Repudiar enérgicamente la condena dictada el 12 de diciembre de 2013 por el Tribunal N°1 de Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz, contra nueve trabajadores petroleros de la Ciudad de Las Heras, en una causa armada y plagada de irregularidades procesales que incluyeron testimonios arrancados bajo tortura. Exigir asimismo que se revea su situación judicial y proponer un fuerte pronunciamiento contra la criminalización de la protesta social.

Señor presidente:

Traemos a consideración de esta Cámara un proyecto de resolución que tiene por objeto repudiar enérgicamente el fallo del Tribunal N° 1 de Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz, que condenó con causas armadas a los trabajadores petroleros, acusados de haber asesinado al policía Sayago en la pueblada del año 2006 en la localidad de Las Heras de dicha provincia.

Los trabajadores González, Rosales, Cortez y Padilla fueron condenados a cadena perpetua (a este último, por ser menor en el momento del hecho, se lo deriva a tutoría). A los hermanos Mansilla, Aguilar, Acha por coacción agravada y a Catrihuala por partícipe necesario, los condenaron a 5 años de prisión. Finalmente Bilbao y Pérez fueron absueltos. La condena no fue dictada con prisión efectiva, por lo tanto los trabajadores aún están libres. Estos obreros de la industria petrolera fueron acusados injustamente por la muerte del policía Sayago. Sobre la condena que acaban de dictar podemos asegurar que es uno de los mayores ataques a trabajadores que luchan por sus derechos desde el 83 a esta parte.

Un enorme cerco político y mediático se ha impuesto para que no salgan a la luz las atrocidades cometidas contra estos trabajadores, con testimonios arrancados bajo torturas, varios e infructuosos pedidos de los fiscales para que se anule el proceso por ser completamente arbitrario y por las presiones a los testigos durante el juicio, que llegaron hasta hacerles leer su declaración y si dudaban, tenerlos 48 horas detenidos para que "reflexionaran".

La causa fue armada por la Brigada de Investigaciones de Río Gallegos, con el concurso y el amparo del poder judicial que respondió siempre a los intereses políticos del Gobierno de la Provincia de Santa Cruz y de las empresas petroleras. El fiscal, durante el juicio, llamó al Tribunal a que en función de la verdad se apartase de la legalidad, y en su alegato sostuvo que "dos cachetadas y una capucha no afectan la veracidad de los testimonios", legalizando el uso de la tortura.

El tribunal, para llegar a esta sentencia, siguió la indicación del fiscal apartándose de las más elementales reglas del derecho penal y del derecho procesal, utilizando para la condena elementos de prueba de la instrucción que nunca fueron incorporadas al juicio.

Semejante fallo, luego de un juicio plagado de irregularidades, en el que fueron admitidos como válidos testimonios obtenidos con torturas y apremios ilegales, sólo es entendible por el poder de chantaje de las fuerzas represivas y de las multinacionales petroleras. Los testimonios obtenidos bajo tortura no son pruebas. Los policías, la fiscalía y los jueces que cometieron, toleraron y encubrieron -y hasta saludaron- semejantes atropellos deben ser sancionados.

Asimismo repudiamos los pedidos de sanciones de este tribunal contra los abogados defensores de los trabajadores por demostrar legalmente la nulidad del mismo y sacar a la luz las violaciones a los derechos humanos. Quieren negarles también tener el derecho a una legítima defensa.

A pesar de todas estas denuncias y del enorme arco de solidaridad conseguido en todo el país para los trabajadores procesados, nada pudo parar la decisión política de juzgarlos porque lo que buscaban era una condena ejemplificadora a los trabajadores que reclamaron

por sus derechos a las multinacionales petroleras instaladas en la Patagonia. Esta es la respuesta a una gran lucha llevada adelante en 2006 contra el impuesto al salario y contra la precarización laboral que hace que trabajen en medio del campo, con temperaturas bajo cero, sin siquiera un baño.

Entendemos que este fallo se dicta también con el objetivo de amedrentar a los trabajadores que se organizan y luchan para que la crisis no se descargue sobre sus espaldas. Además siguen procesados más de cinco mil luchadores en todo el país.

Por el contrario, las organizaciones que venimos realizando una gran campaña nacional en distintos lugares del país en solidaridad con esta causa, acordamos redoblar nuestros esfuerzos para lograr la absolución de los compañeros.

Desde esta Cámara queremos expresar también nuestro repudio a esta condena, poniendo a disposición nuestras bancas para que pueda darse a conocer más ampliamente esta injusticia y lograr así revertir las condenas para los trabajadores.

Por los motivos expuestos es que solicitamos la aprobación del presente proyecto de resolución.