La Honorable Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE

Citar para su interpelación -de conformidad con el artículo 71 de la Constitución Nacional y los artículos 204, 205, 206 del Reglamento de la Cámara de Diputados de la Nación- a la Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y al Jefe de Gabinete, Marcos Peña, en una sesión abierta de la Cámara de Diputados, a fin de que informen públicamente y respondan las inquietudes de los legisladores nacionales sobre la intención de instalar bases de la DEA norteamericana en la provincia de Misiones y sobre el cambio de doctrina que habilitará la intervención de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional con la excusa de combatir el terrorismo y el narcotráfico.

Señor presidente:

Sr. Presidente:

Declaraciones de la ministra Bullrich en medios de prensa, después de su reciente gira por los EEUU, han señalado su disposición de constituir una “Task Force” (el nombre que usó la Thatcher para la fuerza militar colonialista que envió a reprimir la ocupación argentina de las Malvinas en 1982) que se instalará en la triple frontera con la supuesta finalidad de “combatir el narcotráfico y el terrorismo”. El contenido de esto se ha ido aclarando: permitir la instalación de bases de la DEA norteamericana (organismo formalmente encargado de luchar contra el narcotráfico) en la llamada zona de la triple frontera en la provincia de Misiones. Esto significaría la instalación de bases policial-militares extranjeras atentando directamente contra la soberanía nacional.

La DEA ha fracasado en su misión dentro de los propios EEUU y ha sido incapaz incluso de custodiar las fronteras, donde ahora el gobierno Trump está construyendo gigantescos muros con la excusa xenófoba de frenar la filtración de migrantes y del narcotráfico. Es más, numerosos estudios indican que el narcotráfico va en aumento tanto en los EEUU como en los países donde la DEA ha sido autorizada a intervenir (Colombia, Méjico, etc) ya que este tráfico no sería posible sin la colaboración directa y planificada de sectores del aparato estatal norteamericano.

Se asocia narcotráfico y terrorismo también para justificar el vuelco de las Fuerzas Armadas a tareas de represión interna. Es la tendencia que impulsa el imperialismo yanqui para los ejércitos de toda América Latina (se viene trabajando también para instalar esas bases en el Paraguay y el Amazonas brasileño, entre otras). El gobierno ha justificado una creciente represión sobre las comunidades indígenas mapuches y otras en la Patagonia, inventando complots terroristas que son burdas provocaciones políticas, con el propósito directo de avanzar sobre sus tierras en defensa de los procesos de entrega de las mismas a monopolios y oligarcas extranjeros y nativos.

Esta es una línea maestra que ya venía desarrollando el ex jefe del Ejército, César Milani, apadrinado por el anterior gobierno CFK. Toda la orientación en materia de seguridad es reaccionaria, como lo evidencia la instrucción policial en La Rioja en donde los mismos cadetes son educados en el uso de la tortura y la humillación, o en el uso de gases lacrimógenos en los entrenamientos sobre los propios aspirantes policiales en Entre Ríos. Todo esto para deshumanizarlos en la represión posterior al pueblo. Porque el gobierno refuerza todas las tendencias represivas apelando en forma abierta a servicios extranjeros (DEA norteamericana, Mossad israelí, etc) para enfrentar la protesta obrera y popular, como se evidenció en las marchas del 14 y el 18 de diciembre último, y en las amenazas y controles con que se pretenden limitar las manifestaciones populares.

Es importante también considerar que la ministra está procediendo a un “rearme” de las fuerzas represivas, comprando armas en forma clandestina, bajo la excusa del secreto militar. La sospecha es, sin embargo, que se trata de nuevos negociados fuera de todo tipo de control, pero que tienen por objetivo no la defensa nacional contra la intromisión imperialista, sino la represión interna de la protesta popular. La instalación de bases militares está prohibida constitucionalmente sin la autorización del Congreso Nacional. Denunciamos, también, que el gobierno tiene pendientes operativos militares en territorio nacional con la presencia efectiva de tropas yanquis.

Por todo esto, es necesario que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el jefe de Gabinete, Marcos Peña, concurran a una interpelación pública frente a esta Cámara para esclarecer esta problemática nacional.

Es de señalar, sin embargo, que la señora ministra se ha negado en el pasado reciente a presentarse ante esta Cámara de Diputados y/o responder a citaciones de Comisiones de Diputados para explicitar problemas como el de la desaparición forzada de Santiago Maldonado.

Invitamos a los señores diputados que coincidan con la necesidad de esta interpelación pública a que acompañen el presente proyecto de Resolución.