Su más enérgico repudio por la muerte de un niño de once años producto de un disparo en la nuca efectuado por un agente de la policía de Tucumán.

Asimismo expresa su profunda preocupación ante las denuncias por aumento de casos de “gatillo fácil” y violencia institucional, que se inscribe en el clima de exacerbación del accionar violento de las fuerzas de seguridad propiciado por las autoridades nacionales en virtud de lo que se conoce como “doctrina Chocobar”.

Señor presidente:

El pasado 8 de marzo un niño de once años murió luego de recibir un disparo en la nuca por parte de un efectivo de la policía de la provincia de Tucumán.

El párrafo anterior, por sí, causa consternación. Pero la situación es más dramática aun, puesto que según la versión brindada por dicha fuerza el niño murió en un “enfrentamiento” que se produce cuando un móvil policial intercepta a un grupo de jóvenes y “al recibir la voz de alto, los sospechosos escaparon y comenzaron a realizar disparos contra los policías, que respondieron abriendo fuego” .

Lamentablemente desde que asumió el gobierno del presidente Mauricio Macri hemos visto un recrudecimiento de la violencia institucional sin parangón, el cual está impulsado y acompañado por un explícito apoyo desde el gobierno nacional. Quizá el punto máximo de esto último fue la recepción y congratulación por parte del Presidente y su Ministra de Seguridad del agente policial Chocobar, quien asesinó por la espalda a un hombre en ocasión de delito.

El año pasado el joven Rafael Nahuel murió de un disparo en el glúteo en el marco de un operativo contra la comunidad mapuche llevado adelante por la Prefectura (fuerza dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación). Si bien las autoridades esgrimieron que fueron los miembros de la comunidad quienes iniciaron los disparos, todas las pericias posteriores demostraron que sólo los prefectos dispararon armas de fuego. El gobierno no sólo no cargó contra los efectivos sino que recibieron apoyo y justificación.

La muerte de este niño tucumano –Facundo Burgos- no puede sino ser enmarcada en este contexto de exacerbación de la violencia institucional, el cual claramente representa un brutal retroceso en términos democráticos y choca contra toda la normativa internacional y local en materia de derechos civiles.

El caso que venimos a repudiar en este proyecto suma además la gravedad de que se tratan de niños y adolescentes. Pensar en efectivos policiales disparando a matar y por la espalda a niños de esa edad produce escozor (cabe señalar que Facundo recibió el disparo mientras viajaba en una moto conducida por otro adolescente de catorce años que también fue rozado en la cabeza por un disparo policial).

Esta situación es alarmante y debe cesar de inmediato. Expresamos nuestro repudio a este hecho en particular y nuestra preocupación en general. Y llamamos al gobierno nacional a que tome conciencia de los daños irreparables que está ocasionando al promover esta doctrina irracional y antidemocrática, instándola a abandonarla y volver a colocarse en la senda del derecho y la democracia.

Por todos estos motivos solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.