IGUALACION DE DIETAS Y HABERES DE LEGISLADORES Y FUNCIONARIOS POLÍTICOS CON EL SALARIO DOCENTE

ARTÍCULO 1°. Iguálese el monto total de las dietas y/o haberes que perciben los/as legisladores nacionales y todos los/as funcionarios/as políticos/as de los poderes Ejecutivo y Legislativo de la Nación con el salario que percibe mensualmente un/a docente que trabaja 36 horas cátedras, con 20 años de antigüedad, en la provincia de Mendoza, o el equivalente a tres salarios mínimos docentes en la misma provincia.

ARTÍCULO 2°. A partir de la vigencia de la presente ley, los/as legisladores nacionales y funcionarios/as políticos/as del Poder Ejecutivo y Legislativo de la Nación sólo podrán percibir aumentos en sus dietas y/o haberes en el mismo momento y en la misma proporción a los aumentos que registren los haberes que percibe un/a docente según lo estipulado en el artículo 1º de esta ley.

ARTÍCULO 3°. Invítese a todas las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.

ARTÍCULO 4°. Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional.

Señor presidente:

Recientemente se conoció la noticia de que los/as diputados/as nacionales comenzarán a cobrar desde el 1º de febrero de este año más de $50.000 mensuales de bolsillo, ya descontadas las cargas sociales y el llamado impuesto a las ganancias.

Este aumento significa un incremento de unos $10.000 al mes para los ya abultados sueldos de los/as diputados/as y senadores/as nacionales, lo que se suma a los numerosos privilegios con los que cuenta un legislador nacional.

Como señalan diversos estudios, contrastando con este cuadro se encuentra la inmensa mayoría de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país, cuyo salario no alcanza siquiera a cubrir la canasta familiar, mientras que más del 70% de los/as jubilados/as cobran un cuarto de ésta.

Según la Dirección General de Estadísticas y Censos dependiente del Ministerio de Hacienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la canasta total para una familia que alquila y está compuesta por un matrimonio con dos hijos era de $8.900 en noviembre de 2013. Sin embargo, si se considera que este cálculo comprendía ítems subestimados -como en transporte y vivienda-, debemos afirmar que su costo era en realidad aún mayor. Actualizando los valores de acuerdo a la inflación corrida hasta la fecha según el denominado Índice Congreso, la canasta familiar en Argentina hoy estaría cercana a los $10.000 mensuales.

Otro estudio, realizado por la Junta Interna de la Asociación de Trabajadores del Estado del Instituto Nacional de Estadística y Censos, calculaba en enero de 2013 -hace más de un año- que el ingreso mínimo mensual que debería tener un/a trabajador/a era para esa fecha de $7.006. Considerando la inflación del último año, ese cálculo hoy no podría ser menor a los $9.000. Así lo afirman, entre otras, las estimaciones más recientes de la Escuela de Estadísticas de la Universidad Nacional de Rosario, que estipulan el salario mínimo en $9.000 al mes. Esta referencia fue utilizada por la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina en las últimas negociaciones salariales, y luego por el gremio docente nucleado en Amsafé Rosario para la apertura de las mismas.

En síntesis: si como estipula la Ley de Contrato de Trabajo en su artículo 116, el "salario mínimo vital, es la menor remuneración que debe percibir en efectivo el trabajador sin cargas de familia, en su jornada legal de trabajo, de modo que le asegure alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones y previsión", tenemos que concluir que hoy este salario no debería ser inferior a los $10.000 mensuales para cualquier trabajador/a.

No obstante esto, los ingresos de la gran mayoría de los/as asalariados/as están bien lejos de alcanzar esos valores en la actualidad. Así lo revelan, por ejemplo, las estadísticas del INDEC en su Encuesta Permanente de Hogares del tercer trimestre de 2013, según la cual la mitad de los hogares relevados entre julio y septiembre de ese año tenían ingresos familiares menores a $7.000 mensuales, mientras que el 30% de esos hogares percibían ingresos inferiores a los $4.700 y el 10% no llegaba siquiera a los $2.500. Siguiendo estos resultados puede deducirse que, si cada hogar tuviera sólo 4 integrantes, serían más de 16 millones de argentinos/as los/as que se encontrarían al desamparo de sus escasos ingresos.

Si a esto agregamos que las asignaciones por hijo son de unos escasos $460 y que, según el último informe del Boletín Estadístico de la Seguridad Social del Ministerio de Trabajo de la Nación, el 72.5% de los jubilados cobra la jubilación mínima que en marzo de este año llegará apenas a $2.757, podemos concluir que este panorama -aún más crítico para un amplio sector de trabajadores/as no registrados/as- contrasta con los abultados sueldos de los/as funcionarios/as políticos/as, diputados/as y senadores/as nacionales, convirtiéndolos en una verdadera provocación para la mayoría de la población.

Este hecho se agrava si consideramos que el anuncio de aumento en las dietas legislativas fue realizado en el marco de las medidas de ajuste y devaluación que disminuyen el poder adquisitivo de los/as asalariados/as y en vísperas del inicio de las paritarias nacionales, a las que tanto los empresarios como el gobierno nacional y los gobiernos provinciales buscan poner un techo para cristalizar esa pérdida del poder de compra.

Una de las primeras en realizarse serán las paritarias docentes. Para dar un ejemplo que ilustra nuestro cuestionamiento -y dado que la menemista Ley Federal de Educación, aún vigente en este aspecto, eliminó la escala salarial a nivel nacional, trasladándola a los distritos-, tomamos como referencia que una maestra de grado con nueve años de antigüedad percibe hoy en la Provincia de Buenos Aires $3.835 de bolsillo por cargo, es decir, el 7.67 % de lo que a partir de febrero cobra por mes un/a diputado/a nacional. ¿Por qué un/a diputado/a -por no mencionar los altísimos haberes de otros/as funcionarios/as políticos/as- cobra por mes trece veces más de lo que percibe un/a maestro/a de grado que tiene a su cargo entre veinte y treinta niños/as y cuya tarea es de gran importancia, puesto que hace a la educación de nuestros hijos e hijas?

La explicación es sencilla. Para garantizar normas y fallos favorables a los intereses de los grandes empresarios, banqueros, terratenientes y operadores de bolsa, es necesaria una casta especial de políticos profesionales, que viva como los altos gerentes de las grandes empresas y a la que no le tiemble el pulso a la hora de gobernar y legislar en favor de los grandes capitalistas y grupos económicos. Esta alevosa desigualdad, entre un pequeño grupo de funcionarios políticos que viven como ricos y millones de trabajadores y pobres que no llegan a fin de mes, tiene el único objetivo de perpetuar este régimen social basado en la explotación. Un sistema en el que sean los/as trabajadores/as quienes garanticen las enormes ganancias capitalistas y paguen también sus inevitables crisis, como busca imponerse ahora con medidas de ajuste, tarifazos, inflación y "cepo" salarial.

Los privilegios de los que gozan los/as diputados/as, senadores/as y funcionarios/as políticos/as contrastan con las condiciones de vida, las necesidades y los padecimientos de la amplia mayoría del pueblo pobre y trabajador. Por eso, constituye una gran falacia que para justificar tales privilegios se afirme que quienes ocupan cargos políticos deben cobrar sueldos millonarios para "ejercer su función", como si el trabajo de un/a obrero/a, de una empleada doméstica o de un/a maestro/a de grado no valiera nada, y la "función pública" fuera algo para "especialistas".

Hoy en la Provincia de Mendoza, un/a docente con 36 horas cátedra y 20 años de antigüedad percibe de bolsillo la suma de $9300, lo que representa aproximadamente tres veces el salario mínimo. Siguiendo con lo anterior, de aprobarse el presente proyecto de ley, el monto total de las dietas y/o haberes de los/as legisladores/as nacionales y de todos/as los/as funcionarios/as políticos/as debería equipararse con ese salario. A la vez, esta medida mínima debería acompañarse de otras, como el derecho al control político y a la revocabilidad de los cargos y/o mandatos por parte de los electores.

Por todo lo expuesto, se solicita a las y los señores diputados la aprobación del presente proyecto de ley.