Su enérgico repudio a la persecución política, el hostigamiento y el acoso laboral a periodistas denunciado por los trabajadores de la Televisión Pública dependiente de Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado, como así también su preocupación por los hechos de censura y restricción a la libertad de expresión del cual son víctimas los actores políticos, sindicales y sociales a los que se considera opositores y por la manipulación de los contenidos de los servicios informativos del Canal.

Señor presidente:

El 21 de octubre de 2014, trabajadores de la Televisión Pública denunciaron que Carlos Figueroa y Víctor Taricco, funcionarios de la emisora, se dedican a perseguir y atacar a los trabajadores y a sus representantes gremiales. Manifiestan los trabajadores que, además de la persecución política, el hostigamiento y el acoso laboral a periodistas, existe censura y restricción a la libertad de expresión en el propio canal de televisión del Estado Nacional.

Afirman que se utiliza información de índole personal y privada de delegados y trabajadores suministrada a terceros con el objetivo de desprestigiar públicamente a los trabajadores y a sus representantes y denuncian que se utilizan los recursos informativos del Noticiero para tergiversar sus contenidos y ponerlos al servicio de fines político-partidarios, violando la Ley de Medios que deberían respetar.

Además, manifiestan la existencia de censura y limitaciones a la libertad de expresión silenciando las voces opositoras o cercanas al oficialismo y alertan la existencia de órdenes de no cubrir, o editar de manera notas de gran repercusión e interés público, en base al supuesto de que estas perjudican al gobierno nacional.

Estas denuncias, además de vulnerar derechos laborales y gremiales, estarían violando la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual N° 26522 en su Art. 3° inc. a) que establece "La promoción y garantía del libre ejercicio del derecho de toda persona a investigar, buscar, recibir y difundir informaciones, opiniones e ideas, sin censura, en el marco del respeto al Estado de Derecho democrático y los derechos humanos, conforme las obligaciones emergentes de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y demás tratados incorporados o que sean incorporados en el futuro a la Constitución Nacional".

Las denuncias requieren una intervención de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales (AFSCA), para que se cumpla el Art. 34° de la Ley 26522 puesto que los hechos denunciados ameritarían verificar si corresponden sanciones por la falta de garantías para la libre expresión.

También debe expresarse la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, creada por la ley de Servicios de Comunicación Audiovisuales que en el Art. 18 inciso c) está obligada a "Velar por el cumplimiento de las disposiciones referidas a Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado", las que en este caso, podrían ser objeto de distintas violaciones.

Estamos ante un hecho de suma gravedad que vulnera derechos y garantías a través de la manipulación política y censura que se está produciendo en la Televisión Pública. Estos hechos violan, además, La Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos

Por las razones expuestas es que solicito a mis pares acompañen el presente proyecto.