Su más enérgico repudio a las declaraciones vertidas por la Vicepresidenta electa Cristina Fernández de Kirchner contra el Tribunal Oral Federal Número 2, insultando la investidura de los magistrados que lo componen y burlándose, lisa y llanamente, de todo el sistema de justicia, en oportunidad de ser juzgada por liderar una asociación ilícita, evidenciando a través de amenazas, sarcasmo y victimización, desprecio por nuestra democracia y las instituciones republicanas más importantes que la sostienen, brindando un ejemplo desmoralizante a los argentinos de bien que esperan una justicia en la que nadie se encuentre por encima de la ley.

Señor presidente:

Nuestro país ha tenido que sufrir incontables pérdidas humanas para poder recuperar nuestra valiosa democracia. Parece mentira que 36 años después de este hito existan personajes de la política que utilizan el poder del voto popular para sentirse con derecho a amedrentar a quienes tienen el deber de juzgar las evidentes y documentadas desviaciones arbitrarias de fondos pertenecientes al erario público, en favor de amigos del poder.

La falta de respeto de la Sra. Fernández a los miembros del tribunal puede ser visto, claramente, como un punto de partida de lo que este gobierno pretende lograr: sometimiento judicial y colonización final de nuestra justicia con militantes afines. A través de los últimos 4 años, este gobierno saliente agregó herramientas valiosas y legislaciones útiles para luchar contra el crimen organizado. Esto contribuyó a desactivar varios focos de corrupción heredados, formados por empresarios prebendarios de la talla de Lázaro Báez, sindicalistas corruptos devenidos en faraones y otros personajes inescrupulosos que anidaron en la administración pública.

La vicepresidenta actuó con soberbia frente a la justicia que la examina y se convirtió en acusadora de sus jueces, invirtiendo su rol, denunciando una supuesta conspiración, un "plan sistemático" entre "los medios de comunicación hegemónicos" y el "aparato judicial" con el fin de "destruir y demonizar a los gobiernos populares y democráticos" y dañar a sus hijos y manchar su persona. Jamás un funcionario público de ese nivel debería valerse de la prensa para argumentar con lamentables trucos retóricos su supuesta inocencia. Para eso existen los tribunales, los magistrados, los abogados defensores y las garantías constitucionales que permiten a cualquier ciudadano, sin importar su rango, ejercer su legítimo derecho a defenderse en la corte. No podemos permitir que episodios que violenten el orden institucional del país se vuelvan normales y sean inadvertidos.

Por todo lo antes mencionado, y para que nuestros jueces no sean agraviados por nadie, es que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de declaración.