Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional que, en forma excepcional a las exigencias de la Ley 26.509, declare el estado de emergencia y desastre agropecuario previsto en esa normativa, para las provincias afectadas por las inundaciones producidas en el curso del año 2015, e implemente en forma urgente, y a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, todas las medidas paliativas y de asistencia allí previstas.

Señor presidente:

Las inundaciones que padecieron varias provincias del centro del país han causado daños todavía inmensurables. Tal vez así sea por siempre, porque hay pérdidas no materiales cuyo valor es imposible determinar.

Dentro de los daños que podríamos reparar los hay de todo tipo: habitacionales, sanitarios, económicos, escolares, hídricos, sociales en general, y productivos.

Debería contarse con algún mecanismo ágil para reaccionar en estos casos, y encontrarse cara a cara con la gente que lo ha sufrido es un enorme incentivo para diseñarlo. Asumo desde aquí el compromiso de hacerlo, y espero poder formular una propuesta eficaz y que reciba los apoyos necesarios para sancionarla.

Pero ya que cualquiera de esas iniciativas demandará los tiempos del proceso legislativo, tenemos la obligación de buscar entre las alternativas vigentes, y en todo caso promover su habilitación.

Contamos con la Ley 26.509, que crea el Sistema Nacional para la prevención y mitigación de emergencias y desastres agropecuarios, que podría cubrir una parte de la problemática planteada.

La declaración de emergencia agropecuaria de la zona afectada es el punto de partida para aplicar los recursos con los que cuenta el Sistema y respecto de lo cual dispone la Ley. Dice que se hará "con delimitación del área territorial, cuando factores de origen climático, meteorológico, telúrico, biológico o físico, que no fueren previsibles o siéndolo fueren inevitables, por su intensidad o carácter extraordinario, afectaren la producción o la capacidad de producción de una región dificultando gravemente la evolución de las actividades agropecuarias y el cumplimiento de las obligaciones crediticias y fiscales".

Las inundaciones de febrero de 2015 han arrasado sembradíos completos y tambos con todos sus animales, dañado todo tipo de emprendimiento de ganadería, cría de cerdos y caprinos, arruinado maquinarias y cercos, todo lo cual genera un daño inmediato, más una pérdida que al tiempo dificultará el pago de impuestos y demás insumos para sostener la línea productiva.

Entendemos que por ello la ley resulta aplicable, pero establece un mecanismo que, como en toda norma, tiene su objetivo, pero que hoy, frente a la urgencia, resuena excesivamente largo. Que los gobiernos provinciales declaren la emergencia agropecuaria -o zona de desastre- (art. 6°), adopten ellos mismos medidas similares (art. 8° in fine), pidan igual decisión a la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios (art. 6° in fine) y que, frente a ese pedido de la Comisión, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca gestione igual declaración del PEN (art. 9°) para que recién ahí, una vez declarada, aquella dependencia DEBA asignar o reasignar recursos de distintos tipo, gestionar ante la Jefatura de Gabinete otros fondos, asistir desde todo punto de vista a los damnificados y coordine la acciones que corresponda con los productores agropecuarios, parece un procedimiento incompatible con las urgencias de los productores. Véase que la última resolución que figura en la página de internet de la Secretaría N° 44/2015, del 4 de marzo de este año resuelve la declaración de emergencia respecto de hechos sucedidos hace casi un año.

Es por ello que por el presente proyecto se solicita al Poder Ejecutivo que, de manera excepcional obvie, sino todos, por lo menos algunos de estos pasos, para que quede expedita la aplicación de la Ley, y así poder acudir en auxilio de nuestra gente a la brevedad posible.

Invito a los Señores Legisladores a acompañar esta iniciativa.