EXTENSIÓN DEL DECRETO 14/2020 A TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DE CASAS PARTICULARES

Artículo 1º: Extender el beneficio previsto en el decreto 14/2020 a las trabajadoras y trabajadores comprendidos en el Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares, a fin de que perciban en el transcurso de los meses de marzo y abril del corriente año el incremento salarial mínimo y uniforme para todos los trabajadores y trabajadoras en relación de dependencia del Sector Privado, que ascendió a la suma de PESOS TRES MIL ($ 3.000) para el mes de enero de 2020 y la suma de PESOS UN MIL ($1.000) para el mes de febrero de 2020.

Artículo 2º: Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional.

Señor presidente:

Traemos a consideración de este cuerpo un proyecto de ley a fin de extender el beneficio previsto en el decreto 14/2020 a las trabajadoras y trabajadores comprendidos en el Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares, a fin de que perciban en el transcurso del los meses de marzo y abril del corriente año el incremento salarial mínimo y uniforme para todos los trabajadores y trabajadoras en relación de dependencia del Sector Privado, que ascendió a la suma de PESOS TRES MIL ($ 3.000) para el mes de enero de 2020 y la suma de PESOS UN MIL ($1.000) para el mes de febrero de 2020.

En forma inexplicable las trabajadoras de este sector, mujeres en forma abrumadoramente mayoritaria, quedaron excluidas de dicho decreto, siendo que son las que padecen no sólo los peores salarios sino los mayores índices de trabajo no registrado. Entendemos que se trata de un acto que puede encuadrarse en la discriminación ya que no hay razones que expliquen su exclusión en un momento en que la inflación no cede y el salario se encuentra sumamente retrasado.

Como señalamos, el decreto 14/2020 que firmó el presidente Alberto Fernández para la implementación de una suma fija remunerativa para el sector privado, dejó afuera a las trabajadoras de casas particulares, también conocidas como trabajadoras domésticas.

En el artículo 4 del decreto se especifica que "quedan excluidos de la aplicación del presente Decreto los trabajadores y las trabajadoras del Sector Público Nacional, del Régimen de Trabajo Agrario y, del Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares. Sin perjuicio de ello, a través de la COMISION NACIONAL DEL TRABAJO AGRARIO y de la COMISION NACIONAL DE TRABAJO DE CASAS PARTICULARES respectivamente, se evaluará la posibilidad de instrumentar medidas tendientes a contemplar la situación de dichos trabajadores".

De esta manera más de un millón de trabajadoras que se emplean en casas particulares quedaron excluidas.

Sumado a lo que acabamos de señalar, la discriminación es tal que además de dejar a fuera a cientos de miles de mujeres en todo el país de esta medida paliativa, se trata de un sector donde el salario mínimo hoy ni siquiera alcanza a corresponderse con el Salario Mínimo Vital y Móvil en vigencia establecido por el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo Vital y Móvil (CNEPSMVM).

Corresponde detallar que el salario mínimo vigente en el sector (categoría de "personal para tareas generales") es de $ 16.515 por mes (con retiro) y de $ 134 la hora. Es decir, la remuneración se encuentra por debajo incluso del salario mínimo, vital y móvil (SMVM) que apenas es hoy de $ 16.875 al mes. La canasta de consumos mínimos estimada por la Junta Interna de delegados de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) alcanzó los $61.882,14 a diciembre de 2019, para un hogar compuesto por dos mayores y dos menores para satisfacer sus necesidades. El salario mínimo vital y móvil (SMVM) es de $ 16.875, apenas un 27 % de la Canasta familiar elaborada por ATE-INDEC. Incluso por debajo de esa cifra se encuentra establecido el salario mínimo de la actividad que quedó excluida del bono decretado por el Poder Ejecutivo, a pesar de que se anunció un exiguo aumento del 10 por ciento para el mes de abril.

El convenio colectivo de trabajo que rige esta actividad fue sancionado en el año 2013 durante la presidencia de Cristina Kirchner, y habilita, entre otras cosas, al trabajo adolescente a partir de los 16 años. A pesar de existir este convenio y de acuerdo a datos aportados por el sitio web Economía Femini(s)ta, el 72 % del empleo en el servicio doméstico en nuestro país es informal (no tiene aportes, ni vacaciones, ni aguinaldo) y el 97 % de quienes realizan este trabajo, son mujeres.

En momentos de crisis y ajuste, como los sufridos durante los últimos años, aumenta la cantidad de mujeres que se emplean en casas de familia para realizar tareas domésticas y de cuidado. La informalidad de su tarea aumenta cuando justamente son contratadas por otras mujeres que en muchos casos son el único sostén de la familia, y que necesitan salir a trabajar, teniendo ellas mismas también un empleo informal con bajos salarios.

De modo que en este círculo perverso las más perjudicadas son las mujeres y justamente las más vulnerables que han quedado por fuera de los, ya bajos, $ 4.000 anunciados por el gobierno como aumento a cuenta de paritarias.

Por ultimo queremos señalar que este proyecto viene a señalar y reparar una situación de discriminación que a la luz de los datos que dan cuenta de la situación de las mujeres que ejercen esta actividad es de extrema precariedad y bajos ingresos, en forma independiente de que nuestro planteo es que ningún trabajador o trabajadora cobre menos de la canasta familiar ya referida elaborada por la Junta Interna de ATE-INDEC. Tanto como en este planteo, también insistimos sobre la cuestión de la informalidad que arrasa en este sector, así como sobre la aprobación del proyecto de registración laboral de todas y todos los trabajadores que ya hemos desarrollado en el proyecto de ley 2534-D-2019 en esta Cámara de Diputados.

Es por estas razones y no encontrando razón alguna para tamaña discriminación que solicitamos la urgente aprobación del presente proyecto de ley.