Artículo 1°.- Las editoriales nacionales y extranjeras que se encuentran establecidas en el país, deberán destinar todos los excedentes de publicaciones que no comercialicen, a las bibliotecas públicas y a aquellas bibliotecas privadas pertenecientes a instituciones que existen en todo el territorio nacional, y que se encuentran abiertas a la consulta pública.

Artículo 2°.- Lo establecido en el artículo anterior, se efectivizará mediante un acto de donación, en el caso de que las editoriales dispusieran dejar de comercializar tales excedentes, cualquiera fuese el motivo de tal disposición.

Artículo 3°.- Las empresas editoriales deberán notificar con 90 días de anticipación a la Secretaría de Cultura de la Nación, la fecha del cese en la comercialización de las obras. Dicho organismo tendrá a su cargo el traslado y depósito de los materiales bibliográficos.

Artículo 4°.- Una vez notificada la Secretaría de Cultura de la Nación por parte de las editoriales, respecto de la fecha de cese de la comercialización de obras, deberá aquella adoptar los recaudos necesarios para proceder al retiro de las mismas. En caso de no hacerlo, cesa de pleno derecho la obligación de las empresas de donar los materiales bibliográficos, pudiendo disponer de los mismos a su voluntad.

Artículo 5°.- A los efectos de la distribución del material bibliográfico donado, la Secretaría de Cultura de la Nación, otorgará preferencia a las bibliotecas existentes en las distintas ciudades del interior del país y a las bibliotecas escolares no pudiendo tales materiales volver al circuito comercial. En el caso de los libros destinados a las escuelas públicas, se coordinará con el Ministerio de Educación de la Nación, la mejor forma de su distribución.

Artículo 6°.- El incumplimiento por parte de las empresas editoriales de las normas de la presente Ley, las hará pasibles de las sanciones de suspensión de la actividad comercial, y eventualmente de la clausura temporaria de conformidad con las especificaciones que se fijen en la reglamentación.

Artículo 7°.- La presente Ley deberá ser reglamentada dentro de los 60 días de su publicación en el Boletín Oficial.

Artículo 8°.- De forma.

Señor presidente:

Así como publicar un libro, tiene que ver con un acto de conocimiento, de difusión de ideas, ficciones y propuestas de diversa factura, destruirlo supone abjurar de esos actos y fracturar de alguna manera esa manifestación de cultura, cercenarla, impedir que las ideas se discutan y que las ficciones puedan generar otras y promover todos aquellos interrogantes, que como decía Sábato tienen que ver con el hombre y el devenir de las personas.

El hombre que trasmitió aquello que necesitaba a través de la escritura, también ha sido factor fundamental de su destrucción, a través de fundamentos torpes e irracionales, o simplemente como producto de decisiones políticas que no podían tolerar el cuestionamiento que siempre está implícito en aquellas obras que surgen del pensamiento creativo.

La destrucción de libros no es algo novedoso, ya que pueden recogerse antecedentes antiquísimos en los primitivos reductos de la región mesopotámica de Súmer. Los arqueólogos han desenterrado miles y miles de tablillas de barro, han descubierto bibliotecas casi intactas, tesoros que las arenas devuelven tras haberlos guardado cuarenta siglos. Porque las bibliotecas del área del papiro y del pergamino se destruyeron por el fuego, la humedad o el vandalismo del más devastador de los animales, pero las bibliotecas de arcilla quedaron intactas; así sabemos hoy de las luchas, alegrías, congojas, ideas, ambiciones, fracasos y victorias de los pueblos de los que un día la humanidad llegó a ignorar hasta el nombre, hasta su misma existencia sobre la tierra. Y esas bibliotecas han devuelto obras didácticas, diccionarios de cuneiformes, cartas, mapas, planos de ciudades, tratados científicos, cantares épicos y líricos, cronologías, listas de reyes. Y nos han dado también los famosos cilindros, donde escenas de caza, religiosas, guerreras o simplemente familiares nos acercan a aquella vida pretérita; a veces ilustraciones de viejos textos, a veces independientes, pero siempre llenos de visualidad y sorprendente verismo. Veamos, entonces, cómo eran aquellas bibliotecas.

Al principio fueron una simple dependencia del templo, el zigurat o pirámide escalonada, pero más tarde existieron independientes; las hubo, incluso de propiedad particular. Sobre estantes se colocaban las tablillas de arcilla, repletas de signos cuneiformes. Los grandes poemas requerían varias de ellas: once la epopeya de Guilgamesh (aparte de una tablilla incorporada, ésta en texto sumerio); siete el poema de Marduk o "Enuma elish". Generalmente estos libros estaban encerrados entre tapas, también de arcilla. Asimismo había rollos de papiros, provenientes de la conquista de Egipto por los asirios, pero ellos fueron destruidos por el fuego o el tiempo.

Las bibliotecas eran ricas; alguna, como la de Nínive, alcanzó la cifra de 25000 tablillas y para hallarlas en los estantes tenían los bibliotecarios sus catálogos, con entradas casi exclusivamente por títulos. Las guerras, y muchas depredaciones de los invasores terminaron con un patrimonio rico de que hoy no quedan rastros, con excepción de algunos pocos testimonios en los museos de Europa.

Las guerras y los criterios políticos absolutistas determinaron desde la quema de manuscritos en Constantinopla hasta la destrucción de códices prehispánicos, llegándose hasta la demencia del régimen nazista en cuyas grandes hogueras se destruyeron obras memorables, como también ocurrió en Serbia en 1993 y más recientemente con la destrucción de invalorables obras existentes en la bibliotecas de Irak cuando la invasión de los Estados Unidos a ese país. En el caso de la Argentina, es conocido lo que ocurrió durante la dictadura, donde se quemaron miles de libros, producto del irracional dogmatismo de los inquisidores del régimen.

Desde las interpretaciones psicoanalíticas que hablan de los significados de la destrucción de los libros, hasta las razones crematísticas de los empresarios, existe una amplia franja interpretativa sobre los daños que causa ese cercenamiento bibliográfico. Si bien estos fundamentos no tienen que ver con una discusión que escapa al objetivo, no podemos dejar de señalar los antecedentes citados como un ejemplo de actitudes dañosas que han afectado en grado sumo a la cultura de los pueblos.

Pero en la modernidad, esa actitud dañosa se refleja en criterios estrictamente comerciales, donde priman los intereses de las editoriales y en muchos casos el de los autores. Salvo excepciones, la mayoría de las editoriales destruyen aquellos libros que no se venden o que han dejado de cubrir las expectativas de ventas futuras. Cuando las obras han dejado de ser novedad, y se siguen quedando en los estantes de las librerías, la política editorial es retirarlos de circulación y destruirlos o venderlos como material de deshecho. Como contrapartida a ello en nuestro país existen cientos de bibliotecas públicas en todo el territorio nacional, que carecen de materiales por razones de presupuesto, y exhiben un pobre repertorio bibliográfico que no alcanza a satisfacer a los consultantes. A estos se suma que las editoriales no quieren donarlos, porque estiman muy costoso el almacenamiento y el trabajo que insumiría su distribución tal como surge de varios testimonios publicados en el matutino Clarín del día 23 de septiembre del corriente año.

Entendemos que no puede aceptarse en modo alguno, que esos instrumentos fundamentales de la cultura que son los libros sean destruidos, pero también somos conscientes que no podemos decidir sobre cuestiones inherentes a empresas privadas, que supuestamente verían afectadas su rentabilidad, si tuvieran que hacerse cargo de aquellos excedentes bibliográficos que no tienen manera alguna de colocar. En razón de tal circunstancia, creemos que la solución buscada en el proyecto, evita todo perjuicio económico a las editoriales, y por otro lado contribuye a enriquecer el patrimonio de nuestras bibliotecas, que son herramientas fundamentales del conocimiento.

Dado que los libros están exentos del Impuesto al Valor Agregado, recibiendo un beneficio, que contribuye a la difusión de las producciones culturales, resulta importante, que las editoriales, sin verse económicamente perjudicadas, contribuyan con su aporte al enriquecimiento del acervo de las bibliotecas públicas del país y de aquellas bibliotecas que sin serlo, pertenecen a organizaciones no gubernamentales y se encuentran abiertas a la consulta de los interesados en sus materiales. Tampoco existe perjuicio alguno que se ocasione a los autores en la normativa propuesta, ya que sus obras se incorporarán a las bibliotecas para lectura de todos, sin que exista la posibilidad que vuelvan de alguna manera a los circuitos comerciales de donde ha sido su voluntad sacarlas.

En razón de los fundamentos expuestos, solicito a mis pares se sirvan acompañar este Proyecto de Ley