La Honorable Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE

Citar, para su interpelación -de conformidad con el artículo 71 de la Constitución Nacional y los artículos 204, 205, 206 del Reglamento de la Cámara de Diputados de la Nación- al ministro de Finanzas, Luis Caputo y al jefe de Gabinete, Marcos Peña, en una sesión plenaria de la Cámara de Diputados, a fin de que informen públicamente y respondan las inquietudes de los legisladores nacionales, acerca de las revelaciones periodísticas que señalan que dicho ministro es accionista de un conglomerado de fondos de inversión radicados en “paraísos fiscales”. Y que siendo el ministro administrador general de ese consorcio de empresas “offshore”, se han suscripto bonos de la deuda externa -acusados de términos leoninos para el país- habiendo el propio Sr. Caputo participado en su emisión.

Constituir una Comisión Investigadora –integrada por todos los bloques de esta Cámara- para investigar y dictaminar en un plazo de 30 días sobre la evolución de la deuda pública interna y externa desde la asunción del actual gobierno de Cambiemos hasta el presente.

Señor presidente:

Sr. Presidente:

Se puede afirmar sin duda alguna que éste es el gobierno de las offshore. Constantemente saltan denuncias de funcionarios gubernamentales de primer nivel, desde el presidente Mauricio Macri para abajo, que tienen inversiones offshore. La última ha sido la del subsecretario general de la Presidencia de la Nación, Valentín Díaz Gilligan, señalado por haber ocultado una cuenta de 1,2 millones de dólares en una financiera de Andorra y de otras operaciones dudosas. Pero es la penúltima revelación la que ha impactado fuertemente en la opinión pública y recibido el repudio unánime del pueblo trabajador: la que indica que el ministro de Finanzas de la Nación, Luis Caputo, el que negocia las operaciones de endeudamiento del país, es el que dirige un conglomerado de empresas offshore, que operan en los llamados “paraísos fiscales”. No se trata sólo de que estos fondos negros fugan capitales del país, y evitan pagar impuestos a monopolios y financieras (mientras ajustan al pueblo trabajador), sino de que vienen operando en los negociados de la compra de bonos de la deuda. Así se ha denunciado que el conglomerado empresario de Caputo maneja más de 300 millones de dólares en negro y que habría comprado bonos de deuda leoninos, entre ellos el famoso -por lo escandaloso- bono a 100 años con tasa de interés del 8% anual. Una de esas empresas –Noctua, radicada en las paradisíacas Islas Caimán- estaría ligada también al fondo buitre NML que realizó un supernegociado a costa del pueblo argentino: compró bonos por 117 millones de la desahuciada deuda del 2002 y logró que Caputo-Macri los resarcieran con 2400 millones de dólares en el “acuerdo” votado (con nuestra oposición) en el 2016.

Esto debe ser esclarecido de inmediato y de cara al pueblo argentino. De confirmarse estas denuncias, corresponde la inmediata renuncia del ministro y su detención, toda vez que estando al frente del gobierno usara su poder para ocultar pruebas y bloquear cualquier investigación. La presencia del señor jefe de Gabinete, Marcos Peña, corresponde porque hasta ahora el gobierno que él codirige se ha hecho solidario con el ministro en cuestión, haciendo oídos sordos a las denuncias y evidencias públicas.

Planteamos también la investigación no sólo de estas denuncias, sino de toda la gestión de la deuda pública realizada por este gobierno desde el 10 de diciembre del 2015, que ha llevado a un crecimiento exponencial de la deuda pública externa e interna. Para ello planteamos la constitución de una Comisión Investigadora Parlamentaria integrada por TODOS los bloques que acepten participar, que en un plazo de 30 días haga pública los resultados de su investigación, suspendiendo en el ínterin los pagos de la deuda pública, esto para frenar la sangría que amenaza con desangrar a la Nación en aras de favorecer a la usura de los monopolios y el capital financiero, porque es sabido que desde la dictadura en adelante –pasando por todos los gobiernos llamados constitucionales- la deuda pública siempre se ha ido incrementando. Esto a pesar de que se han saqueado las finanzas del país y hundido en diversas crisis pagando la deuda. El anterior gobierno de los Kirchner se ha jactado de haber sido “pagador serial” de la deuda: al FMI, a los banqueros, al Club de Paris y otros.

El gobierno de Cristina Kirchner vendió, en la etapa final de su mandato, dólares a futuro (y acaparó para sus personeros una parte de esa venta), a sabiendas de que se venía una devaluación monetaria de la mano del nuevo gobierno de Macri. Un verdadero negociado que denunciamos en el Parlamento y ante el país, y que llevó a que presentáramos oportunamente un proyecto reclamando que se anularan dichas ventas, se establecieran impuestos extraordinarios para confiscar este desfalco contra las finanzas de la Nación y se procesara a sus gestores. Pero entre bueyes no hay cornadas. El gobierno Macri, que tanta demagogia hace con los negociados contra el gobierno anterior, dejó en pie este latrocinio, donde figuran también entre los compradores de “dólares a futuro” amigos del gobierno.

Lo actuado en forma fraudulenta no puede aceptarse como una situación inmodificable, ni el daño efectuado al país, como han declarado algunos dirigentes políticos con el argumento de que “el daño al país ya está hecho y por cien años…”. El pueblo argentino no puede hacerse cargo del robo organizado desde los poderes públicos.

El asunto Caputo no es una manzana podrida. Es el retrato de todo el régimen macrista apoyado por la gran burguesía nacional y extranjera. Retrata al conjunto de la deuda pública argentina, constituida en buena medida por la permanente capitalización de intereses usurarios, asientos contables fraudulentos y estatizaciones de deuda privada.

Esto debe ser analizado, denunciado y detenido. Es por esta razón que solicitamos la comparecencia del ministro de Finanzas y del jefe de Gabinete ante una sesión especial, pública, de la Cámara de Diputados a fin de que expliquen este latrocinio, en momentos en que el gobierno redobla sus esfuerzos por “ajustar” salarios y jubilaciones, llevar las paritarias a la baja, disminuir gastos sociales en materia de educación, salud y vivienda popular.

El Partido Obrero y el Frente de Izquierda y de los Trabajadores somos partidarios del no pago de la deuda usuraria, planteamos en nuestra plataforma la suspensión inmediata del pago de la deuda, la investigación de su composición y la determinación de las responsabilidades de los gobiernos pasados y presentes, y del conjunto de la clase capitalista.

Llamamos a los señores diputados con conciencia de la gravedad de lo aquí descripto a apoyar este pedido de interpelación pública frente a la Cámara de Diputados de los señores ministros de Finanzas y del jefe de Gabinete nacional.