El rechazo al despido de Alfredo Fernández, trabajador del INTI, que viola los derechos establecidos en la Convención sobre los derechos de las Personas con Discapacidad (aprobada en nuestro país mediante la Ley N°26378 y con jerarquía constitucional mediante la Ley N°27044), así como también en la Ley N°25.689, modificatoria del Artículo 8 de la Ley N°22431, que establece un cupo del 4% reservado para personas con discapacidad en el Estado Nacional, de cumplimiento obligatorio para el personal de planta efectiva, para los contratados cualquiera sea la modalidad de contratación y para todas aquellas situaciones en que hubiere tercerización de servicios.

La reincorporación inmediata a su puesto de trabajo de Alfredo Fernández, trabajador monotributista con 12 años de antigüedad en el INTI, quien se desempeña en el sector INTI-Salud y Discapacidad, diseñando sillas de ruedas y realizando capacitaciones sobre el tema en escuelas técnicas del país y que cuenta con una discapacidad motriz.

Señor presidente:

Las autoridades del INTI enviaron una carta documento de despido a Alfredo Fernández, trabajador monotributista con 12 años de antigüedad en el Instituto. Alfredo se desempeña en el sector INTI-Salud y Discapacidad, diseñando sillas de ruedas y realizando capacitaciones sobre el tema en escuelas técnicas del país.

Alfredo tiene problemas de salud agudos, lo que lo lleva a utilizar una silla de ruedas y a recurrir al uso de medicamentos de altos costos.

Este despido, al igual que el de Sandra Kaczsmaryk de INTI-Cueros, se da en el marco de la reestructuración del Instituto. El sector de Salud y Discapacidad está siendo desintegrado y a la par se consuma la desvinculación de un trabajador que tenía un contrato renovado por seis meses. Aquí se verifica lo que los trabajadores y su actual comisión interna han denunciado desde el comienzo de este proceso, que la reestructuración implica el cierre de sectores fundamentales, y el ataque sobre los puestos de trabajo y el convenio colectivo.

El despido de Alfredo, como se menciona en la parte resolutiva, viola los derechos establecidos en la Convención sobre los derechos de las Personas con Discapacidad (aprobada en nuestro país mediante la Ley N°26378 y con jerarquía constitucional mediante la Ley N°27044), así como también en la Ley N°25.689, modificatoria del Artículo 8 de la Ley N°22431, que establece un cupo del 4% reservado para personas con discapacidad en el Estado Nacional, de cumplimiento obligatorio para el personal de planta efectiva, para los contratados cualquiera sea la modalidad de contratación y para todas aquellas situaciones en que hubiere tercerización de servicios.

Javier Ibáñez y su staff están llevando al INTI a un vaciamiento histórico. Su único propósito en la dirección del Instituto es desviar cientos de millones de pesos de los fondos públicos hacia sus empresas, y para eso necesitan un INTI militarizado y un hostigamiento permanente sobre sus trabajadores/as.

A un año de que los profesionales, técnicos y auxiliares del INTI protagonizaran una lucha histórica, con 47 días ininterrumpidos de paro total y ocupación en rechazo a los despidos de científicos de larga trayectoria y reconocimiento que fueron víctimas de hostigamiento antes, durante y luego de su desvinculación, se suman los despidos de Alfredo y Sandra, llegando al día de hoy a un total de 266 despedidos.

La persecución política impulsada sobre los trabajadores ya fue ratificada por varios fallos de la Justicia Laboral y se esperan varios otros para después de la feria judicial. Estos fallos ordenaron la reinstalación de trabajadores que apelaron a la instancia legal como otra vía de reclamo, que se suma a la de la organización sindical. El reclamo por las reinstalaciones continúa vigente en el Instituto y han tomado mayor fuerza con el nuevo despido de Sandra y Alfredo.

La política que se implementó en el INTI luego de las desvinculaciones arbitrarias estuvo signada por una militarización del predio, el vaciamiento institucional, la eliminación de líneas de trabajo, el congelamiento de la carrera laboral, la reducción presupuestaria y ahora con el intento de implementar a la fuerza un proceso de reestructuración basada en la privatización de los Centros de Investigación y Desarrollo, y suplida por una estructura de pirámide invertida, donde los cargos gerenciales se multiplican exponencialmente -al punto de crear 11 gerencias y 29 subgerencias, en medio del discurso de austeridad que pretende imponer el gobierno nacional.

Esta política impulsada por el gobierno nacional, que junto a los gobernadores y el FMI han dispuesto que el 20% de los recursos del país se destinen al pago de la deuda fraudulenta y usuraria, ha dispuesto que 750.000 millones de pesos sean sólo para pagar sus intereses, mientras avanzan los despidos, los tarifazos y la caída del salario.

La precarización laboral y los contratos “basura” que han implementado los gobiernos anteriores han sentado las bases para los despidos masivos en el sector estatal con el actual gobierno de Macri.

En la Argentina, ante la rebelión obrera, en oportunidad de votar las leyes contra la jubilación en diciembre último, el gobierno ha postergado la reforma laboral. Ahora pretende imponerla dividiéndola por gremios y despidiendo masivamente a los trabajadores.

Por estos motivos solicitamos a los señores diputados su adhesión a este proyecto de resolución.