad, no sólo por los trabajadores que quedan en la calle sino por la cantidad de pueblos y localidad que quedarán aislados sin el ferrocarril. El Ministro Dietrich y el funcionario a cargo del área ferroviaria deben brindar informes sobre el plan que tienen no sólo para los 1040 trabajadores que debería absorber la Nación, sino también para el resto que quedan despedidos y sufriendo las presiones para firmar supuestas “salidas acordadas” que no son tales y atentan contra los más elementales derechos laborales (por 5 años no pueden trabajar en Estado provincial ni organismos centralizados o descentralizados, prohibición de expresar opiniones sobre la empresa, renunciar a acciones judiciales),recordando que también hay muchas mujeres con hijos que son sostenes de hogar.

Por las razones expuestas y las que brindaremos oportunamente es que solicitamos la aprobación del presente proyecto de resolución