Citar, conforme al artículo 204 del Reglamento de la Honorable Cámara de Diputados, al Sr. Ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Héctor Timerman, a fin de informar a la H. Cámara acerca de la decisión de recurrir ante la Corte Internacional de Justicia, por la permisión de la República Oriental del Uruguay de aumentar la producción a la planta de celulosa de la UPM-Kymmene Corporation sobre el Río Uruguay, y acerca de los pasos a seguir.

Señor presidente:

El Poder Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, ha anunciado que recurrirá una vez más a la Corte Internacional de Justicia en el diferendo mantenido con la República Oriental del Uruguay acerca de la pastera UPM (ex Botnia), situada en la margen oriental del Río Uruguay, compartido por ambos países y regulado por el Estatuto del Río Uruguay.

Esta decisión habría sido tomada luego de que se conociera la noticia de que, recientemente, el Gobierno uruguayo autorizó a UPM el aumento de la producción de celulosa a 1.365.000 toneladas anuales. La empresa ya había solicitado anteriormente otros aumentos, que le fueron concedidos en parte y con carácter provisorio en años anteriores.

Compartimos sin dudas la preocupación de los ciudadanos argentinos potencialmente afectados por la contaminación que emite esta planta de celulosa. Se trata de un asunto de máxima importancia, reconocido como tal en nuestra Constitución (en su artículo 43) y no pocos tratados de Derechos Humanos. Es responsabilidad del Poder Ejecutivo Nacional el velar por la defensa y garantía del derecho a un Medio Ambiente saludable y el derecho a la salud de toda la población.

Sin embargo, nos preocupa que el Poder Ejecutivo haya rechazado la oferta de diálogo transmitida por el Canciller del Uruguay en su carta del 14 de junio pasado. Es sumamente grave que las relaciones bilaterales con un país hermano como el Uruguay estén signadas una vez más por el enfrentamiento, dado que es esta una relación estratégica para la República Argentina, debido a los vínculos históricos de amistad y

hermandad entre nuestras naciones. Sorprende asimismo la imposibilidad de resolver este problema por medios bilaterales, recurriendo a instancias internacionales cuyo proceso de toma de decisión es dilatado y alejado del vínculo político que se espera mantengan dos países tan cercanos como los nuestros.

Cabe recordar que el Poder Ejecutivo ya acudió ante la Corte Internacional de Justicia en relación al mismo tema. El tribunal falló el 20 de abril de 2010 ordenando un monitoreo conjunto del potencial daño ambiental causado por esta planta de celulosa, proceso que ha estado envuelto a su vez en disputas entre ambos gobiernos. Resulta difícil de creer que un nuevo litigio ante esta Corte resuelva las diferencias entre nuestros países que no pudieron resolverse por esta vía en el pasado.

Consideramos importante que el Canciller acuda a informar a este Honorable Congreso acerca de las razones que llevaron a abandonar la vía bilateral para intentar alcanzar un acuerdo sobre este y otros temas no resueltos del vínculo bilateral con Uruguay, y sobre las perspectivas que tiene el Poder Ejecutivo acerca de un nuevo litigio ante la Corte Internacional de Justicia.

Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de Resolución.